17 marzo, 2024
El Gobierno los necesita para que el proyecto termine hundido en Diputados. Y el reclamo de fondo es volver al esquema de coparticipación de 57% provincias y 42% Nación.
Por Ignacio Zuleta*
La aprobación en el Senado de una preferencia para el tratamiento del proyecto de convertir en coparticipable al 50% de los ingresos del impuesto al cheque es la señal más alarmante que recibió el gobierno en la semana de apertura de la primera legislatura del mandato Milei. Ocurrió en un tramo poco advertido de la sesión del jueves que derribó el DNU 70. Es la iniciativa de una alianza transversal y multipartidaria, identificada con los gobernadores del no peronismo, presentada en diciembre pasado por dos senadores que hoy gobiernan sus provincias, Ignacio Torres (Chubut) y Alberto Weretilnek (Río Negro).
Esta columna había adelantado que era la herramienta más temible de los gobernadores, acuñada en las dos cumbres de la semana anterior – los patagónicos en Puerto Madryn, los 24 en Casa Rosada. Según esa iniciativa, la recaudación de ese tributo, que hoy alcanza montos parecidos al Impuesto País, de ser aprobada “a partir del 01 de enero del 2024, el cincuenta por ciento (50%) de este impuesto se destinará a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), y el cincuenta por ciento se ingresará a la masa de Coparticipación Federal de Impuestos, Ley 23.548 y sus modificatorias”.
La aprobación de la preferencia no dispara ningún plazo, tiene valor simbólico como expresión de una mayoría. El número fue importante, aunque no alcanzó a tener los 2/3 del total. Faltaron dos votos. Tuvo 45, con dos más eran 47 que son los 2/3. De haber ocurrido, la Cámara podría haber iniciado el tratamiento en ese mismo momento. Pudo quedar aprobado sin necesidad de un paso previo por comisión para darle dictamen. Lo impidió una intervención del Director Técnico de “los 39” senadores que controlan la Cámara alta. Es el título que le dio a Juan Carlos Romero el jefe opositor José Mayans.
La demanda de compensaciones a fondos adeudados a las provincias desde el gobierno anterior está en el centro de las demandas de los gobernadores. Antes de asumir este gobierno, el 7 de diciembre, las provincias pusieron el ojo en el impuesto al cheque. Pero podrían volver a la carga por un reparto del Impuesto País.
El poder de negociación de los gobernadores se ha multiplicado después del rechazo del DNU70 en el Senado. Si el gobierno quiere que el DNU no sea rechazado también en Diputados, deberá acudir a los gobernadores que hicieron todo lo posible para salvarle el DNU 70.
También deberá revisar el método de la confrontación que le impide aprovechar que la mayoría de los legisladores comparte su agenda, pero reclama prolijidad republicana. La derrota en el Senado prueba que no una existe una mayoría legislativa dispuesta a soltar las restricciones republicanas que impuso la reforma de 1994 al presidencialismo. Desde entonces la Argentina es un país semiparlamentario. Es razonable: la gente vive en las provincias, no en esa ficción jurídica llamada Nación.
El gobierno tiene un compromiso con los gobernadores para avanzar con un pacto fiscal que les compense las quitas presupuestarias que las provincias arrastran desde el año pasado, cuando se discutió la baja de ganancias y del IVA que impuso Sergio Massa durante la campaña.
Los entonces senadores Ignacio Torres, Alberto Weretilnek, Pablo Blanco, Edith Terenzi, Carlos Linares, Víctor Zimmermann, Guillermo Andrada y Daniel Berusán presentaron esta iniciativa de coparticipar el cheque. No lograron que se aprobase pese a que en aquel momento recibieron el apoyo de una veintena de gobernadores, incluyendo a Axel Kicillof. Ahora lo reflotan por pedido de la senadora rionegrina Mónica Silva, que responde a Weretilnek.
No es fácil que prospere más que como amenaza y declaración de intenciones porque este impuesto ha caído, por arrastre de la menor actividad. No lo quieren como fuente de compensación ni los gobernadores ni el gobierno nacional.
