El Gobierno Nacional dió el puntapié e ingresó esta semana el proyecto de Reforma Electoral, pero a la par otras Prrovincias impulsan sus proyectos. La normativa de Ficha Limpia ya es ley vigente en al menos ocho provincias: Chubut, Mendoza, Salta, Jujuy, San Juan, Santa Fe, Río Negro y Santiago del Estero
La iniciativa del gobierno de Milei propone eliminar las PASO, que ya habían sido suspendidas en 2023, e incorpora el criterio de Ficha Limpia, que impide que las personas con condena confirmada en segunda instancia sean candidatas.
También desregula el financiamiento de campañas: elimina los aportes del Estado, quita límites de gastos y aumenta el tope de aportes de privados.
Entre otros cambios, propone eliminar el debate presidencial obligatorio, modificar la boleta única y reducir las restricciones para difundir encuestas durante la veda.
Otras provincias avanzan con reformas
Mientras Nación avanza con su pyoyecto, la normativa de Ficha Limpia ya es ley -aunque siempre bajo lupa de vigencia- en al menos ocho provincias: Chubut, Mendoza, Salta, Jujuy, San Juan, Santa Fe, Río Negro y Santiago del Estero. A estos distritos ahora se suman otras tres provincias que debaten sus propias reformas y proyectos:
Salta
La Cámara de Diputados de Salta otorgó media sanción a la reforma electoral impulsada por el gobernador Gustavo Sáenz, en una sesión marcada por el fuerte cruce entre oficialismo y oposición.
El proyecto que permitirá que distintas listas compitan dentro de un mismo frente y luego sus votos se sumen para disputar bancas frente a otras alianzas o partidos, fue defendido por la diputada oficialista Socorro Villamayor, quien aseguró que la reforma busca «simplificar el proceso electoral, ampliar la participación política y adaptar la normativa a prácticas que ya se vienen aplicando».
La iniciativa oficial elimina el piso del 5% que limitaba el acceso de fuerzas pequeñas a cargos legislativos, por lo que las fuerzas con menor estructura podrán participar sin esa barrera previa, siempre que cumplan los requisitos legales establecidos.
Narcotest obligatorio
Otro punto que generó controversia fue la incorporación del narcotest obligatorio para quienes se postulen a cargos electivos.
Según el texto aprobado, con la reforma se establecen estudios toxicológicos como condición para competir, en el marco de criterios de transparencia e idoneidad. En los próximos días la propuesta ingresará en su etapa decisiva cuando sea tratada por el Senado local, en donde el oficialismo también cuenta con mayoría absoluta.
Tucumán
En Tucumán, el proyecto de Ficha Limpia también avanza con fuerza en la Legislatura provincial. El vicegobernador Miguel Acevedo, a cargo del Poder Ejecutivo, encabezó una reunión en Presidencia de la Legislatura con los presidentes de los distintos bloques políticos para definir la agenda legislativa y acelerar el tratamiento de la iniciativa.
La iniciativa del Poder Ejecutivo propone inhabilitar a personas con condenas confirmadas en segunda instancia para ocupar cargos públicos -tanto electivos como por designación-, abarcando delitos de corrupción, narcotráfico, delitos contra la vida, la integridad sexual y deudores alimentarios morosos. El proyecto también prevé la creación de un Registro Público Provincial de Ficha Limpia y un mecanismo de impugnación ciudadana.
San Luis
En San Luis, el legislador Martín D’Alessandro presentó un nuevo proyecto de Ficha Limpia que busca establecer restricciones para quienes tengan condenas en la Justicia, sumándose a la ola provincial que busca blindar los cargos públicos de personas con antecedentes penales graves.
La normativa de Ficha Limpia ya es ley vigente en al menos ocho provincias: Chubut, Mendoza, Salta, Jujuy, San Juan, Santa Fe, Río Negro y Santiago del Estero
A nivel nacional el debate también cobra impulso: tras el fracaso de 2025, la oposición presentó cuatro nuevos proyectos en el Congreso, impulsados por legisladores como Gisela Scaglia, Karina Banfi y Martín Goerling, que apuntan a establecer la inhabilitación con condenas confirmadas en segunda instancia por delitos de corrupción, terrorismo, trata de personas y narcotráfico, entre otros.
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