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14 noviembre, 2023

Plebiscito sobre Milei, Macri también fiscaliza y Argentina 24 horas en emergencia 

La elección gira en torno al candidato libertario. Preocupación opositora por cómo se contarán los votos.

Por Ignacio Zuleta*

Gana quien cuente mejor los votos

Más allá de la pirotecnia del debate, la energía de los candidatos y sus comandos se concentra en la manera de controlar el resultado. El sistema electoral argentino es eficaz, no tiene reproches solventes de irregularidades, y permite que gobierne quien gana las elecciones. Pero obliga a los competidores a desarrollar capacidades especiales.

Vale la máxima del llorado “Buscapié” Cardozo, leyendario dirigente del peronismo menemista: las elecciones no se ganan juntando votos; se ganan contando votos. Existe un consenso en torno a que van a una paridad muy tipo 2015, con muy poca diferencia entre los protagonistas del balotaje, lo que los empuja a refinar la fiscalización durante el escrutinio del 19 de noviembre.

Este propósito afecta principalmente a la oposición, que transita una luna de miel tumultuosa entre los operadores de Javier Milei y los de Mauricio Macri. Ese híbrido que es el Pacto de Acassuso mezcla una agrupación caótica y difícil de manejar como es La Libertad Avanza, con un esquema gerencial como es el club de amigos de Mauricio. Lo que puede aportar a la sociedad transgénica con Milei es la organización que permita encuadrar a los tumultuosos mileistas.

 

La dialéctica negativa del balotaje

Macri se juega un pleno en este apoyo a Milei, que le ha costado una división dentro del PRO y un divorcio litigioso con los otros aliados de Cambiemos. Si ha jugado todo a esta ficha y pierde, cargará con la responsabilidad de la derrota del voto no peronista.

Ancla la jugada en la constatación de que hay una demografía silenciosa, que dejó de articularse en las marcas partidarias que compitieron hasta, para resolver una dialéctica negativa:

1) ¿Qué razones existen para que este gobierno siga? ¿Para que te diga el mes que viene que hay otro 10% de inflación? Hay que tener ganas de votar eso.

2) El balotaje es en realidad un plebiscito sobre Milei. ¿Representa al arco amplio pero moderado que tuvo en la última década el 42% de los votos?

El resultado del 19 de noviembre medirá el rechazo –o no– de la burguesía al extravagante Milei y a que continúe –o no– Massa. Un plebiscito sobre el asco. Una mezquindad de la dirigencia hacia el amable público.

El peronismo tiene más despliegue territorial y confía en tener un fiscal en cada mesa, un fiscal general en cada escuela y los reemplazos en caso de ausencia. Moviliza alrededor de 150 mil fiscales. La oposición intenta lo mismo, pero con más esfuerzo para cubrir las 108 mil mesas que se abrirán el domingo.

En las PASO y en la primera vuelta hubo muchas mesas, aun en distritos muy poblados del Conurbano, en donde Milei no tuvo fiscales. Igual ganó. Le controlaron el voto las otras fuerzas, en particular el peronismo, porque entendía que eso le complicaba la vida a Juntos por el Cambio.

Para este balotaje, la división de Juntos por el Cambio por el Pacto de Acassuso arrojó un cálculo del comando de Milei sobre la caída, para la segunda vuelta, de un 60% de la fiscalización que tuvo en las PASO y la primera vuelta.

En distritos grandes como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe el radicalismo y la coalición no registran actividades de fiscalización. Toda la tarea queda en manos del macrismo, que tiene que superar esta prueba.

Esta vez tienen que reclutar de apuro a esos fiscales, amigar a los del PRO con los de la LLA que están juntos por necesidad de sus jefes, pero que quieren saber para quién juegan. «Son 108.111 rings abiertos en todo el país y en todos contra Mike Tyson», me dice uno de los responsables de fiscalización del Pacto de Acassuso.

 

¿Qué pretende usted de mí?

El operativo se controla desde un cuartel que abrió el pacto en Av. del Libertador el 7200 de CABA y este fin de semana se ufanaban de haber completado el número de vigilantes para la elección, con una mayoría de fiscales territoriales, profesionales con experiencia, y con menor gravitación de los voluntarios y espontáneos, que también los hay.

