5 abril, 2022
Por Néstor O. Scibona
Tres denominadores comunes vinculan el sospechoso blanqueo promovido por Cristina Kirchner en el Senado; los ataques políticos a la Corte Suprema y la intención de regular las redes sociales: ensanchan aún más la grieta política, refuerzan el discurso ideológico del kirchnerismo y difícilmente puedan avanzar en el Congreso
Pocas veces como esta semana surgió del oficialismo una seguidilla de iniciativas testimoniales, tan polémicas como ajenas a las principales preocupaciones cotidianas de los argentinos ante el sombrío panorama económico y social.
Tres denominadores comunes vinculan el sospechoso blanqueo promovido por Cristina Kirchner en el Senado, disfrazado de “impuesto a la fuga de capitales” para cancelar la deuda con el FMI; los ataques políticos a la Corte Suprema, con la amenaza del voto popular para designar a sus integrantes, y la intención de regular las redes sociales en defensa de la democracia a costa de restringir la libertad de expresión.
Uno es que ensanchan aún más la grieta política y acentúan la debilidad institucional, justo cuando los tres poderes del Estado nacional están empantanados, como lo explicó acertadamente Carlos Pagni en su columna del jueves en LN. Otro, que sólo refuerzan el discurso ideológico del kirchnerismo en el enfrentamiento con sus socios del Frente de Todos. Y el tercero es que esas iniciativas difícilmente puedan avanzar, por la sencilla razón de que el oficialismo perdió en diciembre la mayoría absoluta en las dos cámaras del Congreso.
Más bien se asemejan a fuegos artificiales para desviar la atención, que en la mayor parte de la sociedad está concentrada en el agravamiento de problemas reales como la aceleración de la inflación, que en marzo superó el 4,8% de febrero, con una única duda: si la suba tendrá por delante un número 5 o 6. También en las erráticas respuestas del Gobierno para atenuar sus efectos, con viejas recetas y parches que ya probaron su fracaso. A tal punto que ahora incluyen componentes religiosos, como los demonios invocados por el Presidente al referirse a sus causas; o la resignación del secretario de Comercio al admitir que no puede hacer milagros con los precios. Ni uno ni otro reconoció lo más evidente: que la escalada inflacionaria de los últimos meses es el efecto rezagado del impulso fiscal y monetario del plan “platita”. De hecho, un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso indica que 48% del gasto de capital de 2021 ($1,1 billón, con un aumento real de 127%) se devengó en el último bimestre del año ($568.300 millones, destinados a obras públicas, fondos fiduciarios y empresas estatales).
La única medida concreta desde que hace dos semanas se anunció la “guerra” contra la inflación fue el acuerdo para bajar y congelar el precio del pan por 90 días, junto con la intención de que las panaderías vendan roscas de Pascua a valores accesibles. Pero el mecanismo empleado se asemeja a vestir a un santo y desvestir a otro: la reducción del precio de la harina de trigo se financia con el aumento de las retenciones a la exportación de aceite y harina de soja. Un subsidio cruzado que reduce la competitividad de esta rama agroindustrial en los dos rubros de mayores ventas externas y que en marzo liquidó casi US$3000 millones, el mayor monto para ese mes de los últimos 20 años.
Alberto Fernández admitió ahora que la inflación de 2022 tendrá un piso de 60% y atribuyó 10 puntos porcentuales a la explosiva suba de los precios internacionales del agro y la energía por la guerra en Ucrania. Pero este diagnóstico más realista implica reconocer el componente doméstico de los otros 50 puntos y la ausencia de una estrategia coordinada para paliar sus efectos sobre el poder adquisitivo de la población.
