8 septiembre, 2021
SEGÚN EL ENACOM LAS EMPRESAS APLICARON A JUNIO UN AUMENTO DEL 30%, LO QUE DA UN PROYECTADO ANUAL DEL 75%
La Justicia rechazó suspender el DNU que declaró «servicio público» a las telecomunicaciones, luego que Telefónica de Argentina se presentara ante un juzgado para pedir la inconstitucionalidad del decreto de Alberto Fernández. El caso de la empresa espeñola se suma a otros reclamos judiciales. La puja escalaría hasta la Corte Suprema.
Mediante el decreto 690, emitido el 11 de agosto de 2020, el Gobierno nacional declaró “servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia” a la telefonía celular y fija, Internet y la televisión paga. La medida además dispuso el congelamiento de los precios hasta el 31 de diciembre y luego autorizó sólo un 5% de incremento y dispuso que las empresas del sector deben contar con autorización del Estado para cualquier modificación tarifaria.
A partir de entonces hubo numerosas idas y vueltas de la Justicia al respecto, y esta semana la pugna suma un nuevo episodio. Esta vez, se trata de un revés para las compañías prestadoras, dado que un juzgado rechazó sus reclamos y avaló la vigencia del DNU.
La titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 5, María Alejandra Biotti, rechazó el pedido cautelar solicitado por las firmas Telefónica de Argentina S. A. y Telefónica Móviles Argentina S. A. El grupo español quería que se declarase nulo e inconstitucional el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690/20, y de tres resoluciones del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).
En este caso, Telefónica pidió además la inconstitucionalidad del artículo 14 de la ley 26.122 de «régimen legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia, de delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes».
A través del polémico DNU, el presidente Alberto Fernández había declarado como servicios públicos esenciales a los servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), además del acceso a las redes de telecomunicaciones para y entre licenciatarios y licenciatarias de servicios TIC.
La norma del Gobierno fue rápidamente cuestionada en distintos tribunales por las distintas empresas prestadoras de servicios, con resultados varios, a favor y en contra del DNU. De esta forma, es esperable que, tarde o temprano, la cuestión escale hasta la Corte Suprema.
La jueza Biotti indicó que en la demanda no se cumple con la acreditación de la existencia de un daño que pudiera producirse durante el transcurso de la causa que torne la decisión a tomar como de imposible cumplimiento, por lo que no considera cumplido el peligro en la demora.
En este sentido, la magistrada indicó que el asunto excede ostensiblemente el instituto cautelar, ya que las cuestiones planteadas (inconstitucionalidad y arbitrariedad) importarían necesariamente avanzar sobre la cuestión de fondo.
Asimismo, Biotti resaltó que la declaración de inconstitucionalidad de una norma es un acto de suma gravedad institucional que debe ser visto como ultima ratio del ordenamiento jurídico y que, además, debe recordarse la presunción de legitimidad de que gozan los actos administrativos y las leyes cuando fueron dictados de acuerdo con los mecanismos previstos en la Constitución Nacional.
Acera del trámite que sigue el DNU, la jueza informó que el mismo fue ratificado por la Comisión Bicameral Permanente y por el Honorable Senado de la Nación, quedando solamente pendiente que se expida la Honorable Cámara de Diputados, ya sea mediante su aprobación o rechazo.
Que la conectividad ya es el eje central de nuestras vidas es un hecho innegable. Que la Capital Federal y los grandes centros urbanos viven el tema del acceso a Internet de manera diferente que el interior del interior, también.
Desde el Gobierno consideran que la brecha digital que hay en Argentina es alarmante porque en algunos lugares, como Formosa o la Patagonia, la conectividad a Internet no llega al 30% o 40%.
Pero para las empresas de telecomunicaciones, la solución no es declarar a Internet como servicio público ya que sería un error que favorecerá la desinversión por lo que no se generaría la tan ansiada universalización del acceso como pretende el Gobierno.
Para el Enacom, este argumento es «falaz»: las empresas no pueden dejar de cumplir con sus obligaciones de inversión y además, dicen, no se frenan los desembolsos si el contexto macro-económico es favorable.
