3 agosto, 2020
EL TRASPIÉ DEL CANJE DE NACIÓN GENERA INCERTIDUMBRE PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE DEUDAS DE LAS PROVINCIAS. CHUBUT LA TIENE MÁS DIFÍCIL: CON PAGOS GARANTIZADO POR REGALÍAS, NO POSEE ACOMPAÑAMIENTO POLÍTICO INTERNO, PERO MENOS APURO DE LOS ACREEDORES. LA ÚNICA TENTACIÓN PARA AFUERA ES MÁS TOMA DE DEUDA. PARA ADENTRO, MÁS REPARTO DE ´CONVENCIMIENTOS´
Por Trivia Demir
La reestructuración de deuda de Chubut, como las de todas las otras provincias que estaban listas para salir a reorganizar sus pagos con probabilidades ‘ sustentables’ quedaron a la espera de la definición de lo que suceda con la deuda macro de la Argentina. Sin esa certeza difícilmente ningún estado subsoberano podrá encarar su propia negociación en el exterior, y como se sabe sólo un 35% de los bonistas aceptaron la propuesta criolla.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, ratificó este domingo que en el Gobierno «hay una decisión tomada» respecto a no realizar más ofertas a los bonistas privados y remarcó que, si no hay acuerdo con los acreedores, la idea es avanzar «con el FMI en un nuevo programa».
El economista afirmó que, si bien se barajó la idea de alargar el período de suscripción a la actual oferta de la deuda, «la realidad es que no hay más en términos de lo que el país puede pagar año por año».
En cuanto a Chubut, la situación es muy diferente porque los acreedores están bien cómodos en término de cobro, ya que la deuda contraída se paga a un fideicomiso que se cobra con las regalías petroleras. De hecho este mes los ingresos provinciales por su recurso hidrocarbirífero quedó en cero, producto de esa deuda. Reestructurar significa encender el tubo de oxígeno para esta gestión y la próxima. De otro modo aseguran los entendidos, la viabilidad de las arcas provinciales tocarán definitivamente fono. Ya no se pueden pagar los aguinaldos, y hay un atraso salarial de más de un mes. Además, el déficit anual más los pagos de deuda a enfrentar en agosto, septiembre y octubre terminarían de colapsar la administración pública.
El proyecto girado por el Ejecutivo Provincial a la Legislatura prevé que el primer pago de la cuota de amortización de capital se deberá realizar dentro del ejercicio 2023, es decir antes de que finalice el actual período del gobernador Arcioni. Pero luego habría aire por varios años para ir reacomodando los ingresos sin dejar de pagar los 700 millones de dólares que se deben.
El tema de fondo es la crisis política que no da espacio para una cruzada conjunta, sumada al secretismo del proyecto de Ley que contemplaría mas toma de deuda. Un ítem que la oposición no estaría dispuesta a dejarle pasar por nada y por la que sí o sí requiere aprobación legislativa.
Atados al destino nacional
Sin embargo y más allá del tema que dominará la agenda política y legislativa de los próximos días, la cosa depende de otras decisiones. Según un informe del analista Ariel Basile, si Nación no termina de definir con los bonistas difícilmente lo podrán hacer las provincias.
Esto es porque el contraataque de los tres grupos formales que representan a los tenedores de títulos públicos nacionales emitidos bajo legislación internacional también llevó la incertidumbre a las administraciones provinciales que encaran sus propios procesos de renegociación.
Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Chubut, La Rioja, Río Negro y Tierra del Fuego avanzan en el diálogo para reestructurar vencimientos y miran de reojo lo que ocurre en el plano nacional. Y las novedades que impactan en territorio de Martín Guzmán tiene réplicas: los gobiernos provinciales esperan que “aclare el panorama”, como dijo un ministro de Economía, y otros ven retroceder los avances que habían logrado hasta el momento. Mientras, otras administraciones creen que el impacto será menor, ya sea porque la atomización de las tenencias no tiene equivalencia con la concentración de acreedores que enfrenta Nación, o bien porque buscan salidas diferentes, como puede ser el caso fueguino, donde Gustavo Melella apuesta a que fondos con interés de invertir en la provincia recompre la deuda de u$s200 millones a mejores condiciones que las pactadas por su antecesora Rosana Bertone.
