El gobierno de Chubut, la flota amarilla y una pregunta molesta: ¿quién gobierna a quién y quién usa a quién en la pesca chubutense?
Por Pablo Das Neves*
En política, las alianzas no siempre nacen de la confianza. A veces alcanza con que dos actores se necesiten, tengan adversarios en común o descubran que pelearse les sale más caro que convivir.
La relación entre el gobierno y la Cámara de la Flota Amarilla de Chubut (CAFACh) parece responder bastante bien a esa lógica.
Hace apenas unos meses, el gobernador y la conducción de la cámara protagonizaban un enfrentamiento que iba mucho más allá de las discusiones sobre permisos pesqueros, impuestos o condiciones de producción. Había acusaciones cruzadas, movimientos en la Legislatura, denuncias judiciales y hasta reuniones políticas con dirigentes opositores que alimentaban las sospechas del oficialismo.
Hoy, en cambio, vuelven a aparecer señales de entendimiento.
El regreso de Sebastián Cejas a la Secretaría de Pesca y el anunciado desembarco de Gabriel Aguilar en el Consejo Federal Pesquero abren una pregunta que merece algo más que una explicación administrativa.
¿Qué cambió realmente?
¿Se resolvieron las diferencias que habían llevado la relación casi al punto de ruptura? ¿Hubo un cambio de criterio en el Gobierno? ¿O simplemente las dos partes llegaron a la conclusión de que les convenía volver a sentarse a la misma mesa?
Lo más probable es que estemos frente a una sociedad sin confianza. Una relación en la que ninguno termina de confiar demasiado en el otro, pero donde ambos encuentran motivos suficientes para evitar una ruptura definitiva.
Y hay una segunda pregunta, más picante y quizás todavía más interesante: ¿quién está usando a quién?
Una cámara que juega a la política
Para entender lo que pasa hay que empezar por reconocer algo: CAFACh no es una cámara empresaria más.
Por supuesto, representa intereses económicos legítimos. Sus asociados tienen inversiones, generan empleo y operan en una actividad central para la economía provincial. Pero su conducción también ha mostrado una clara vocación de participación política.
No se limita a reclamar mejores condiciones para pescar. Construye relaciones, conversa con dirigentes, interviene en discusiones institucionales y procura tener peso propio en el tablero provincial.
La crisis legislativa de febrero, con la salida de Sergio González y Mariela Tamame del bloque oficialista, dejó a la vista hasta qué punto las disputas pesqueras pueden trasladarse al terreno político.
Tampoco pasó inadvertido aquel asado en una chacra de Trelew, organizado por la CAFACh, donde coincidieron Gustavo González, Juan Pablo Luque, Damián Biss y distintos dirigentes y legisladores opositores.
Un asado, por supuesto, no constituye una conspiración. Y reunirse con la oposición no tiene nada de ilegítimo para un sector importante de la economía chubutense. Pero tampoco hace falta ser demasiado ingenuo para advertir que, cuando una organización empresarial reúne a dirigentes políticos con aspiraciones para 2027, la conversación difícilmente se limite al precio del langostino.
El oficialismo llegó a cuestionar duramente el protagonismo político de sectores vinculados a la cámara. Incluso circularon acusaciones sobre presuntas maniobras destinadas a complicar la gobernabilidad provincial, algunas de las cuales terminaron en el ámbito judicial.
Sería un error ignorar lo que aquellos episodios dejaron al descubierto: la disputa entre Torres y CAFACh nunca fue solamente pesquera.
Había, y probablemente siga habiendo, una discusión bastante más profunda sobre los espacios de poder.
De marzo a noviembre: los mismos nombres, otro escenario
Hay una secuencia que merece ser observada con especial atención.
En marzo, en medio de las tensiones entre el Gobierno y la flota amarilla, se produjo la salida de Sebastián Cejas de la estructura de Pesca, en el contexto del recambio encabezado por Andrés Arbeletche.
Ocho meses después, Cejas vuelve para conducir la Secretaría y se anuncia también el regreso de Gabriel Aguilar al esquema de representación provincial ante el Consejo Federal Pesquero.
No estamos hablando de dos recién llegados.
Aguilar fue secretario de Pesca durante el (des)gobierno de Mariano Arcioni. Cejas ocupó posiciones técnicas y de conducción durante aquella gestión y continuó posteriormente en el organismo.
Se trata, por lo tanto, de figuras con experiencia en la administración pesquera, conocimiento de sus actores y antecedentes en distintas gestiones políticas.
Nada de eso alcanza para concluir que sus designaciones respondan a una imposición empresarial. Pero el contraste entre marzo y noviembre es demasiado significativo como para despacharlo como un simple movimiento de funcionarios.
