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Regalito de fin de año 6 enero, 2021


Regalito de fin de año
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El último día hábil de 2020 Hugo Moyano recibió una buena noticia y un ‘presente’ de paz de parte del Gobierno nacional vinculada a la interna del gremio de Camioneros, la segunda de la misma índole en apenas un mes.

Es que el Gobierno ordenó la intervención de la obra social del Sindicato Único de Recolectores de Residuos y Barrido de Córdoba (Surrbac), espacio de poder de uno de los pocos dirigentes que se oponen a su hegemonía en el rubro.

Fue un nuevo revés para Mauricio Saillén, el dirigente cordobés que desde hace años rivaliza con Moyano, y se suma a la habilitación de la Justicia, a fines de noviembre, para avanzar en la intervención del gremio de choferes de Santa Fe en donde manda Sergio Aladio, otro opositor interno.

La obra social del Surrbac quedó intervenida formalmente el 30 de diciembre mediante el decreto 1063, firmado por Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Salud, Ginés González García. Es la segunda prestadora sindical de salud que interviene el Ejecutivo del Frente de Todos luego de la resolución en ese sentido sobre la del gremio de vigiladores (Upsra), luego anulada por la Justicia laboral. En el caso de los recolectores cordobeses la medida tendrá vigencia por seis meses y responde a un pedido en esa línea del juez federal de Córdoba Ricardo Bustos Fierro.

La intervención quedará en manos del médico Jorge Remigio, quien venía de desempeñar el cargo de administrador provisorio de esa obra social bajo el paraguas de la misma causa judicial en la que se investiga a Saillén y a su mano derecha, Pascual Catrambone, por presuntas defraudación y administración fraudulenta. Remigio deberá entregar un informe mensual a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) sobre los avances de su gestión tendientes a la normalización de la prestadora.

Para Moyano el año nuevo depara un panorama favorable en la Federación de Camioneros que lidera casi sin sombra desde diciembre de 1992, cinco años después de haberse encaramado a la jefatura del sindicato Buenos Aires. Las resoluciones judiciales y políticas que acorralaron a Saillén y a Aladio, ambas producidas una vez asumido Alberto Fernández, despejaron de su camino cualquier atisbo opositor o incluso contestatario a su poderío.

En el caso de Saillén, que en abril pasado fue excarcelado tras el pago de una fianza de 10 millones de pesos, al igual que Catrambone, desde la conducción nacional de Camioneros se difundió un audio que supuestamente lo involucró en actividades gremiales vedadas para su condición judicial. En paralelo Bustos Fierro prevé elevar a juicio oral el expediente en el que están acusados junto a otras 17 personas de participar de una aparente asociación ilícita dedicada al lavado de activos y al otorgamiento de préstamos usureros a afiliados del Surrbac.

La crisis con Moyano se produjo al mismo tiempo que la ruptura entre el exjefe de la CGT y Cristina de Kirchner, en 2012. En esa oportunidad el gremialista cordobés, que hasta entonces mantenía al Surrbac dentro de la Federación de Camioneros, se inclinó por la entonces presidenta, rompió con Moyano y retiró al sindicato de recolectores de la estructura nacional. Desde ese momento Pedro Mariani, históricamente la mano derecha del líder sindical, fue el encargado de las gestiones para intentar el desplazamiento de Saillén.


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