11 agosto, 2025
Una vez más, la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chubut (AMFJCh) reiteró el pedido para que se suspenda el referéndum popular que, el próximo 26 de octubre, podría convertir a Chubut en la primera provincia del país en eliminar los fueros de inmunidad en los tres poderes del Estado.
La solicitud, en este caso elevada a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por parte de la entidad que defiende al juez Claudio Petris, busca dejar sin efecto una medida que, tras su aprobación en la Legislatura y en la previa a ser sometida a votación popular, trazaría una línea horizontal entre funcionarios, diputados, gobernador, vicegobernador e incluso representantes gremiales, sin privilegios para ningún sector.
Presentada por el Ejecutivo Provincial y aprobada por el Legislativo con acompañamiento mayoritario, la Ley Provincial V-201 prevé una modificación de dos artículos de la Constitución de Chubut, para lo cual resulta necesario que la sociedad ratifique la iniciativa a través de un referéndum.
El mismo se votará en simultáneo a las elecciones de medio término, con el fin de «sentar las bases de un esquema donde cada ciudadano pueda ejercer sus derechos ´desde el llano’, sin ningún tipo de protección ante delitos civiles o penales», afirman los promotores de la inicitiva. Sin embargo el Poder Judicial resiste esto por considerar que se trata de un paso para vulnerar derechos, atacando la independencia de poderes.
En este contexto, la Asociación de Magistrados volvió a la carga con el pedido para la suspensión del plebiscito.
La solicitud ya había sido impulsada por el juez Claudio Petris, quien acorralado por graves denuncias públicas por la presunta comisión de delitos, hizo que el magistrado presentara su renuncia a la presidencia de la institución en menos de 24 horas.
La AMFJCh siguió con su posicionamiento, y presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, exigiendo que el máximo órgano judicial del país declare inválida la ley que elimina los fueros para “proteger la independencia judicial” y que ello “garantice un juicio imparcial y que se respete la autonomía de los jueces”.
“Son garantías constitucionales que protegen a los jueces frente a presiones políticas o procesos arbitrarios”, esgrimieron desde la entidad.
El grueso de la ciudadanía no ve con buenos ojos la existencia de fueros en ninguno de los poderes del estado, pero a su vez hay un fuerte desconocimiento del funcionamiento de cada uno de ellos. Como sea, la lucha judicial no ha tenido acompañamiento social de envergadura, y a nivel político, el sector que recogió el debate fue el ex intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, quien defendió el accionar y la figura del juez Claudio Petris, durante una reunión con militantes y cargó en duros términos contra el gobernador Ignacio Torres.
Para el Gobierno, “la ‘Justicia VIP’ buscaría arrogarse la representación de la equidad y la imparcialidad en los procesos judiciales, bajo una premisa por lo menos preocupante: para la Asociación de Magistrados, en caso de no conservar los fueros, los jueces no serán ecuánimes en su accionar».