Si en marzo la relación con la conducción de la pesca se había vuelto parte de una confrontación política, ¿qué cambió para que en noviembre algunos de aquellos nombres volvieran a ocupar posiciones relevantes?
¿Cambió la evaluación del Gobierno sobre esos funcionarios? ¿Cambiaron los equilibrios internos de la actividad? ¿O cambió la conveniencia política de mantener determinadas distancias?
Hay además una particularidad: Andrés Arbeletche continuó dentro de la estructura gubernamental, ahora en la coordinación del Gabinete. El reordenamiento no puede explicarse como una sustitución completa de un sector político por otro.
Probablemente estemos frente a una búsqueda de equilibrio entre distintos interlocutores.
O tal vez el gobernador esté intentando demostrar que puede recomponer relaciones sin ceder el control político de las decisiones.
En cualquier caso, la secuencia deja una pregunta molesta tanto para Torres como para CAFACh: si los desacuerdos de hace ocho meses eran tan profundos, ¿cuáles fueron las condiciones que permitieron volver a entenderse?
Torres tampoco juega solamente a la pesca
Del otro lado está el gobernador.
Torres tiene facultades que ningún empresario puede reemplazar: designa funcionarios, conduce la administración provincial y participa, a través de sus representantes, en las decisiones sobre los recursos pesqueros.
Pero tener el poder formal en democracia no significa poder ejercerlo sin negociar.
La flota amarilla tiene peso económico, territorial y sectorial. Una confrontación permanente con sus principales referentes puede trasladarse rápidamente al empleo, los puertos, los sindicatos y la agenda pública.
Para cualquier gobernador eso representa un problema. Mucho más cuando el horizonte electoral empieza a acercarse.
Desde esa perspectiva, recomponer el diálogo con CAFACh tiene una explicación pragmática. Permite administrar conflictos, buscar previsibilidad para la temporada y reducir tensiones con una actividad relevante.
Hasta ahí, nada demasiado extraño ni imprevisible.
Lo interesante aparece cuando recordamos que el propio Gobierno había cuestionado anteriormente la influencia de determinados intereses empresarios sobre la política pesquera.
Si esa preocupación era válida entonces, ¿dejó de serlo ahora?
El regreso de funcionarios con experiencia y antecedentes en el sector puede responder a criterios técnicos o a una necesidad de reconstruir interlocución. Pero, después de los enfrentamientos anteriores, resulta inevitable preguntarse qué equilibrio político expresa el nuevo esquema.
Porque una cosa es que el Gobierno dialogue con quienes debe regular.
Otra, bastante distinta, es que los regulados terminen teniendo una influencia decisiva sobre las reglas del juego.
¿Quién ‘usa’ a quién?
Acá aparece la parte más interesante de esta relación.
Tendemos a mirar los conflictos políticos como si siempre hubiera un ganador y un perdedor. Uno que impone condiciones y otro que las acepta.
Pero hay vínculos bastante más complejos.
Torres puede encontrar en CAFACh un interlocutor que le permita ordenar una parte de la actividad pesquera, evitar conflictos innecesarios y construir acuerdos sectoriales que serían más difíciles de alcanzar desde una posición de enfrentamiento.
La cámara, a su vez, puede encontrar en el gobernador un canal para defender sus intereses, participar de discusiones regulatorias y mantener capacidad de incidencia sobre decisiones que afectan directamente a sus asociados.
Hasta ahí, una negociación habitual entre el Estado y un sector productivo.
¿Pero qué pasa cuando ambos tienen además adversarios con los que mantienen disputas propias?
Ahí la relación adquiere otra dimensión.
Una decisión del Gobierno puede coincidir con los intereses de CAFACh y perjudicar la posición de otro actor empresarial. Una definición sectorial de la cámara puede, a su vez, facilitarle al Gobierno una negociación o aislar a un interlocutor incómodo.
No hace falta imaginar un acuerdo secreto ni una estrategia diseñada de antemano.
Muchas veces alcanza con que dos actores descubran que sus intereses coinciden frente a un tercero.
La pregunta deja de ser quién domina al otro. Pasa a ser quien consigue aprovechar mejor esa relación y para qué.
Y, sobre todo, si las decisiones que resultan de esa convivencia responden al interés general o terminan favoreciendo a quienes tienen mayor capacidad para sentarse a negociar.
Las alianzas empresarias duran lo que duran los intereses
El tablero empresarial también es dinámico.
En noviembre de 2025 hubo una imagen que hoy resulta particularmente interesante: CAFACh, CAPIP y Conarpesa, junto con otros actores, coincidieron en un reclamo al Gobierno para que no avanzara con nuevos permisos pesqueros vinculados a Red Chamber sin una evaluación técnica y biológica adecuada.