“Con este escenario no sabemos qué negociar, porque menos que Nación no podemos ofrecer, y más no lo van a aceptar”, mencionaron desde un distrito a un medio porteño. Otro ministro de Economía, ante la incertidumbre, confió: “Por lo pronto, implica que seguimos pagando… son sólo intereses, pero dólares al fin”.
La incertidumbre se torna en pesimismo en otra provincia. Desde la cartera económica indicaron que el tironeo entre Guzmán y los fondos los “impacta de lleno”. “Tenemos prácticamente cerrada la renegociación con gran parte de los tenedores… ahora no sabemos cómo puede seguir”.
A la par una administración mencionó que, por el movimiento del mercado secundario, buena parte de los títulos ya no están en manos de los tenedores originales. “Hay mucha banca privada y minoristas, cuesta identificar, y conversamos con quienes asesoran a pequeños inversiones”, dijeron y agregaron que por ahora “hay muy buena repercusión”.
En tanto, hubo novedades de tono público en las renegociaciones zonales. Hace una semana por caso, Mendoza prorrogó el plazo para que acreedores acepten la última oferta mejorada sin quita de capital.
El vencimiento del 27 de julio se corrió al 7 de agosto. Y, además, el gobernador Rodolfo Suarez y su ministro de Hacienda Lisandro Nieri lograron oxígeno al alcanzar una refinanciación de la deuda de $11.000 millones con el Banco Nación. Los seis meses de gracia le permitirán a Suarez contar en este 2020 pandémico con $1.800 adicionales, en un acuerdo en el que Mendoza destaca el rol del ministro del Interior, Eduardo de Pedro.
Asimismo, La Rioja contrató al Bank of America para el asesoramiento en las conversaciones con sus bonistas, de cara al vencimiento de un nuevo cupón de u$s 14 millones.
La calificadora de riesgo crediticio Moody’s aseguró que la reestructuración de la deuda de las provincias permitirá a los gobernadores ahorrar el dinero destinado a intereses para impulsar la recuperación de la economía.
La firma recordó que tanto Río Negro, como Mendoza y Buenos Aires dejaron de pagar los intereses de bonos colocados en el mercado internacional y, curiosamente, resaltó que cuánto más se flexibilicen las negociaciones con los acreedores, podría llevar a políticas públicas más débiles para incrementar el gasto corriente y discrecional.
“Como la mayoría de las provincias se encuentran en un proceso de reestructuración de deuda en moneda extranjera, el alcance de la condonación de deuda determinará sus niveles de crecimiento futuro”, evaluó la calificadora.
Para Moody’s, “las características de los canjes de deuda y la estructura de capital que surja de las negociaciones determinará las perspectivas de crecimiento, ya que menores servicios liberará espacio fiscal para impulsar oportunidades de inversión”.
En ese sentido, la firma sostuvo que “las próximas elecciones gubernamentales son en 2023, por lo que la carga de la deuda reestructurada recaerá sobre las administraciones futuras”. (Algo que entiende bien la oposición que resiste reestructuración con compromisos futuros).
Por otro lado, Moody’s advirtió por la suba del desempleo en las provincias a partir de la pandemia de coronavirus, que “afecta a los gobiernos regionales a través de sus efectos en la economía local”. “Más aún, un descenso en las contrataciones del sector privado incrementa la necesidad del empleo público para impulsar la economía”, lo cual pone en aprietos sus cuentas públicas, si se tiene en cuenta que los salarios estatales se llevan aproximadamente el 50% de los presupuestos.
«Los ingresos provinciales y dependencia de sectores ligados a la demanda de los consumidores también determinará la severidad del shock”, apuntó el reporte.
Al mismo tiempo, “la reducción de ingresos y la incertidumbre económica golpeó la confianza de los consumidores y por ende la demanda de bienes durables”, lo cual se verá reflejado en la recaudación de tributos provinciales ligados a la compraventa de autos o de propiedades.
En el primer caso, Santa Fe y Córdoba aparecerían como las menos afectadas, mientras que en Mendoza hay una menor incidencia del gravamen sobre las operaciones inmobiliarias. Sin embargo, “todas sufrirán por la baja en Ingresos Brutos”, que representa casi el 80% de sus ingresos propios.
Aunque presagió que la transferencia de recursos nacionales a los distritos, proveerá un amortiguador contra los ingresos debilitados. Habrá que ver…
