La iniciativa fija un piso uniforme para todo el país con el objetivo de hacer cumplir lo establecido en el artículo 41 de la Constitución Nacional en cuanto a la utilización racional de los recursos naturales.
18 noviembre, 2021
La Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados de la Nación aprobó un proyecto en el que se establecen los presupuestos mínimos de evaluación de impacto ambiental.
La iniciativa fija un piso uniforme para todo el país con el objetivo de hacer cumplir lo establecido en el artículo 41 de la Constitución Nacional en cuanto a la utilización racional de los recursos naturales.
El dictamen fue firmado en el último tramo de una reunión de comisión -que conduce Leonardo Grosso (FDT)- en la cual se aprobaron proyectos de resolución y declaración y un despacho sobre la gestión ecológica de envases.
El despacho emitido por unanimidad unifica las iniciativas de los diputados de Juntos por el Cambio, Gustavo Menna, del Frente de Todos Hernán Perez Araujo y de Consenso Federal Graciela Camaño.
«Con este dictamen al que llegamos por acuerdo unánime vamos a estar saldando esa deuda en materia de legislación ambiental”, aseveró.
“La evaluación de impacto ambiental es aplicable a los proyectos y actividades que tienen la potencialidad de afectar y degradar el ambiente y permite a la autoridad ambiental con participación pública ponderar los efectos de esa afectación y también llevar adelante acciones de mitigación», completó.
Menna remarcó que desde el ‘94 “hay un vacío legal”. Ahora esta Ley nacional abarcará los proyectos megaminería que están vigentes.
El legisladore chubutense afirmó que el proyecto “es una deuda histórica porque (la Argentina) es el único país de América Latina que no tiene una Ley de este tipo y es fundamental para tomar las decisiones de habilitar o no una actividad o proyecto” que sea dañino para el ambiente.
El proyecto establece las condiciones mínimas de cuidado ambiental pero también los mecanismos de habilitación, fomentando la participación pública y el acceso a la información, en sintonía con la Constitución Nacional y con el acuerdo de Escazú, firmado con otros países y con jerarquía supralegal.
Menna explicó que en la actualidad y “en general estas cuestiones discurren en la arbitrariedad, el voluntarismo o el ‘me parece’, pero esto tiene que estar basado en un proceso de dictámenes técnicos, participación pública e información pública, que hoy no está regulado”.
Es por ello que “se necesita una Ley nacional que establezca esto, porque sobre las cuestiones ambientales, es el Congreso el que tiene que fijar los presupuestos, las condiciones mínimas, sobre las cuales las Provincias luego podrán legislar acentuando esa legislación”.
Consultado sobre si el proyecto afecta los proyectos extractivistas megamineros, Menna subrayó que “incluye todo, toda actividad u obra susceptible de afectar o degradar el ambiente”. Incluso el articulado deroga artículos del Código de Minería.
Sobre el final, el diputado nacional enfatizó que actualmente en esta materia hay “un vacío legal que lleva mucho tiempo, desde la reforma de la Constitución del ‘94”, con lo cual este avance legislativo es “un paso enorme”.
“Se dio dictamen unánime y está en condiciones de ser tratado, hay posibilidades de que se trate ahora” antes del recambio de la Cámara, enfatizó el legislador nacional.
