3 julio, 2020
LEY 5001: IDEOLOGÍA Y POSICIONAMIENTOS A DEBATE
Mario Bensimón, es vicepresidente de la Cámara de Proveedores y Empresarios Mineros del Chubut, y se metió de lleno en un tema que suele arrastrar perspicacias y gran debate: El vínculo de los ingresos provinciales, el empleo público y la perspectiva de desarrollo minero. Para ello cuestionó incluso el escaso desarrollo del empleo privado.
Según el referente, el alto crecimiento de las plantas de empleados del Estado tanto a nivel provincial como municipal, que se generó desde 2003, (año coincidente con la sanción de la legislación que prohibió la minería en la provincia a la fecha), habrían ocasionado una debacle en las finanzas públicas.
El vicepresidente de CAEM afirmó que “si hay algo en Chubut que no es sustentable es este modelo” vinculado con la Ley 5.001 y a la prohibición de la minería. Bensimón ató este concepto este viernes en una entrevista con LU20 Radio Chubut en la que afirmó que existen actualmente sectores que “tienen como objetivo profundizar el modelo que la Ley 5.001 generó”.
“Sectores contrarios a la actividad minera y al desarrollo comenzaron un proceso de iniciativa popular que tiene como objetivo profundizar la 5.001 y el modelo que generó”, agregó.
Cómo llegó al vínculo de ambas conclusiones, la sobredimensión del Estado y el impedimento minero, fue un hilván delicado que fue tejiendo a la luz de la entidad que representa y que seguramente será ampliamente revisado por la opinión pública.
Insistió con que “ante la intención de algunos sectores que quieren profundizar este modelo, les pedimos a economistas que trabajan con nosotros que nos grafiquen cómo nos fue con esta Ley (antiminera)”, explicó el abogado especializado en Derecho Constitucional y Minero.
“Cuando empezamos a ver los resultados vemos consecuencias muy marcadas desde la sanción, en 2003”, enfatizó. “Vimos por ejemplo -continuó- que hasta 2017, la Dirección General de Asuntos Provinciales de Nación, registra a Chubut como una de las provincias que más incrementó su planta permanente de empleados públicos, con un 79%, lejos del 10% de Formosa o del 36% de Santa Fe”.
“Esto -dijo- incrementó la masa salarial en más de un 4.700% e incrementó el gasto público total entre 2003 y 2019 un 7.354 por ciento”, cuantificó.
Añadió que “en este mismo período, en el que el sector público anduvo en una moto de alta cilindrada, el sector privado anduvo en una bicicleta en llanta. Porque Chubut fue una de las provincias que menos incrementó su empleo privado”.
Hizo hincapié en que, “según datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, Chubut fue quinta entre las provincias que menos empleo generaron superando solo a San Luis, La Pampa, Catamarca y La Rioja con casi un 17% menos que la media nacional a partir de 2003”, pese a que en ese período “cuando Argentina dejó la crisis de 2001 y 2002 experimentó años de inédito crecimiento económico”.
“Por eso decimos -añadió- que básicamente el modelo de la Ley 5.001 propició el empleo público como ningún otro, ya que a partir de 2003 el modelo ideológico fue esta ley”.
Ahondó en este aspecto que “según datos del Instituto de Seguridad Social y Seguros, entre Provincia y municipios hacen aportes 65.000 empleados públicos. Los que realizan aportes son los integrantes de la planta permanente”.
“Si a eso le sumamos la planta transitoria de Provincia y municipios, si le agregamos los contratos de locación de servicios que tienen Provincia y municipios, si a esto le agregamos las becas de Provincia y municipios, estamos muy cerca de los 94.900 empleos públicos registrados, según el Ministerio de Trabajo de la Nación informó el año pasado”, dijo.
Es decir, definió, “si hay algo en la Provincia que no es sustentable es este modelo”.
Al hacer una lectura de la situación, Bensimón afirmó que “esto genera otra consecuencia: si el único empleo que existe en la provincia es el público, tenemos que ver cuál es el criterio de selección para acceder a esa planta pública. Y vemos que ese reparto de ese empleo público lejos está de tener criterios justos y equitativos: básicamente fomenta el poder de los punteros políticos que tienen la posibilidad de meter gente en el Estado. Y los que entran son los que tienen vínculos con esos punteros”.
“Y en los últimos años ha surgido una nueva clase política: son estos punteros políticos cuya mayor virtud es ubicar a sus amigos en el Estado”, enfatizó.
“Un empresario, cuando analiza la seguridad jurídica en una provincia, analiza su historia normativa en general. Y lo que estamos diciendo es que esta ley formó parte de un conjunto de leyes y de decisiones políticas que desincentivaron como nunca la inversión privada en esta provincia”, agregó.
Y, para finalizar, puso como ejemplo la obra del Dique Ameghino, realizada en la década de 1950 y sobre la que, dijo simplificadamente: “ha solucionado problemas de los valletanos y valletanas que tenían que vérselas con inundaciones. ¿Y qué hubiera pasado si una obra de esta magnitud hubiera sido paralizada por 20 personas por un prejuicio ambiental o por un interés gremial?, se preguntó”.
