3 julio, 2020
LES SUSPENDIERON LA MOVILIDAD Y AÚN NO HUBO ASISTENCIAS ESPECIALES
A los jubilados les hubiese correspondido este año subas de 11,56% en marzo y de 10,91% en junio. Con los decretos nacionales, sólo se les otorgaron subas de 2,3% más una suma fija de $1.500 en el primer aumento y 6,12% en el segundo aumento.
Fue porque a principios de junio, el Gobierno envió un proyecto de Ley al Congreso para que la suspensión de la fórmula de movilidad de las jubilaciones y pensiones —que está determinada por el índice de inflación y de salarios— se prorrogue hasta fin de año. De esta forma, los próximos aumentos, que deben aplicarse en septiembre y diciembre, serán establecidos por el Poder Ejecutivo.
El arguneto fue que por la Ley de Emergencia estaba previsto que se defina una nueva fórmula para esta altura del año, pero el Gobierno advirtió que no será posible porque la pandemia del coronavirus impactará en las variables que deberían ser tenidas en cuenta.
Los jubilados y pensionados recibieron bonos extraordinarios, por única vez, en diciembre de 2019 y en enero de 2020 (por $5.000 cada uno para los que perciben haberes mínimos) y de $1.600 en mayo a los que recibían bolsones de alimentos en centros de jubilados.
Actualmente, la jubilación mínima a partir de junio es de $16.864, por lo tanto el aumento solicitado representaría unos $13.000. Pero la realidad es que la canasta básica de los jubilados, según determinaron en la Defensoría, es prácticamente tres veces más cara alcanzando los $45.000.
En ese marco no son pocas las voces que se levantan en reclamo de los mayores. La Defensoría de la Tercera Edad ya pidió al Gobierno que la jubilación mínima tenga un aumento como consecuencia de la vuelta a la fase uno de la cuarentena que se implementó a partir del 1º de julio.
A través de una solicitud enviada al jefe de Gabinete Santiago Cafiero, se solicitó que el Estado Nacional provea una ayuda extraordinaria durante el tiempo que duren las medidas de aislamiento más estrictas. El reclamo fue llevado adelante por el director de la Tercera Edad de la Defensoría del Pueblo porteña, Eugenio Semino.
El argumento es que los adultos mayores o quienes los ayudan, trabajan en tareas no registradas, (changas), para poder subsistir. Si no existe el auxilio requerido, la desesperación los va a llevar a violarla y arriesgarse para sobrevivir, afirman los referentes de la tercera edad.
