Dos puntos de un combo sobre el que muchos gobernadores ya están trabajando a través de proyectos de sus representantes en el Senado, aprovechando el presente de fractura e incertidumbre en torno al futuro de la coalición de gobierno.
De esos temas los gobernadores hablaron el lunes último en una reunión que hicieron en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), en el microcentro porteño, el búnker habitual de los mandatarios cuando quieren hablar en secreto (y no tanto).
Hasta allí fueron los jefes provinciales Sergio Ziliotto (La Pampa), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Sergio Uñac (San Juan), Ricardo Quintela (La Rioja), Raúl Jalil (Catamarca), Alberto Rodríguez Saá (San Luis) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego), en la continuidad de una serie de encuentros que vienen haciendo en esa sede y que se incrementaron en las últimas semanas por la crisis política del Gobierno.
Para los gobernadores es “vergonzosa” la distribución desigual de subsidios para el transporte público, en un mapa en el que, hoy, del 100% de esos subsidios, el 85% queda en el AMBA y el resto se distribuye en el resto de las provincias.
Una situación que, en boca de los representantes del interior, “no resiste el menor análisis”. “Esa diferencia hace que el AMBA tenga 18 pesos de boleto, y nosotros 60, 50 o 44 pesos, dependiendo la provincia”, señaló a A24.com uno de los referentes legislativos del norte.
Desde el interior se quejan de que esa ecuación desigual genera conflictos con el sector del transporte como el paro de la UTA de la semana pasada, que se hizo en todo el país con excepción del AMBA. Los choferes del interior reclamaban mejoras salariales que las empresas decían no poder otorgar por no tener la compensación en materia de subsidios que hay en Capital y Gran Buenos Aires.
Aprovechando el río revuelto en el Congreso, los senadores José Uñac (hermano del gobernador), Cristina del Carmen López Valverde y Pablo Yedlin presentaron un proyecto que busca reducir esas desigualdades a través de la creación de un fondo que distribuya los subsidios según la magnitud del transporte público de cada territorio, la cantidad de choferes, recorridos y otros ítems.
En esa misma línea presentó otro proyecto la senadora peronista Alejandra Vigo, esposa del gobernador cordobés Juan Schiaretti.
En el Senado no descartan que ambos proyectos puedan juntarse e incluso adelantan que “van a ir con todo”. “Más que oposición versus oficialismo, esto es AMBA versus el resto del país”, resumen desde uno de esos sectores.
La energía
El segundo punto es la energía, por la que en el interior se paga tres veces más cara en el AMBA. Si bien los subsidios al valor de producción y transporte son similares en casi todas las regiones, la Capital y alrededores se ve beneficiados porque las empresas energéticas cobran mucho menos a sus usuarios a partir de varias situaciones favorables como la deuda que mantienen con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista (Camesa), que es la encargada de operar en el mercado eléctrico del país.
También el interior paga más por el transporte de energía a raíz de que el “kilómetro 0” para esa medición se ubica en el Obelisco. Ergo: cuanto más cerca se está del centro de la ciudad de Buenos Aires, menos se paga por el traslado de luz y gas.
“Es insólito y es inaceptable”, se escucha decir entre los gobernadores y sus representantes. Aunque en este último punto haya quizás menos empuje que con los proyectos sobre los subsidios del transporte.
El reclamo por la Corte Suprema, otro tema
Pero los gobernadores peronistas tienen otro reclamo que sí los pone en la misma vereda que la Casa Rosada: el planteo para que la Corte Suprema amplíe sus miembros y tenga un enfoque “federal”.
De fondo está el diferendo entre la Nación y la ciudad de Buenos Aires por los puntos de coparticipación que Alberto le quitó a la Capital para sofocar el levantamiento policial bonaerense de 2020, con el argumento de que correspondían a un partida que Mauricio Macri había transferido al distrito porteño en 2015, apenas asumida su presidencia.
Son dos puntos de coparticipación más que por entonces Macri le envió al jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta para el traspaso de la Policía Federal a la órbita de la ciudad, una medida que hizo crecer los recursos que recibía el distrito porteño de 1,4% a 3,75%. Hasta que Alberto, con el reclamo policial en la puerta de Olivos, retrotrajo por decreto la coparticipación de la Capital al 1,4% anterior.
En la reunión del CFI del lunes los gobernadores redactaron un documento con 16 firmas en el que se comprometieron a presentar en el Congreso un proyecto de ampliación de la Corte, que es el tribunal que en estos momentos tiene pendiente de resolución el conflicto entre la Casa Rosada y la administración de Larreta.
En plan presidencial, Larreta ya salió a avisarle a los porteños que, si la Corte fallara a favor de la Ciudad, eso generaría una baja en los impuestos que pagan los porteños. Difícil, en estos tiempos, prometer que algo va a bajar de precio.
“Hemos decidido elaborar un proyecto para nueva conformación de la Corte Suprema que contemple los proyectos ya presentados, muchos de los cuales han tomado estado público y parlamentario», señalaron los gobernadores en el documento, en el que definieron que buscan un máximo tribunal “más moderno, eficaz, acorde a las mejores experiencias internacionales y, principalmente, que tenga un verdadero carácter federal».
Firmaron Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Osvaldo Jaldo (Tucmán), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Jorge Capitanich (Chaco), Oscar Herrera Ahuad (Misiones) y Mariano Arcioni (Chubut), además de los ya mencionados Quintela, Jalil, Rodríguez Saá, Zamora, Melella, Uñac y Ziliotto.
Desde esa cofradía señalaron a A24.com que el objetivo de los gobernadores que en la Corte Suprema haya “uno o dos representantes por provincia” y avanzar, de esa manera, en un tribunal “grande”, a diferencia de los cuatro integrantes actuales. La Casa Rosada y el kirchnerismo también buscan ampliar el número y licuar el poder de los actuales ministros. Match.
“También lo hacemos porqie es una respuesta política a la Corte por lo que hicieron con el Consejo de la Magistratura”, blanqueó ante este portal uno de los involucrados en el proyecto. Los peronistas del interior todavía cuestionan el fallo del máximo tribunal que ordenó modificar la composición de aquel cuerpo para que el propio Horacio Rosatti, presidente supremo, quedara al frente del organismo.
