28 marzo, 2021
Por Fernanda Lara
Un solo día consumió buena parte de un proceso de ocupación del territorio que contiene, en tensión, las formas tradicionales de relación con la tierra, la urbanización voraz de un valle de montaña y la matriz forestal parasitaria.
Un solo día, el 9 de marzo, el incendio en las localidades de Lago Puelo y El Hoyo de Epuyén inició un proceso que involucra de distinta manera a unas 24.000 personas viviendo en 46.000 hectáreas, la totalidad de la población local en todo su espacio territorial.
El incendio de Cerro Radal y paraje Golondrinas afectó a casi 14.000 hectáreas en pocas horas, incluyendo islas interiores sin quemar. Durante la temporada 2014/15 en el noroeste de la provincia de Chubut ocurrieron grandes incendios que, en conjunto, abarcaron más de 42.000 hectáreas. Pero el que todavía no se apaga totalmente es el primero en la Patagonia que afecta masivamente población en medio de bosque nativo y plantaciones de tipo industrial.
Los estados municipales de Puelo y El Hoyo son chicos en presupuesto y poder real, con gobiernos locales no alineados con el provincial, sumido a su vez en la deuda y su propia crisis de gobernabilidad. Los problemas estructurales del modelo urbanizador estallaron de raíz: la ocupación irregular de la tierra, la falta de infraestructura de servicios básicos (electricidad, agua potable, cloacas), la especulación inmobiliaria con tierras forestadas y abandonadas, el vaciamiento y falta de inversión de servicios públicos provinciales (salud y obras públicas), el deterioro del salario del empleado público. Todos los sectores sociales y políticos –con distintas condiciones e intereses– se enfrentan a la necesidad de encauzar la crisis sin que los devore la coyuntura.
La reconstrucción de los barrios y de la zona de chacras corre contra reloj con el comienzo del período de lluvias intensas y las bajas temperaturas. Resta, además, ver el comportamiento de los suelos afectados y la capa de ceniza acumulada, con riesgos de deslizamientos. Ya son prácticamente intransitables los caminos y calles de algunas zonas de faldeo de montaña, a los que sólo se accede en vehículos 4×4. La destrucción provocada por el incendio pone a toda la población en riesgo de una crisis sanitaria, advirtió una fuente del sistema público de salud. La última semana, los trabajadores del sistema provincial de combate contra incendios marcharon por la falta de insumos básicos y los retrasos salariales, en tanto que los empleados de Obras y Servicios Públicos hicieron medidas de fuerza por las mismas razones. El compromiso de los estatales no alcanza, sin los recursos para la reconstrucción de las condiciones básicas de las familias afectadas.
La pequeña villa turística ubicada sobre la cabecera del lago Puelo fue la plataforma para la urbanización de tierras rurales hacia el noreste hasta unirse con El Bolsón. A la vez, por décadas, el paraje Golondrina fue zona de chacras extraprovincial de El Bolsón, hasta que sobre la ruta 40 al sur la vida tomó forma urbana. Una alta movilidad económica y de población se articuló sobre el paralelo 42, ampliando su radio hasta El Maitén al este y Epuyén y Cholila al sur.
La frontera inmobiliaria avanzó sobre esta zona con urbanizaciones como el loteo Bellavista, ahora quemado. El modelo extractivista venía de antes, con la forestación con exóticas.
Ahora el fuego afectó a unas 1.400 hectáreas de las 4.500 que tiene el ejido municipal de Lago Puelo, según un informe ofrecido desde el Ejecutivo local. En ese espacio, 511 familias afectadas con diferente nivel de pérdidas. Unas 400 hectáreas de producción primaria (frutales, frutas finas, hortalizas, trigo y papa orgánicos) de 49 productores, algunas con hasta cien años de trabajo. Un pequeño viñedo, una fábrica de dulce, el taller de un luthiers con la madera estacionada, el depósito de una editorial independiente, un estudio de grabación profesional, muchas cabañas de alquiler turístico, la base material de la economía local.
El 77% de las viviendas, galpones y talleres sufrieron pérdidas totales. Así ocurrió en Eco Aldea y Bosques al sur; sólo se salvaron dos en El Pinar. Todas esas son ocupaciones en tierras provinciales, regularización que tratará recién ahora la Legislatura provincial. Es prácticamente total la destrucción en esos predios de la infraestructura del servicio eléctrico y de agua, por lo que la asistencia incluye combustible para los grupos electrógenos y agua envasada.
De las familias afectadas, 16 son mujeres solas con niñxs, de acuerdo al relevamiento hecho al 21 de marzo por el municipio con la asistencia de organismos nacionales y provinciales.
