Sigue la cacería de brujas

La búsqueda de los responsables de los carteles que acusan y estigmatizan a Cristina Kirchner es una verdadera película policíaca que está concentrando esfuerzos de servicios de inteligencia, fuerzas federales, policía y todo tipo de sabuesos.

Sigue la cacería de brujas

En una investigación paralela récord se va logrando dilucidar la ruta de la pegatina que tanto golpeó a la vicepresidenta que estaría dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias represivas contra los autores. El hecho fue casi inmediato tras el ataque a pedradas a su despacho en el Senado que se produjo durante las manifestaciones en contra de la firma del acuerdo con el FMI. Un hecho que fracturó aún más a la alianza gobernante. En ese aso ya hay detenidos y procesados cámaras mediante.

El tema de las pegatinas colmó los ánimos y se tornó en un caso mas difícil por tratarse de un amplio sector en el microcentro porteño, y porque a estas alturas del entuerto político «son tantos los enemigos que no se sabe de donde viene la bala», dijera un ‘compañero’ azorado por lo que se despliega en términos de fuego amigo y enemigo en la cumbre del poder criollo.

En princpio se dió con una camioneta ‘bomba’ que introdujo los carteles y después se ubico la presunta imprenta que los habría confeccionado, para posteriormente terminar en que sería una mujer despechada por la muerte de su esposo en pandemia y por el jolgorio político ideológico que financió la demoledora pegatina contra Cristina para expresar su encono.

Hasta ahí estaba ayer la historia e incluso se presentó el abogado de la mujer pero ella no aparecía.

Finalmente se presentó en Tribunales esta mujer a quien ya catalogaban de ‘prófuga’ por lo que quedó sin efecto la orden de captura. Se trata de una señora de 61 años que vive en la zona de Recoleta y sin mediar resistencia entregó sus teléfonos y una computadora que serán peritados ahora por la justicia.

Además hay otros cuatro imputados. Por la declaración de otro de uno de ellos, el juez cree que esa mujer, identificada como Nilda Melhem, fue quien financió los carteles. Designó formalmente como abogado a Matías Cúneo Libarona y quedó formalmente imputada.

Más temprano, la Policía Federal había comenzado un allanamiento en su domicilio por orden del juez.

Incluso, De Campos había allanado seis locaciones y no la había ubicado, por lo que el abogado presentó un escrito en el que intentó justificar que la investigación siga sin detención vigente.

Pero cuando había comenzado el operativo en el domicilio particular de la mujer en Recoleta, ella se presentó en Tribunales de Talcahuano 550, entregó sus dispositivos electrónicos y se dejó sin efecto la detención. Sí quedó imputada y será investigada.

En un escrito que había presentado ayer a última hora, Nilda Lilian Melhem dijo «sentirse aludida por lo que dijeron los medios de comunicación» y por eso se presentó por medio de abogado.

También lo hizo un adolescente de 17 años, de nombre Lucio, y dijo ponerse a disposición. Ese joven fue quien realizó el primero de los pagos a la imprenta, para lo cual se trasladó en taxi a Lanús.

Según fuentes consultadas, la mujer sufrió la muerte de su esposo por Covid durante la pandemia y hasta puso una piedra en Plaza de Mayo, como hicieron los familiares de víctimas en homenaje a sus seres queridos, las cuales luego fueron movidas por el Gobierno Nacional.

Los carteles 

En el escrito presentado por el abogado dijo que prestará “plena colaboración y concurrencia cada vez que sea citada. No tengo antecedentes computables penalmente; jamás tuve denuncias en mi contra; vivo desde hace mucho tiempo (exactamente desde 2009) en un inmueble de mi propiedad”, sostuvo para rechazar el pedido de detención.

La denuncia que sigue el juez De Campos fue hecha por el empresario, quien tiene una empresa dedicada a la cartelería en la vía pública y dijo sentirse afectado económicamente por esos afiches, por lo que no hay definida una carátula de la causa.

Enrique «Pepe» Albistur es amigo personal de Alberto Fernández y exsecretario de Medios de Néstor Kirchner, esposo de la diputada Victoria Tolosa Paz y empresario de publicidad en vía pública con capacidad para imprimir los carteles en cuestión. De hecho se puso al hombro la campaña gráfica de reelección de Alberto, algo que podría haber sensibilizado la interna. Para colmo ganas no le faltaban: por orden de la AFIP que conduce el kirchnerismo Albistur, fue procesado por evasión impositiva y embargado por 3,5 millones de pesos hace un par de semanas.

Uno de los imputados en el sainete de los carteles contra Cristina lo apuntó en principio de lleno. Darío «El Gitano» Méndez, quien pegó los carteles, dijo que fueron generados por Albistur.

Pero una semana después después ante el fiscal dió una versión totalmente distinta a lo que le dijo a la policía. Afirmó que Franciso Serrano, el empleado de la imprenta que se encargó que se hicieran los afiches «le comentó varias veces que trabaja para la empresa Wall Street S.A y que es conocido en el medio gráfico que sería propiedad de José Albistur», introdujo. «Pero en ningún momento me refirió concretamente que este trabajo en particular –afiches hostigantes contra la ex Presidenta- había sido encargado por Albistur o algún dependiente de Wall Street S.A».

Así las cosas la cacería de brujas por los carteles que acusaron a Cristina de «asesina» por apoyar el conflicto contra Ucrania, de ‘preferir negocios con Putin’ ‘en lugar de salvar vidas’, parece haber activado la primer batalla a 13.393 kilómetros del epicentro de la Guerra y empezar a generar heridos, detenidos y bandos en pleno microcentro porteño. Cosas de la globalización, dicen.