10 julio, 2024
El presidente Javier Milei firmó el lunes por la noche un «Pacto de Mayo» con 18 Gobernadores, y más allá de lo abstracto del acto, los mandatarios provinciales que se hicieron presente en Tucumán le confirieron impulso político al Gobierno nacional para que avance en reformas económicas estructurales. Paradójicamente, serán las Provincias las que sufran la reconversión de fondo que propone el jefe de Estado.
Uno de sus puntos del Pacto firmado habla sobre la explotación de los recursos naturales, algo que preocupa a los sectores socioambientales. «Un compromiso en las Provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país (sic)”, dice el punto 7 del Acta de Mayo. Un punto que por cierto entusiasmó al sector minero en provincias como Chubut, donde diferentes lobbies empresarios y profesionales siguen insistiendo con la explotación extractiva pese a la negativa social reiterada y a la plena vigencia de la Ley 5001 que prohíbe la minería en el territorio provincial.
Según la mirada de analistas, este punto del Pacto dejó abierta una puerta para diferentes negociaciones, aunque de momento, no hay garantías de que las empresas que inviertan bajo el RIGI lo hagan en actividades productivas que generen beneficios a largo plazo para la sociedad.
«Es más probable que inviertan en actividades extractivas que agoten los recursos naturales sin generar un desarrollo económico sostenible. El RIGI fue fijado para perdurar durante 30 años. Es decir, pasando el año 2050. Las agendas globales de desarrollo (por ejemplo del G7 donde fue invitado Milei) proponen un proceso de descarbonización de la economía sobre todo entre 2030 y 2050. ¿Qué acuerdos pondrán en marcha las Provincias si la legislación permite fijar condiciones que no tienen en cuenta el mediano o largo plazo?», se preguntan los observadores finos.
En Chubut, donde la memoria de las intentonas extractivas aun está fresca como así también las consecuencias de los enfrentamientos que ocasionó la última aventura legislativa para reformar la Ley vigente, el gobernador Ignacio Torres ha venido diciendo que no están dadas las condiciones para la explotación minera por falta de licencia social.
Sin embargo desde Nación ya habrían mandado más de un mensaje para que esto se revea, siempre bajo argumento que las Provincias deberán ‘vivir de los suyo’. Una indirecta que con bastante menos eufemismo tradujo la ministra Patricia Bullrich en febrero pasado, cuando espetó aquella triste frase de que en Chubut, “No vive nadie, no hay más que un millón de guanacos”, para terminar explicando que la provincia podría vivir de la minería ya que en su territorio hay una gran concentración de minerales y muy baja densidad poblacional. Esa reflexión la utilizó para cuestionar la demanda de Torres ante el recorte de los fondos coparticipables, pero evidenció el eco de lo que promueve de fondo la Casa Rosada sobre el territorio.
