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27 noviembre, 2021

Massoni se fue, dejando un protocolo inconstitucional de uso de armas de fuego en Chubut

La renuncia del ‘exsuperministro’ de Seguridad, Federico Massoni y su reemplazo viene concentrando la atención política provincial, pero posiblemente el tema central no es quien reemplaza a Massoni, sino cómo. Tema fundamental por tratarse de un ministerio que define políticas públicas vinculadas al cuidado de la ciudadanía pero que ostenta nada más ni nada menos el uso legítimo de la fuerza.

No es necesario detallar los casos que en cuatro años rodearon de polémica y cuestionamientos a un ministerio que desplegó una política con resultados altamente represivos pese a las proclamadas intenciones preventivas.

Massoni se fue, dejando un protocolo inconstitucional de uso de armas de fuego en la Provincia

En ese marco, el Protocolo de uso de Armas de Fuego aprobado en 2020 por el exministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni es el mecanismo que el gobierno de Mariano Arcioni deberá también reemplazar para restablecer la democratización de su fuerza policial. Precisamente ese Protocolo permitió el asesinato del vecino «Tino» Jhon en la Comarca Andina habilitando un nivel de violencia institucional sobre un caso de reducción de una persona enferma y desvalida pocas veces vista en el país. Muerte que permanece impune y caso cuya responsabilidad recaerá finalmente en la conducción política.

La de «Tino» Jhon es probablemente una de las más difundidas a nivel nacional, pero también siguen pendientes de justicia la represión sufrida por Gabriel Fredes que recibió una lluvia de perdigones en su rostro, y tantas otras situaciones de desmanejo que permite el Protocolo vigente.

Ese Protocolo que dejó andando la gestión es una copia fiel del impuesto por la gestión de la exministra Patricia Bullrich que finalmente el gobierno de Alberto Fernández derogó, mientras Chubut lo implementó con plena vigencia, habilitando los numerosos casos de intervenciones institucionales excedidas al punto de cobrarse vidas.

Esta probablemente es una de las ‘herencias’ ministeriales que requerirá revisión y a la que la ciudadanía le dió literalmente la espalda en las urnas, con la consiguiente salida de la conducción política y policial.

Hay una acción judicial en el Superior

 

 

El tema no es nuevo pero cobra vigencia a partir del recambio de autoridades y de los casos de violencia institucional que oscurecieron el fin de semana largo en el país con el asesinato de Lucas González (17) de un tiro en la cabeza a manos de policías de CABA, y el Elías Garay en Río Negro con un disparo en el tórax presuntamente por sicarios aunque se investigan las intervenciones institucionales.

El caso de «Tino» Jhon en Chubut quedó atemperado por su condición psiquiátrica con la que se pretendió justificar el accionar institucional. Hace dos meses se realizó la pericia y el propio Fiscal, carlos Díaz Meyer señaló que «el fallecido habría recibido un solo tiro en la frente” y frente al accionar del grupo espacial de la Policía de Chubut, indicó que “hay un protocolo de actuación que les indica cómo deben actuar”, refiriéndose precisamente a la reglamentación cuestionada que permitiría ultimar a un ciudadano ‘si fuera necesario’.

De hecho, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos del Este de Chubut presentó recientemente una acción judicial para que el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Chubut declare la inconstitucionalidad del Protocolo Para uso de Armas de Fuego para la Policía Provincial, aprobado en el año 2020, por el Ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni. «Se trata de una copia textual del Reglamento de uso de armas de fuego de quien fuera Ministra de Seguridad del Macrismo, Patricia Bullrich, que fue derogado tan pronto asumiera el gobierno del Frente de Todos por ser contrario a la Constitucion y pactos internacionales de jerarquía constitucional», advierte el organismo.

«La APDH viene luchando contra el Protocolo desde su aprobación en el mes de noviembre del año pasado. La Junta Promotora del Este del Chubut solicitó al Gobernador Arcioni, junto a otros organismos de DDHH, la derogación del Protocolo. Ante la falta de respuestas, recurrió también al Procurador General Miquelarena para que sea él quien reclame la inconstitucionalidad del Protocolo a través de un pedido firmado por la Coordinadora Silvia Pecci. Ante la connivencia en un caso y la pasividad en el otro, se decidió por unanimidad interponer la acción judicial, con la firma de sus tres presidentes y del abogado de APDH local Daniel Gómez Lozano, en resguardo de los derechos de la comunidad de la Provincia de Chubut», detalla.

 

Promueven juicio

 

 

Según confirma la APDH del ECH, «La aplicación del Protocolo de Uso de Armas en la Provincia de Chubut generó un enorme impacto con el asesinato de Martín Alejandro Tino Jhon, un vecino de la Comarca Andina con problemas psiquiátricos, que fue la víctima inaugural. Este homicidio es emblemático en la medida que el grupo Geop, el más especializado de la Policía de la Provincia de Chubut, mató de un disparo en la cabeza a una persona con problemas psiquiátricos, que estaba dentro de su casa y acompañado por su pareja. La mera hipótesis de que el vecino Martín Alejandro Tino Jhon contara con un arma de fuego en su vivienda, que no usaba al momento del procedimiento, fue suficiente para que los efectivos aplicaran el Protocolo y en un operativo comando lo asesinaran».

«El Protocolo es inconstitucional porque no establece los principios básicos que deben regir en el uso de armas de fuego para minimizar su peligrosidad. Los principios de excepcionalidad, progresividad y último recurso no están legislados por lo que el uso de armas letales puede interpretarse, y así lo fue en el caso Tino Jhon, como primer recurso frente a situaciones que ameritan otro abordaje, por caso la contención de salud mental», cita el reclamo.

«Las normas del Protocolo de uso de armas de fuego fueron cuestionadas por todos los organismos defensores de derechos humanos, tanto cuando fueron sancionados por el Gobierno Nacional en el año 2019 – luego derogado – mientras fue reproducido por el gobierno de Chubut. También el Ministerio de la Defensa Pública de la Provincia se manifestó en contra y se esperan dictámenes de organismos internacionales que se expresarán de igual modo en el juicio promovido», afirma la APDH.


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