Este reclutamiento de fiscales no ha sido pacífico. El riesgo del fiscal profesional es que pueda traicionar la misión. Un buen espía es siempre agente doble. Lo mismo puede pensarse de un fiscal de mesa, que cobra por lo que otros hacen por amor. ¿Me amas?, le preguntan en la intimidad. Nunca lo sabrás.

Hasta este fin de semana “tenemos más fiscales que los que necesitamos”, se ufanaban este domingo en la oposición. El comando decía haber superado las 96 mil inscripciones en las dos plataformas habilitadas para reclutar fiscales en todo el país.

Admiten que hay gobernadores radicales que están comprometidos con la neutralidad de su partido, pero que mandan fiscales a anotarse. También registran a larretistas que quieren festejar alguna vez, aunque sea detrás del abominable hombre de la motosierra.

Esas plataformas juntan las bases de Milei y las de la candidatura de Patricia Bullrich, que confió la changa a Paula Bertol. Debieron superar peleas esperables, como los celos de los seguidores de la Libertad Avanza en distritos en donde aparecieron delegados del PRO para «ayudar». ¿Qué buscan ustedes, que perdieron?, se escuchó, por ejemplo, en La Matanza. Estas escaramuzas se embozan por razones obvias. El mundo del control del voto es tan clandestino e impenetrable como el del espionaje.

El enganche del Pacto de Acassuso es el emprendedor serial Eduardo Bastitta, otro debutante del macrismo gerencial, que arbitra entre las tribus como hombre de confianza entre Macri, Milei y Bullrich. Debió terciar en la puja entre los newman boys –José Torello, Guillermo Dietrich, etc.– y el ex massista Guillermo Ferraro, de la confianza de los Milei. Debió enfrentar la misma pelea que en La Matanza. ¿A qué vienen acá, ustedes que perdieron?

 

Nos estamos conociendo

La tarea más importante es amigar a los socios de ese entendimiento. No se conocen y no han caminado juntos, ni en la cúpula ni en la base. La negociación en la oposición de quién, cómo, dónde y por cuánto se fiscaliza, se filtra desde el comando opositor con notas de malestar en boca.

Pudo motivar una intervención personal de Macri por zoom desde Chile el sábado por la mañana, para llamar a la tolerancia a sus embajadores ante el mileísmo –Torello, Dietrich, Bastitta, entre otros–. Esa reunión se repitió este domingo, poco antes del debate.

Macri discutió la necesidad de ajustar la fiscalización con Patricia Bullrich, Cristian Ritondo, Sebastián García de Luca, el ritondista Guillermo Sánchez Sterli, el santillista José Luis Acevedo y otros operadores territoriales. Nadie puede quedar afuera de esta prueba de sangre que compromete a Macri en otra jugada a todo o nada.

El lunes por la noche Milei y su cúpula recibieron en el hotel Sheraton a los legisladores electos el 22 de octubre en todo el país. Mucho festejo y VLLC –viva la libertad caramba–, pero fueron más evidentes los chispazos.

Los socios del pacto en el interior ya preguntan quién se hará cargo, en caso de ganar Milei, de las delegaciones del PAMI, el Anses, la SIDE, Migraciones, Aduanas, Renaper, Correos, etc. Esas changas son el pan con manteca de la política, el botín que cobrarán quienes hagan ganar las elecciones, empezando por la responsabilidad de fiscalizar.

Antes de tiempo, ya los reclaman los punteros del PRO y LLA en el interior. Los embarga, como suele ocurrirles a quienes debutan en política, el optimismo. El mismo que traicionó a Juntos por el Cambio. Ya creen haber ganado.

Esta querella adelanta algunas peleas que desafían capacidad de liderazgo del candidato. Tampoco es líder, no contiene a su contradicción, como tampoco lo son Macri, ni Massa. Ni Cristina, ni Morales. Son jefes de sus tribus que recortan hacia dentro.

 

Príncipes de la emergencia

Los dos candidatos del balotaje comparten, entre otras consignas, el diagnóstico de una Argentina en emergencia. La emergencia es el atajo para abordar una realidad inmanejable. Sergio Massa es el ministro del gobierno que debutó en 2019 declarando la emergencia en una sola ley. Javier Milei amenaza fujimoramente que avanzará en cambios que, si no tienen respaldo legislativo, intentará imponer por decreto o por consultas directas al público.