La posición común tuvo efectos concretos en la discusión pública. El Ejecutivo retiró el proyecto de nuevos permisos y los sectores empresarios reconocieron esa decisión.
No hace falta atribuirle todo el resultado a la presión empresarial para advertir que aquella coincidencia representó una demostración de capacidad de negociación.
Pero también dejó una enseñanza: el sector puede mostrarse unido frente a una decisión del Gobierno y, poco después, volver a dividirse por sus propios intereses.
Hoy el panorama es diferente.
Conarpesa atraviesa una transición societaria y generacional en curso, vinculada a la participación del grupo español Wofco y al progresivo retiro que el historico Fernando Álvarez Castellano ha planteado para su futuro empresario.
A eso se suma un conflicto laboral con el STIA que la ha colocado en una situación distinta de la de otros integrantes de la industria.
Y ahí aparece un movimiento interesante.
Mientras Conarpesa sostiene su propia disputa, CAFACh y CAPIP han dejado en claro que no pretenden que ese conflicto particular condicione el conjunto de la temporada.
Se trata de una posición defendible desde el punto de vista productivo. Ninguna cámara está obligada a trasladar a todos sus asociados los costos de una controversia empresarial particular.
Pero políticamente resulta reveladora.
Quienes antes compartían reclamos hoy defienden estrategias distintas. Álvarez Castellano, que había encontrado puntos de coincidencia con la flota amarilla, aparece más aislado en su conflicto sindical.
En paralelo, CAFACh y CAPIP muestran una convergencia táctica en determinados asuntos regulatorios y productivos.
Incluso, en los pasillos se hablan de una estrategia conjunta de ambas camaras para correr progresivamente a la poderosa Conarpesa del centro del escenario pesquero.
No se trata necesariamente de una alianza permanente. Las cámaras representan estructuras empresariales diferentes y tienen intereses que pueden volver a entrar en tensión.
Pero esa convergencia también puede alterar el equilibrio de negociación frente a empresas como Conarpesa o Red Chamber.
Y acá vuelve la pregunta sobre quién utiliza a quién.
¿Hasta qué punto el Gobierno puede aprovechar las diferencias entre las propias empresas para negociar con un sector menos homogéneo? ¿Y hasta qué punto una convergencia entre cámaras puede servir para condicionar decisiones oficiales que afecten a competidores concretos?
No hay una única respuesta.
Lo que sí parece claro es que sería un error hablar de la industria pesquera como si se tratara de un solo actor.
En Chubut hay empresas, cámaras, sindicatos y grupos económicos que compiten, negocian y construyen acuerdos que cambian con las circunstancias.
A veces coinciden frente al Gobierno. Otras veces necesitan al Gobierno para resolver sus diferencias.
Y en ocasiones puede resultarles más conveniente negociar con un adversario político que sostener una alianza empresarial.
El verdadero premio no es la próxima temporada
Hay una cuestión todavía más importante que los nombres de los funcionarios, las diferencias sindicales o las alianzas circunstanciales.
Es la discusión sobre el futuro régimen de cuotificación del langostino.
La eventual implementación de Cuotas Individuales Transferibles de Captura podría transformar profundamente las condiciones de acceso al recurso en aguas nacionales.
El régimen supone pasar de un esquema basado principalmente en autorizaciones y condiciones de acceso a otro en el que se asignan participaciones de captura según criterios definidos por la autoridad competente.
Esos criterios pueden incluir antecedentes de captura, inversiones, empleo y otros factores contemplados por la legislación pesquera.
La diferencia no es menor.
Una decisión administrativa que incide sobre una temporada produce efectos económicos acotados en el tiempo. Un régimen de asignación de cuotas, en cambio, puede establecer posiciones relativas entre empresas durante muchos años.
Y cuando un recurso económico valioso se distribuye bajo reglas de largo plazo, cada criterio de ponderación tiene consecuencias concretas.
Los antecedentes históricos pueden favorecer a determinados operadores. Las inversiones realizadas pueden beneficiar a otros. La consideración del empleo y del procesamiento en tierra puede modificar nuevamente los incentivos.
Todo depende del diseño final.
Por eso la discusión no es solamente cuánto langostino se puede capturar. También es quién tendrá derecho a capturarlo, bajo qué condiciones y con qué posibilidades de transferir esos derechos.
La cuotificación todavía requiere decisiones específicas del Consejo Federal Pesquero. No corresponde dar por establecido un reparto definitivo ni presentar las cuotas nacionales como si dependieran exclusivamente del Gobierno de Chubut.
Pero tampoco sería razonable ignorar la trascendencia de la representación provincial en ese organismo.
De allí que el anunciado cambio de representantes de Chubut ante el Consejo adquiera una dimensión que excede la política local.
