Para ese entonces, Bravo había desarrollado su carrera a partir de ser agregado militar en Washington, inmediatamente después de haber pasado por la Base “Almirante Zar”, y en ese país amasó una fortuna y se convirtió en un próspero empresario gracias a a su empresa de seguridad, RGB Group, fundada en 1990.
Incluso prestó servicios al Pentágono con una de las firmas que registró en los Estados Unidos luego de obtener su residencia permanente, lo que le permitió esquivar la extradición.
En cuanto a este juicio, se trata de una demanda civil iniciada por familiares de las víctimas en 2020 y en ella se solicita una reparación por los crímenes cometidos. La acción es promovida por el Center for Justice Accountability (CJA) en forma conjunta con los estudios jurídicos Keker, Van Nest & Peters LLP y Markus / Moss PLLP.
La presentación logró eludir la traba de la extradición rechazada, con el acompañamiento argentino del CELS. La demanda se basa en la Ley de Protección de Víctimas de Tortura (TVPA por sus siglas en inglés) y busca la rendición de cuentas y reparación.
El Juicio es inédito ya que se realizará bajo la modalidad de “jurados” con el fin de acotar el plazo de resolución del caso. El equipo legal en EE.UU. aspira a desarrollar prueba testimonial y documental del asesinato y tentativa de asesinato de Eduardo Cappello, Rubén Bonet y Ana María Villareal de Santucho y Alberto Camps, y del impacto duradero de estos hechos, incluido el testimonio de familiares y peritos.
Los letrados pedirán al jurado que hallen a Bravo legalmente responsable y que otorguen daños compensatorios y punitivos.
Muchos testimonios recolectados por la Justicia argentina lograron dar cuenta del rol protagónico que tuvo Bravo en las torturas previas y en los fusilamientos a los detenidos. Vale recordar que los sobrevivientes fueron desaparecidos luego, en la última dictadura cívico-militar.
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