15 enero, 2025
La obra social de los trabajadores rurales enfrenta 21 casos judicializados por cortes en servicios y medicamentos, con denuncias penales en varias provincias por incumplimientos graves.
Van a cumplirse tres meses desde que la Superintendencia de Servicios de Salud intervino OSPRERA.
Desde entonces, se acumulan denuncias por cortes en los servicios prestacionales, interrupciones en la entrega de medicamentos, tanto ambulatorios como oncológicos y de alto costo, agravando patologías existentes y estadíos de enfermedades en pacientes con cuadros severos, configurándose un verdadero abandono de las familias rurales.
Hay 21 casos que llegaron a la Justicia y hoy tienen amparos incumplidos. Cuatro de ellos llegaron hasta la instancia penal porque la obra social desobedeció las demandas judiciales.
Los casos judicializados se extienden a lo largo y ancho del país. En la provincia de Buenos Aires, hay casos en Junín, Necochea, Mar del Plata, Bahía Blanca y San Nicolás, con intimaciones a la intervención de la obra social para cumplir con medicación y tratamientos. En San Nicolás, incluso se inició una causa penal por desobediencia por parte de la obra social a la demanda judicial que le exigía restituir medicación.
En Santa Fe, hay dos casos con sentencia incumplida, uno por falta de medicación y tratamiento por discapacidad y el otro por una paciente que necesita cirugía y una prótesis. En Córdoba, hay casos en la ciudad de Córdoba, Villa María y Río Cuarto. Este último también derivó en una denuncia penal, por un paciente que está esperando una prótesis para una cirugía de cadera por necrosis avascular bilateral.
En Entre Ríos, hay un caso judicializado en Concordia. En Río Negro hay un caso en General Roca y en Salta hay un caso que derivó en denuncia penal por una menor de edad que tiene cáncer y a quien le interrumpieron su tratamiento oncológico. Por último, en Tucumán, hay cuatro casos, uno que alcanzó la instancia penal.