El incendio se desplazó velozmente de oeste (Cerro Radal) hacia el este. En ese desplazamiento ingresó a tierras del ejido municipal de El Hoyo, donde consumió mucho bosque nativo al correr sobre el faldeo del cordón Piltriquitrón. Son 108 las familias cuyas viviendas y propiedades sufrieron daños totales o parciales, según el relevamiento oficial del gobierno local. Incluye galpones, talleres, acopio de forraje para ganado, alambrados. Acá fue mucho el daño en la infraestructura pública de agua y electricidad. Se quemaron kilómetros de líneas de media y alta tensión, transformadores y cables. El fuego sobre el cauce del arroyo Corbata (reserva natural) destruyó la obra de captación de agua y las cañerías que abastecen al pueblo, así como las cisternas de almacenamiento para otros sectores a los que no les llegó el fuego pero que se quedaron sin agua.
La red de agua ya era insuficiente para el crecimiento del lugar. Todo el noroeste de Chubut comparte el problema del tendido de la red de electricidad, que el incendio no hizo más que colapsar. El crecimiento desordenado y sin planificación planteaba el peligro de incendio de interfase. El intendente Pol Huisman (Frente Todos) reconoció que persisten peligros de derrumbes y de inundación.
Son vecinos de este municipio la comunidad mapuche Quilodrán y varias familias de pequeños productores de laguna Espejo y nacientes del Pedregoso, donde había puntos calientes al cierre de esta nota. La gente hace kilómetros para cargar los celulares y acceder a buena señal de internet.
Los números de la catástrofe no dan cuenta de las singularidades que advierten los vecinos, protagonistas de un inmenso movimiento de solidaridad y autonomía para la (re)construcción. Se reparten viandas porque hay quienes no tienen ni siquiera una garrafa con hornalla para cocinar. Hay gente mayor que no está en las redes sociales, que tampoco reclama a viva voz. “Un coche chico llegó con dos colchones arrollados en el techo”, recordó una vecina para graficar el conmovedor movimiento que obligó a ordenar el tránsito con ayuda que pasaba por Bariloche al sur. Organizaciones sociales y políticas armaron campañas para comprar grupos electrógenos, garrafas, materiales de construcción, lápices de colores para lxs niñxs, todo un arco de intereses y necesidades. Toda una articulación al servicio de quienes están en el lugar, resolviendo por sí en un contexto teñido por especulaciones respecto a la intencionalidad de los siete focos iniciales del incendio.
La dirigencia política local y las autoridades con mandato popular tienen la responsabilidad de resolver la tensión entre la autonomía y autogestión en la emergencia, y la obligación del Estado para garantizar equidad en la detección y distribución de la asistencia y reparación de los daños. Todavía faltan mensajes claros respecto a los riesgos reales que representa un suelo inestable y con pendiente pronunciada ante las próximas lluvias, la posibilidad de relocalizar algunas familias, la emergencia sanitaria con la destrucción de toda infraestructura doméstica en medio de la pandemia por el Covid-19 y en zona endémica de hantavirus, entre otros elementos en juego.
Además, el tablero neoliberal desplegado y los mecanismos del despojo con altísima capacidad de adaptación para el post-incendio. Familias judicializadas de tomas de El Bolsón estarían siendo presionadas para que se plieguen a la reconstrucción de los barrios quemados para evitar un desalojo inminente, trascendió después de que organismos técnicos realizaran y analizaran imágenes aéreas que probarían esos movimientos en un terreno físico y social altamente vulnerable. Al mismo tiempo, el gobernador Mariano Arcioni envió un proyecto de ley a la Legislatura para transferir al municipio de Puelo 580 hectáreas, que incluyen las parcelas de tres loteos irregulares quemados (Lote 26, Eco aldea y Bosques al sur, entre otros).
Arcioni dio una respuesta institucional a una vieja demanda, detrás de la que busca colar sin debate otros dos hechos fundamentales para el blanqueo e incorporación al mercado del suelo urbano de 40.000 hectáreas de Manosa, viejo consorcio forestal de capitales locales, que plantó y abandonó las plantaciones que aportaron buena parte de la pólvora que ardió el 9 de marzo. Por una parte, pidió una modificación a la ley de ordenamiento territorial del bosque nativo de Chubut para quitar la tierra forestada de sus alcances. A la vez, impulsa que 360 hectáreas continúen bajo la administración de la Secretaría de Bosques para “fomento de la industria forestal de la zona, garantizando el funcionamiento de un área núcleo de carácter productivo para sostener la producción de especies forestales para conservar y restaurar el bosque nativo”.
El proyecto, además, choca con la reforma a la ley del plan de manejo del fuego de fines del año pasado, que incorporó “en el caso de incendios, provocados o accidentales, en bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales, las modificaciones en el uso y destino que dichas superficies poseían con anterioridad al siniestro quedan prohibidas por 60 años; mientras que en zonas agrícolas, praderas, pastizales y áreas de interfase la prohibición es de 30 años”, advirtió un vecino de Puelo.
La frontera neo-extractivista se cuela en las cenizas cuyo origen investigan peritos de la Policía Federal, que llegaron a la comarca sin viáticos y se alojan en una cabaña prestada.
*ElCohetealaLuna