Por lo pronto, el Gobierno recurrió al viejo manual de anunciar para abril un bono de $6000 para los jubilados con haber mínimo (alrededor de 70% del total) y convocar a las cúpulas de la UIA y la CGT a un acuerdo tripartito de precios y salarios. No obstante, su alcance es limitado para la actual realidad laboral: los trabajadores formales del sector privado y público, con paritarias, representan menos de la mitad de la población ocupada, que asciende a 20,2 millones de personas, de las cuales 7,8 millones desempeñan tareas precarias con ingresos informales y/o planes sociales.
Esto explica además por qué hay diferencias entre la foto de baja de la pobreza por menor desempleo a fin de 2021 (pese a la inflación de casi 52%) y la película que proyecta para 2022 un aumento de ambas curvas por mayor inflación combinada con desaceleración de la actividad económica. También la presión de los grupos piqueteros de ultraizquierda que paralizaron durante tres días la avenida 9 de julio, en reclamo de más planes por fuera de las organizaciones sociales afines al FdT.
Para curarse en salud, el propio FMI reiteró esta semana que el programa acordado con la Argentina enfrenta “riesgos excepcionalmente altos” debido a la fragilidad de la situación económica y social. Hace ocho días, al aprobarlo, también había alertado sobre el riesgo político que implican las diferencias internas dentro del oficialismo y la ausencia de acuerdos con la oposición.
Por ahora, el único rédito que pudo obtener el Gobierno es el refuerzo de las reservas brutas del BCRA con el desembolso del Fondo, que se tradujo en la baja de las cotizaciones alternativas del dólar.
Un semáforo elaborado por la Fundación Capital, con datos promedio de los últimos 15 días para graficar las alertas cambiarias a monitorear, pone luz roja al nivel de reservas netas (US$2263 millones, antes del giro del FMI); amarilla a la brecha cambiaria (77%, por primera vez desde junio de 2021); roja a la compra neta de divisas del BCRA (-18,9%); también a la devaluación del tipo de cambio oficial en términos reales (-2%); a la demanda de dinero (-5%) y la tasa de interés real (-21,8%), mientras con verde aparecen el roll over de la deuda en pesos (148%) y la asistencia al Tesoro del BCRA (0%). Sin embargo, su titular, Martín Redrado, advierte que las próximas revisiones trimestrales del cumplimiento de las metas acordadas (la primera de las cuales fue anticipada a mayo) pueden generar tensiones cambiarias. Más aun porque las colocaciones de instrumentos ajustados por inflación (CER) impulsan un carry trade que podría volcarse a la demanda de dólares si no se genera confianza.
En el corto plazo, la principal incógnita es el impacto del alza de los precios internacionales de los hidrocarburos sobre las cuentas fiscales y externas, ya que los subsidios aumentarán (64%), pese al ajuste de tarifas, y las importaciones de gas y combustibles líquidos para generación eléctrica podrían superar los mayores ingresos de las exportaciones agrícolas. A esta perspectiva se agregan los posibles cortes programados en el suministro de gas a las industrias para preservar el consumo residencial.
La única novedad en este terreno es un borrador de ley corta de Hidrocarburos, que el portal Econo Journal atribuye a Sergio Massa y apunta a impulsar la producción y exportación de petróleo. El proyecto de 35 artículos, que comenzó a circular esta semana, prevé una vigencia de 25 años, abarca las concesiones de explotación no convencional (Vaca Muerta) que realicen inversiones directas por no menos de US$50 millones en los próximos tres años, asociadas obligatoriamente a un programa de desarrollo de proveedores nacionales. A cambio, las compañías tendrán libertad de contratación, acceso y fijación de precios en toda la cadena de valor y podrán exportar el 20% de la producción de crudo y gas natural sin retenciones y aplicarlas al pago de deudas financieras, costos operativos, inversiones, distribución libre de utilidades y rescate de capital, con acceso al mercado oficial de cambios para adquirirlas. Una flexibilidad no incluida en el proyecto anterior, cuya elaboración demoró dos años para conformar a la interna del FdT y no llegó a tratarse en el Congreso.
*LN/ NA
