12 agosto, 2020
La jueza Ivana González postergó hasta mañana su resolución sobre la apertura de investigación y el encuadre como “causa compleja” de la denuncia realizada por el Ministerio Público Fiscal contra la exministra de Familia Cecilia Torres Otarola y doce personas más por fraude a la Administración Pública. Ahora el debate pasa en principio por la carátula del proceso.
El fiscal Omar Rodríguez tuvo a su cargo la lectura de los hechos por los cuales se busca llevar a juicio a la ex ministra de Desarrollo Social, Cecilia Torres Otarola, por los presuntos delitos de fraude a la administración pública como autora en 10 hechos y en concusión en 3 hechos, además de incumplimiento de los deberes del funcionario público. Mientras que otras 12 personas fueron imputadas por fraude a la administración pública.
Al momento de describir los hechos el fiscal general dijo en la audiencia de apertura de investigación que la ex diputada provincial y ministro de familia Cecilia Torres Otarola, “obligaba al resto de los imputados a dejar sus sueldos en provecho propio”. La audiencia se inició en la mañana de este martes y los abogados defensores cuestionaron algunos de sus términos por lo que la jueza de garantías Ivana González se tomó algunas horas para analizar su resolución.
La maniobra de estafa investigada presume una red de vínculos entre familiares y amigos cercanos a la ex ministra, algunos de ellos con acción directa en el delito y otros “designados” que no intervinieron de hecho pero que si recibieron los “salarios” dispuestos a sus funciones.
Tras la investigación se resume que todos actuaron de manera coordinada, cumpliendo distintos roles. La ex ministra firmó decretos de designación de los funcionarios, en función de “una aparente idoneidad invocada”, dice la acusación.
Otarola, a quien se sindica como ideóloga y artífice, habría concretado la estafa no solo en términos monetarios sino también en la “confianza” de otros funcionarios del Estado que, atendiendo las peticiones de la titular de la cartera de Desarrollo Social, efectuaron los pagos a personas que no cumplían contraprestación, llevando a cabo una disposición patrimonial perjudicial para sus arcas públicas, consumándose así la maniobra estafatoria”, según indica la causa.
Afirma el fiscal que “Cecilia Torres Otarola antes de asumir en el cargo de diputada provincial en diciembre del año 2015, poseía un comercio denominado 5mentarios, el cual se encontraba ubicado en la ciudad de Esquel”.
A partir del año 2014 hasta su asunción como diputada “empleó en dicho comercio a Silvana Adriana Cañumil. Posteriormente, ya como diputada provincial, gestionó y logró el ingreso a la casa de las leyes, en el cargo de empleada administrativa y luego en el cargo de asistente de bloque, hasta el 12 de diciembre del año 2019”.
Si bien Cañumil, figuraba en los papeles prestando funciones en la Legislatura Provincial “en los hechos cumplía funciones de niñera a cargo de los hijos menores de edad de la diputada”.
“Cañumil vivía en la casa de la diputada, en la ciudad de Esquel, y de esa forma cumplía con las funciones delegadas que precisamente era de cuidar a los hijos de Otarola”.
Por otra parte, en oportunidad del ejercicio como diputada provincial, Cecilia Torres Otarola, “gestionó y concretó el ingreso a la Legislatura Provincial, de Jaquelina Rodera, quien luego asumió como subsecretaria del Ministerio de
Desarrollo y Familia, -con quien la unía un estrecho vínculo de amistad- y el esposo de ésta última, Marcelo Neira, quien también ocupó el cargo de director de Políticas Sociales. Asimismo, gestionó un contrato de Locación de Obra, respecto del hijo de los nombrados, Branco Rodero Neira, para que cumpliera funciones en la Legislatura provincial”.
Otarola gestionó la incorporación de distintas personas ya en la Legislatura, según Fiscalía. “En 2017 ingresó a prestar servicios Alexis Ganga, luego Érica Paludi, y Martín Sandoval. A las tres personas mencionadas la diputada
Otarola obligaba a dejar parte de su sueldo en provecho propio. Para ello, dichas personas al momento de cobrar sus haberes mensuales debían entregar un porcentaje elevado de su sueldo a Silvana Cañumil, quien era la encargada de llevar a cabo la recaudación”.
La operación aludida “se hacía por medio de transferencias bancarias. Cañumil una vez que se hacía del dinero lo giraba a las cuentas de Torres Otalora, que poseía en el Banco de la Provincia de Chubut, y Banco de la Nación Argentina”.