Quien participa en la discusión de las reglas puede influir sobre decisiones que afectarán a las empresas mucho después de que termine la actual gestión provincial.
Y eso vuelve especialmente delicado cualquier acuerdo político alrededor de las autoridades pesqueras.
La eventual cuotificación introduce, además, una paradoja.
Un gobierno que necesita estabilidad hasta las elecciones de 2027 puede estar participando en decisiones cuyos efectos económicos se extiendan durante muchos años.
Y una cámara empresaria que hoy mantiene acuerdos tácticos con el gobierno puede estar interesada en reglas que sobrevivan a ese mismo gobierno.
Ahí la distancia entre los incentivos políticos y los económicos empieza a hacerse evidente.
Una convivencia con 2027 en el horizonte
El calendario electoral agrega otra capa de analisis.
Torres tiene por delante un año políticamente importante. La conducción de CAFACh también sabe que las relaciones de poder provinciales pueden cambiar y que resulta conveniente conservar distintos canales abiertos.
Para el gobernador, una temporada pesquera sin sobresaltos puede representar estabilidad económica, laboral y social.
Para los empresarios, mantener una relación funcional con el Ejecutivo permite defender sus intereses actuales sin necesariamente renunciar a su autonomía política futura.
El problema es que esa convivencia no elimina las desconfianzas anteriores.
Torres no puede ignorar los antecedentes políticos de la cámara, del mismo modo que la conducción de CAFACh no puede desconocer que el gobernador ya demostró estar dispuesto a confrontar públicamente con ella.
Y ahí reside la fragilidad del entendimiento.
No parece necesario que ambos confíen plenamente entre sí para alcanzar acuerdos. Alcanza con que, por ahora, encuentren más ventajas en cooperar que en enfrentarse.
Pero hay una diferencia importante entre administrar una tregua y resolver un conflicto.
La primera permite ganar tiempo. La segunda exige acuerdos sobre las reglas y sobre los límites del poder de cada uno.
La cuestión es qué sucederá cuando una decisión importante vuelva a colocar sus intereses en veredas opuestas.
¿La cotización del langostino? ¿Una controversia sobre permisos? ¿Un conflicto sindical que involucre a varias empresas? ¿La construcción política de 2027?
Cualquiera de esos escenarios podría poner a prueba una relación que, por sus antecedentes, merece ser observada con atención.
Una sociedad sin confianza
Quizás el error sea intentar descubrir quién ganó esta última pulseada.
El regreso de determinados funcionarios podría ser interpretado como una señal favorable para CAFACh. La recomposición del diálogo, en cambio, también puede representar para Torres una oportunidad de recuperar iniciativa y ordenar un sector que venía acumulando conflictos.
Las dos interpretaciones pueden coexistir.
Y hasta podría ocurrir que ambos crean estar utilizando al otro.
La cámara puede pensar que recuperó capacidad de influencia. El gobernador puede considerar que consiguió un interlocutor con el que administrar la actividad sin resignar sus atribuciones.
Las diferencias internas de la industria agregan una complejidad adicional. Una convergencia táctica entre cámaras puede modificar el equilibrio frente a otras empresas, del mismo modo que el Gobierno puede encontrar oportunidades de negociación en un sector que está lejos de ser homogéneo.
Mientras esa relación produzca acuerdos razonables, previsibilidad y reglas transparentes, la convivencia puede tener resultados positivos.
Pero hay una diferencia entre administrar intereses y confundirlos con el interés público.
La pesca chubutense es demasiado importante para quedar reducida a una pulseada entre el Gobierno y un puñado de actores con capacidad de influencia.
Lo verdaderamente relevante no es si Torres y Gustavo González se llevan bien, si volvieron a hablar o si decidieron dejar atrás sus enfrentamientos.
Es comprender qué sucede cuando dos actores que desconfían el uno del otro descubren que pueden necesitarse para resolver sus propios problemas, negociar con terceros y defender sus posiciones frente a adversarios comunes.
Y es entender qué ocurre cuando esa relación coincide con decisiones sobre recursos públicos que pueden determinar el futuro económico de todo un sector.
En realidad no estamos viendo una reconciliación. Tal vez estemos viendo una tregua.
Una tregua en la que el gobernador conserva el poder institucional, los empresarios procuran preservar su capacidad de influencia y todos mantienen abiertas las puertas que podrían necesitar después de 2027.
Las treguas, sin embargo, tienen una particularidad: no resuelven necesariamente las diferencias. Apenas las administran hasta que alguna de las partes considera que ya no le conviene seguir haciéndolo.
Por eso, en la pesca chubutense, la pregunta no parece ser solamente quién gobierna a quién.
La pregunta es quién está usando a quién.
Y qué va a pasar cuando alguno descubra que ya no necesita al otro.