Con respecto a los aumentos de precios, el Gobierno asegura que las empresas pretendían y aplicaron un incremento para recuperar el 2020 en donde tuvieron tarifas congeladas, pero que lo que hay que discutir es el 2021 y dar por perdido el año de la cuarentena, «como están haciendo todas las paritarias de todos los sectores».
No acceder a la red significa que las personas quedan excluidas del sistema educativo, de salud, del trabajo y economía del conocimiento.
Según explicó Gustavo López, vicepresidente del Enacom, el gran objetivo es que las empresas no puedan aumentar si no justifican dicho incremento.
Además, que el ente regulador sea una mediación entre la empresa y el usuario, porque consideran que los clientes de las empresas telco están muy desprotegidos: «El usuario no tenía quien lo defienda».
«El 690 pretende decir que Internet es un servicio público imprescindible y no se puede aumentar sin que la empresa justifique y sin autorización», explica López.
La «justificación», según el funcionario, tiene que ver con: costos, inversión y tasa de ganancia, costos directos, indirectos , situación económica general. Plan de inversión que hay que justificar con una tasa de ganancia razonable.
«No tenemos un parámetro que determine tasa de ganancia razonable, a nivel internacional tiene que ver con la tasa de retorno, pero acá las empresas nunca mostraron sus números», explica López.
En cambio, Ariel Graizer, presidente de la Cámara de Internet Cabase, analizó que si el precio es regulado traería muchos problemas para los ISPs, pequeños y medianos jugadores telco.
«No estamos de acuerdo en que sea público, no fuimos así licenciados, nos van a hacer competir fijandonos los precios de manera arbitraria. Esto generará mayor concentración y desaparición de pymes», considera Graizer.
Las tarifas de Internet son eje de la disputa entre empresas y Gobierno
Los criterios que tomó el Enacom para establecer los aumentos, fueron para salir del congelamiento.
«Las empresas pretendían y aplicaron un aumento que ya supera a junio el 30% y da un proyectado anual del 75%, porque quieren recuperar el 2020», argumenta el funcionario del Enacom.
«Pero nosotros tenemos que discutir el 2021, ¿por qué esta actividad va a recuperar el 2020 y las otras no?», cuestiona López. Las empresas de telecomunicaciones tratan de no quedar atrás en el 2021. Porque lo mismo está pasando en los salarios: la paritaria está discutiendo el 2021, no el 2020″.
Por el otro lado, Graizer considera que desde el Enacom fijaron criterios arbitrarios y eso generó que se paralicen las inversiones porque «no hay reglas claras» y menos que menos en una industria en que el 85% de los costos son en dólar y no se puede prever cuánto será la inflación en este contexto.
Para el vicepresidente del Enacon, el argumento de que las empresas no van a invertir si se avanza con que Internet sea servicio público, «es falaz».
En este sentido, explicó que por un lado, tienen obligaciones de inversiones por la licitación de 4G: las «obligaciones contractuales cuando se comprometieron, recién van a estar terminadas en el 2023».
Pero por otro lado, «cuando uno analiza las inversiones privadas en Argentina de 2016 a 2019, los dos primeros años hubo una fuerte inversión y luego cae brutalmente. Y yo me pregunto: ¿no estaban liberados los precios? ¿no había aumentos? ¿por qué hubo una caída en las inversiones?».
«Porque no tiene que ver con el precio del servicio sino con la macro-economía», argumenta López. «Tras el despliegue del 4G, dejaron de invertir. Sin regulación de precios, no hubo inversiones cuando la economía no funcionó», completa el funcionario.
«Siempre pensamos en regulación asimétrica», asegura Gustavo López en relación a la diferencia entre las pymes y los grandes jugadores del mercado.
Pero «las empresas nunca mostraron sus números», por lo cual, desde el Enacom piden que presenten la estructura de costos, los planes de inversión y la tasa de ganancias.
En este punto coincide Graizer al asegurar que «falta y hay necesidad de regulación asimétrica: no pueden medir a los grandes con los más chicos. No tenemos acceso a créditos internacionales ni las herramientas de grandes empresas. No se puede medir la ganancia razonable de la misma manera».
«Es por eso que muchos ISPs desaparecerán y van a dejar de dar el servicio. En este contexto de pandemia, muchas pymes se pusieron en venta», advierte el presidente de Cabase.