Afirmó en el relato que “Este modus operandi va a sufrir cierta modificación al momento que Otarola dejó el cargo de diputada provincial, para pasar a ocupar un cargo en el Ejecutivo, como ministra de Desarrollo Social y Familia”, precisó el MPF.
A partir de ese momento, en diciembre de año 2019, “Otarola va a emprender un rol activo en el nombramiento de un grupo de personas cercanos a ella, como lo son la familia Rodera-Neira, los cuales en su mayoría cobrará un haber mensual sin prestar ningún tipo de contraprestación. Dicho grupo se puede diferenciar de otro, que ocupan cargos que no tienen vínculo estrecho con Otarola, y de alguna manera servían para nutrir los intereses espurios de la nombrada”.
Fue así, que ya en el cargo de ministra, “gestionó y logró el nombramiento de Jaquelina Rodera, amiga personal, designada en el cargo de Subsecretaria de Desarrollo Social; el esposo de ésta, Marcelo Neira, en el cargo de Director de Políticas Sociales; Mara Rodera, hermana de Jaquelina, en el cargo de Directora de Control de Auditoría y Compras; Facundo Solari Rodera, sobrino de la Subsecretaria, en el cargo de Director General; Raúl Rodera, -hermano de Jaquelina- en el cargo de secretario de la ministro; Silvana Cañumil en el cargo con rango de subsecretaria; Carlos Antonio Cundari, secretario privado de Jaquelina Rodera, y Miguel Reto, en el cargo de director general”.
Según el relato del fiscal “Facundo Andrés Jofré el día 07/05/20, realiza una transferencia dineraria de $ 75.000 al CUIL perteneciente a Pamela Matamala. A su vez, según los informes remitidos del Banco de Chubut, Pamela Matamala le realizó transferencias bancarias a la cuenta de Silvana Cañumil, que posee en el mencionado Banco, los días 24/04/20 por un monto de $ 87,816, y el día 07/05/20, por un monto de $ 84.216”.
Por su parte Silvana Cañumil le hace una transferencia a Torres Otarola a una cuenta de su titularidad, “el 27/04/2020, por un monto de $ 100.000. Asimismo, con fecha 4/5/20 la nombrada Cañumil le hace una transferencia a Torres Otarola, a la cuenta sueldo de la última nombrada, un monto de $ 78.656,82”.
El día 8 de junio de este año, “Cañumil le efectúa una transferencia bancaria a Jaquelina Rodera por un monto de $ 50.000, y nuevamente a Torres Otarola, a la cuenta del Banco Nación, un monto de $ 100.000 el día 8/6/20”.
“También hay que poner de resalto las transferencias entre Mauro Sebastián Valenzuela, -pareja de Silvana Cañumil-, y Cecilia Torres Otarola. En fecha 13/02/2020, le transfirió Otarola a Valenzuela un monto de $ 10.000. A su vez el 14/3/2020, nuevamente Otarola le transfiere al nombrado $ 15.000”.
“A esta altura, cabe destacar que en el período comprendido entre los años 2016 y 2020, Silvana Cañumil le realizó transferencias bancarias a Cecilia Torres Otarola, por un monto superior aproximadamente al millón quinientos mil pesos”.
Por su parte, Miguel Reto el 3 de junio “realiza una extracción de 50.000 pesos en efectivo, para luego hacerle un depósito por ese monto a Silvana Cañumil, en la misma fecha”.
En total son trece las personas involucradas. Según el pedido de apertura de investigación, se acusa a Torres Otarola con domicilio fijado en Playa Unión; Jaquelina Rodera, Marcelo Neira, Facundo Solari Rodera, Mara Rodera, Branco Rodera Neira, Carlos Antonio Cundari y Miguel Angel Reto Trelles, todos domiciliados en Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Silvana Adriana Cañumil, con domicilio en Rawson, y Pamela Matamala, Facundo Andrés Jofré, Patricia Claudina Antonio y Alberto Gilardino, de Trelew.
Luego de los cuestionamientos por parte de los abogados defensores en la consideración de “causa compleja”, lo que le daría más tiempo a la Fiscalía para investigar, ahora Resta aguardar cuál será mañana la decisión de la jueza Ivana González en un nuevo entramado delictual que impacta sobre la administración pública provincial.
*MPF, NA
