18 junio, 2020
A SEIS MESES DE GOBIERNO, LA PRIMERA GUERRA
Por Ignacio Zuleta
Desatar una crisis que se suma a las desgracias encadenadas ─la económica y la sanitaria ─le sirve para despachar la competencia por el liderazgo dentro del oficialismo.
El gobierno está a cargo de una coalición del peronismo que tiene en el Presidente su eslabón más débil, que debe arbitrar en la puja entre el peronismo del interior, los grandes distritos como Santa Fe y Córdoba, y el peronismo metropolitano de los Fernández (Alberto, Cristina) y Sergio Massa. Discutir liderazgo no es una fría de vanidades. Es la necesidad de una fuerza dividida, que por no remediarlo antes se pasó 10 años ─2009-2019─ perdiendo elecciones.
A un año del cierre de listas para las PASO 2021, hay intendentes que están a un voto de perder sus puestos y que preguntan con quién hay que hablar, si con Olivos, con el Patria, con Massa o con Pichetto, que está de nuevo en carrera.
En el mundo de los negocios, preguntan lo mismo: ¿con quién hay que hablar? Temen aparecer en la foto equivocada y es razonable que se dispute quién manda.
Poner a la fuerza a discutir cuán beneficioso es hacerse cargo de Vicentin, sus gastos, sus deudas, arrastra al conjunto a una batalla ideológica que tiene el mismo sentido que ese proyecto, de incierto destino, de crear un impuesto a las grandes fortunas.
Este tributo, si llega a ser aprobado, no resolverá ninguna de las urgencias patrias, como tampoco las solucionó otro globo echado al aire por el gobierno, como es la reforma de las jubilaciones de los jueces. Y si llega a producir alguno, ocurrirá cuando el mandato de Alberto Fernández vaya terminando.
Cualquier salida que le encuentren a la comedia de Vicentin rendirá sus frutos, si lo hace – se están comprando activos, pero también pasivos – recién en algunos años, pero habrá servido, como el impuesto a los ricos y las jubilaciones a los jueces, para blindar liderazgos y marcar las diferencias entre amigos y enemigos dentro del peronismo.
Hacia afuera, es un intento de arrinconar a la oposición en el bando de los malos que defienden a los ricos, y exaltar a los propios como los adalides de la igualdad. Es un clásico: importa la pelea, su estética y su ética, pero no el fondo de lo que se discute. El caso es de interés particular del peronismo; y no está probado que corra en beneficio del interés público.
El envión se suma a la réplica que intenta el gobierno a las campañas que dicen haber sufrido en el anterior gobierno. Cristina, arrinconada por la justicia por denuncias y procesos por presunta asociación ilícita, da vuelta esa acusación y le reprocha lo mismo a Macri. (…)
Esta jarana se alimenta de frivolidad, porque las causas por asociación ilícita a gobiernos han sido descalificadas por la Suprema Corte. Un gobierno no se integra para delinquir -dijo- cuando a Carlos Menem lo acusaron por esa figura en el caso armas, y esa carátula requiere el concierto de personas para delinquir indiscriminadamente. Fue indemostrable en el caso Menem, y seguramente lo será en el de Cristina, que se lo arroja ahora a Macri sabiendo que es más un insulto que una calificación jurídica.
Debilitada por la necesidad de limpiar su situación judicial, la vicepresidente aporta los argumentos para convertir el caso Vicentin de una causa penal en una batalla ideológica, que descalifica los dichos y los hechos de su presidente. Alberto dice que no cree en expropiaciones, pero Oscar Parrilli lanzó el el debate para crear una comisión bicameral que examine las crudezas del caso. Y expropiar.
El peronismo pejotista mira estos movimientos con melancolía y toma distancia de la revolución. Este proyecto nace del impulso de un ceteísta como Claudio Lozano, como el del impuesto a los ricos se lo atribuyen al comunistoide Carlos Heller.
Los gobernadores Perotti y Schiaretti tiene un compromiso con los sectores del campo que se han manifestados heridos por el proyecto que empujan estos primos políticos. Sergio Massa se ha cansado de filtrar una posición crítica para diferenciarse de Olivos y del Patria. Los aliados del peronismo informal, como Roberto Lavagna y los legisladores que le responden, lo rechazan. Para cerrar el panorama de complicaciones, el sindicalismo mira esto como gesto fiero.
En La Bancaria creen que el proyecto esconde la intención de remover a funcionarios de la línea profesional del Banco, y el gremio está dispuesto a defenderlos ante el reproche que son responsables del sobreendeudamiento del grupo. (…) Estos argumentos los acerca al gobierno la directiva de la Bancaria. Por su lado, una minuta de Javier González Fraga en defensa de su actuación agrega que “No hay que descartar que atrás de todo este repentino cuestionamiento y denuncias malintencionadas de “irregularidades”, haya una doble intencionalidad política.
Obviamente apunta a desprestigiar la gestión anterior, pero también a descabezar la cúpula gerencial del BNA, y quizás con alguna intencionalidad de desplazar su cúpula sindical».
La denuncia madre es un documento que firma Claudio Lozano, un dirigente de la CTA, que tiene un juego gremial aparte de La Bancaria. La fecha del informe es 16 de enero de este año, el mismo día cuando se conoció su propia designación como director del Banco. O sea que estaba escrito antes de asumir, desde afuera de la institución. (…)
El interés de llevar un caso penal como Vicentin al terreno ideológico es claro: el cristinismo que anida en el Senado tiene que hacer músculo en un momento de extrema debilidad. El jueves pasado, por segunda vez en 7 días, la oposición retiró 29 senadores, en rechazo de tratamiento de proyectos del oficialismo que no tienen relación con la peste, que es la condición que justifica el sistema de sesiones virtuales.
Quedó en evidencia que el peronismo está lejos de los 2/3 de los votos para proyectos de cambio estructural, como los que propone la fracción que lidera Cristina ─por ejemplo, la designación de Daniel Rafecas o la creación de una comisión investigadora para el caso Vicentin, que también necesita 2/3 de los votos de esa Cámara─.
Para que pueda crearse, Parrilli propuso que sea una bicameral, porque así se aprueba con mayoría simple, ya que el requisito de la mayoría especial lo tiene el Senado, pero no Diputados.
Esta repetición del retiro de la sesión por parte de la oposición es una derrota de Cristina. Debió evitar que se produjera por segunda vez. Hubiera podido negociar o, en todo caso, suspender la sesión, para evitar que quedase en evidencia su debilidad, que consiste en que una oposición con muy pocas bancas sostenga con firmeza su rechazo al sistema de las sesiones virtuales.
Este formato ha quedado herido, y se suman reproches. El más estridente fue el de la senadora por Mendoza Pamela Verasay, quien se quejó en la sesión de que una semana antes no pudiera conectarse: “No me podían ver, pero me hacían figurar como presente. Me prestaron un código y voté no con mi nombre”. Las leyes que se voten con tan frágil sistema podrán merecer cuestionamientos en la justicia.
En el tridente oficialista Cristina necesita recuperar tantos, porque no está cumpliendo con su parte en la tarea colectiva, que es asegurar un Senado que vote proyectos de fondo como los que necesitan 2/3 de los votos. A ella le tocaba esa misión y le cuesta mucho lograrlo. Privilegia pelearse con sus adversarios, cuando la tarea básica de un legislador es construir consensos. Y el Senado no es un escenario para gestos testimoniales. Por eso se enoja y enoja a su entorno. (…)
Nota completa http://www.notiar.com.ar/index.php/politica/102108-el-caso-vicentin-una-necesidad-para-el-peronismo-por-ignacio-zuleta
