6 marzo, 2025
El nuevo acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) promete ser un punto de inflexión en la política económica del país.
-Por Pablo Das Neves*
El nuevo acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) promete ser un punto de inflexión en la política económica del país. Con una inyección de entre 12.000 y 20.000 millones de dólares, el Gobierno busca reforzar las reservas del Banco Central (BCRA), reducir el riesgo país y estabilizar las variables macroeconómicas. Sin embargo, la historia de los acuerdos con el FMI muestra que su éxito dependerá no solo del financiamiento recibido y sus condiciones, sino también de la capacidad del país para implementar medidas que permitan un crecimiento sostenido sin generar nuevos desequilibrios.
El acuerdo esencialmente es un mecanismo para sanear el balance del BCRA mediante la cancelación parcial de Letras Intransferibles del Tesoro Nacional, que actualmente representan cerca de 23.000 millones de dólares en los pasivos del Banco Central. Estas letras se emitieron con muy bajo interés, a largo plazo y no son exigibles en el corto plazo, por lo que su reemplazo por deuda con el FMI implica un cambio en la calidad de los pasivos del Estado. Aunque la deuda bruta no se incrementa, se traslada una obligación interna flexible a un compromiso con un organismo internacional que exige pagos concretos y plazos estrictos. Es importante entender que, básicamente y en términos muy sencillos, el tesoro de la Nación tomo los dólares del Banco Central (dólares del sistema) y les entrego una suerte de “paga dios”. Este cambio de acreedor constituye una mayor carga financiera para el Estado, quien deja de tener una deuda barata y flexible por una cara y menos flexible.
Desde una perspectiva de mercado, este cambio puede ser percibido positivamente, ya que reduce la percepción de que el Tesoro continuará financiándose con emisión monetaria. En el corto plazo, esto podría aliviar las presiones inflacionarias y cambiar las expectativas sobre la evolución del tipo de cambio y la tendencia del mercado. Sin embargo, también implica para el Estado la obligación de generar ingresos genuinos para afrontar los pagos futuros, lo que prende una luz de alarma sobre la sostenibilidad fiscal de la medida a futuro.
Como cualquier medida, el impacto del acuerdo no será homogéneo en toda la economía. Existen sectores que pueden beneficiarse de la mayor estabilidad cambiaria y del acceso a financiamiento internacional, mientras que otros podrían verse afectados por las condiciones que el FMI, probablemente, impondrá en términos de ajuste fiscal y reformas estructurales.
Entre los sectores ganadores, el más evidente es el financiero. La reducción del riesgo país (actualmente en torno a los 670 puntos básicos) y la mayor previsibilidad en la política monetaria podrían favorecer la recuperación de bonos soberanos y acciones bancarias. De hecho, los títulos de deuda argentina han tenido una leve apreciación en los últimos días, anticipando un posible rally alcista tras la firma del acuerdo.
Las empresas exportadoras, especialmente las agroindustriales, pesqueras y mineras, también pueden verse beneficiadas. Con una mayor disponibilidad de dólares en las reservas, el Gobierno podría flexibilizar parcialmente el cepo cambiario o mejorar los esquemas de liquidación de divisas, como el «dólar blend». Actualmente, las retenciones y los mecanismos de acceso al mercado oficial afectan la competitividad de estas industrias, por lo que un alivio en este sentido podría mejorar su rentabilidad.
Sin embargo, también hay sectores que podrían enfrentar dificultades. Uno de los principales riesgos está en el consumo interno, que podría resentirse si las condiciones del acuerdo incluyen una reducción de subsidios o un ajuste en el gasto público. En un contexto donde aproximadamente el 40% de la población está en situación de pobreza, cualquier ajuste que afecte el poder adquisitivo puede tener efectos negativos sobre el comercio y la industria manufacturera orientada al mercado local.
El sector energético también podría sufrir presiones. Aunque el FMI no suele imponer condicionalidades específicas sobre tarifas, si sugiere aproximaciones a los precios internacionales. Es esperable que el Gobierno busque reducir el déficit fiscal mediante una recomposición de precios en servicios públicos, debido a los altos subsidios que brinda. Esto impactaría en los costos de producción de varias industrias y podría desacelerar la actividad económica en el corto plazo.
Entre los aspectos positivos, el principal beneficio del acuerdo es la recomposición de reservas. Argentina necesita dólares frescos para afrontar vencimientos de deuda y evitar una crisis cambiaria. Con reservas netas negativas que superan los 10.000 millones de dólares, el margen de maniobra del BCRA es prácticamente inexistente. El desembolso del FMI no solo permite reforzar esta posición, sino que también envía una señal de respaldo a los mercados. Si Argentina volviera a tener acceso al financiamiento internacional, los riesgos de desequilibrios macroeconómicos caerían significativamente.
Otro punto a favor es la posibilidad de que el acuerdo sirva como ancla para la política económica. Si el Gobierno logra articular un programa fiscal y monetario creíble, el impacto sobre la inflación podría ser significativo. En 2024, la inflación anualizada se fue del 118%, y constante la reducción en la emisión monetaria, combinada con mayor previsibilidad en las cuentas públicas, podría contribuir a una desaceleración en los precios.
No obstante, el acuerdo también presenta riesgos importantes. Uno de ellos es la falta de margen político para implementar reformas estructurales. Si bien el uso de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para aprobar el acuerdo evita la dilación en el Congreso, también genera incertidumbre sobre su viabilidad en el largo plazo. La oposición podría cuestionar la legitimidad del mecanismo y dificultar la implementación de medidas complementarias.
Además, está la amenaza del sobreendeudamiento. En este punto hay que hacer una aclaración. Al gobierno le gusta hablar de “Deuda Bruta”, sumando la deuda del sector publica con la del BCRA. Esto metodológicamente no es correcto, ya que ambos son (o deberían ser) entes separados. Aun así, aunque la deuda bruta no aumenta con este acuerdo en particular, Argentina sigue teniendo compromisos financieros elevados. En los próximos años, el país deberá afrontar vencimientos con el FMI, organismos multilaterales y tenedores de bonos privados. Si el crecimiento económico no se reactiva, el riesgo de que el alivio financiero de hoy se convierta en una nueva reestructuración en el futuro sigue latente.
En síntesis, el acuerdo con el FMI representa una oportunidad para mejorar la estabilidad macroeconómica de Argentina, pero esto es de cortísimo plazo y gran urgencia. No es para nada una solución mágica. Su éxito dependerá de la capacidad del Gobierno para implementar medidas que aseguren un crecimiento sostenido sin agravar los desequilibrios estructurales. La recomposición de reservas y la reducción del riesgo país son señales positivas, pero el desafío será evitar que este alivio momentáneo se transforme en una nueva crisis dentro de poco tiempo.
En los próximos días habrá que estar atentos a las condiciones finales, aún desconocidas, del acuerdo y a su implementación efectiva. Mientras tanto, seguiremos observando los efectos de la incertidumbre de una economía que, más allá del financiamiento externo, necesita reformas profundas para garantizar su estabilidad en el largo plazo.