La vocación republicana de un gobierno se mide por la voluntad de respetar el rol de cada poder. Hacerlo es una prueba de libertad y de fuerza, una misión difícil para candidatos débiles que, además, repiten la patraña de ser delegados de jefes partidarios que los han puesto en donde están.

Massa va a las elecciones transmitiendo la necesidad de que el voto le dé lo que él no pudo ni quiso hasta ahora: emanciparse de Cristina de Kirchner. Milei admite alegremente que es el mejor abanderado de las ideas del macrismo. Los dos están jibarizados por sus padrinos.

La primera experiencia de este siglo en materia de presidentes con padrino motivó la famosa promesa de Eduardo Duhalde: el que trajo al loco que se lo lleve. Prometía llevarse a Néstor Kirchner, a quien él puso en el poder. No pudo, o no quiso.

Sigue vigente el reclamo: el que pidió de frutos rojos, que se lo coma, porque hay gente en este país que, cuando se compran los helados, piden de frutos rojos y después se comen el de chocolate y dulce de leche que habían pedido los otros. Un drama criollo.

 

Una ley de lemas de facto

Los candidatos del 19 de noviembre no han abierto la boca sobre esta condena a las emergencias encadenadas de los gobiernos argentinos, versión mayor de su debilidad. La debilidad no es responsabilidad de los candidatos. Es una consecuencia inmanejable de la cadena de fracasos de los gobiernos.

Estamos en una carrera de fracasados: Sergio hizo la peor elección del peronismo; Milei perdió y va a buscar agua a lo de Macri; Patricia que quedó afuera; a Larreta le caminaron por la cabeza y los radicales quedaron abajo de Horacio. Están flotando en el agua agarrados de un salvavidas después de chocar el Titanic.

El país y la sociedad son más fuertes que sus dirigentes. Se defienden mejor, votan siempre bien, no se engañan ni los engañan, como afirman los dirigentes débiles. La mitad de la Argentina está en la informalidad. La informal da de vivir a la formal y paga el hambre de todos los pobres de la región que vienen a vivir acá. La mitad de la economía se trafica en las sombras. El ahorro fuera del sistema llega a los USD 400.000 millones, según la AFIP. Hay cálculos privados que hablan de USD 600.000 millones.

La Argentina formal no encuentra una fórmula para manejar a la informal. Hasta el Pacto de Acassuso expresa la distancia entre el país formal y el informal. Macri y Milei cerraron una ley de lemas de facto que malversa el mandato de las urnas de las PASO y la primera vuelta. Un pacto (en) negro.

 

Al borde de la legalidad

Tuvo hasta hace 40 años un recurso perverso, que la política sepultó, que eran los golpes de estado. El partido militar prosperó justificándose en que era el cambio y sin oposición. A la fuerza, imponía las medidas que en democracia sólo se pueden hacer declarando la emergencia que frena las libertades y los controles de los otros poderes.

Hoy no quedan, felizmente, ni los boy scouts como hipótesis de uniformados. Era el triunfo de la informalidad. Y el peronismo, ni reponiendo todas las emergencias que había cancelado Cambiemos en 2015, ha podido gobernar desde la formalidad.

Entre los renuncios de Macri y la grey que lo acompaña en el Pacto de Acassuso está no haber sumado al mandato que improvisó con el candidato de La Libertad Avanza, el respeto al sistema republicano, una de las claves de la libertad que se proclama.

Cuando asumió en 2015, el gobierno de Cambiemos derogó todas las emergencias que habían regido en el ciclo Duhalde-Kirchner. Quedó una sola, la emergencia social que creó el Salario Social Complementario, fruto del acuerdo de aquel gobierno con las organizaciones sociales controladas por el francisquismo.

En la ley de 2019 que pidió Martín Guzmán, el peronismo restauró las emergencias en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social (ley 27541). Iban a regir durante un año, pero fueron renovadas religiosamente por decreto hasta este año.

El constitucionalista Antonio María Hernández considera que el decreto 131 del 10 de marzo, que prorroga las emergencias, es inconstitucional. La reglamentación de derechos recuerda en su libro “Emergencias, orden constitucional y COVID-19”, sólo puede hacerse por medio de leyes, por lo dispuesto en los Arts. 14, 19 y 28 de la Constitución.

 

*EC/NA