La mirada de los mandatarios se fijan ahora en una caja más jugosa, el Impuesto País, que se ha disparado geométricamente porque está enganchado al mercado de cambio.
Se resistirá el gobierno y deberá sentarse a conversar sobre lo que los gobernadores quieren en el fondo: que se discuta un nuevo reparto de la coparticipación primaria, es decir de lo que corresponde a la Nación, por un lado, y a las provincias como conjunto por el otro.
Significaría que se vuelva a los porcentajes originales de la ley de 1988, que se han degradado por el unitarismo fiscal de los últimos 30 años.
En el origen del sistema la Nación se quedaba con el 42,34%, las provincias se llevaban el 56,66% y los ATN (una reserva de reparto discrecional), se llevaban el 1%.
Hoy el reparto se dio vuelta. Nación se lleva 57% de lo coparticipable y las provincias el 43%. Si se suman todos los impuestos que se recaudan, coparticipables o no, el reparto es: provincias 30% y Nación 70%.
Si la Nación cede parte de su porcentaje podrá satisfacer la manda constitucional de una nueva ley de coparticipación. Un camino espinoso para un gobierno como el de Milei, que lejos de descentralizar decisiones, se pelea con todos para acumular facultades que espera le delegue el Congreso.
Por ahora, el rechazo del DNU le permite al gobierno un round de victimización. Tiene el recurso, heredado del cristinismo, de que el sistema de los DNU es un ardid para que los gobiernos legislen a sola firma. Le va a costar menos que diputados hunda el proyecto y nunca lo trate. Mientras eso ocurra, el DNU rendirá efectos en todas las materias que no ha inhabilitado la Justicia. Pero si no abre la negociación a los gobernadores, aparecerán quienes querrán voltear el DNU 70 también en Diputados. El poder se construye repartiendo el poder.
El gobierno se acomoda ante señales amarillas que se precipitaron en la primera semana de actividad legislativa. En tres conteos de adhesiones sus adversarios lo pusieron contra las cuerdas. Uno fue la preferencia para coparticipar el cheque; otro, el rechazo del DNU por 42 votos y 4 abstenciones, un total de 46, uno menos que los 2/3 de la Cámara. Después de eso, está el abismo. El tercero fueron los 126 diputados que sesionaron en minoría el miércoles con un objetivo más que manso – emplazar a la Cámara para que trate una fórmula de actualización de las jubilaciones.
Esa sesión la había llamado el bloque Hacemos, que preside Miguel Pichetto, para discutir un proyecto de la Coalición Cívica. Este bloque avanza a convertirse en el eje de la Cámara en cuanto a iniciativas. Encabeza ese movimiento que ya molesta en el Ejecutivo, cuando se queja de que hay sectores de la política que tienen una «agenda propia e inconsulta». El gobierno señaló en estas horas dos ejemplos, el rechazo del DNU 70 y la reforma previsional.
Estas señales responden a un movimiento que avanza en la medida en que el gobierno demora en arrancar su gestión: sectores de la oposición amigable han comenzado a presentar proyectos que buscar instaurar un sistema novedoso en la Argentina: gobernar desde el Congreso.
Esos proyectos son los que, según los amigos del gobierno, este debió enviar por separado y no en los megaproyectos de DNU y ley ómnibus. El gobierno hasta ahora ha intentado acumular una fuerza que le dé legitimidad por encima del 29% de los votos de la primera vuelta. Con esos megaproyectos se hizo daño, porque los debates en el Congreso le han certificado su condición de gobierno de minorías.
La nueva versión de la ley ómnibus, que circula desde el jueves a la noche, insiste en pedir delegación de funciones legislativas. Pero ese debate se mezclará con los proyectos que ya circulan con la autoría de los bloques que lo apoyaron en estos 3 primeros meses.
El bloque de Pichetto hizo punta con el proyecto jubilatorio. Esta semana, martes 19, tienen pedida otra sesión especial para tratar la reposición del Incentivo Docente según un proyecto de Margarita Stolbizer. A ese proyecto se sumaron los presentados por Ricardo López Murphy y Oscar Agost Carreño de reforma fiscal. Proponen una moratoria a contribuyentes morosos pero cumplidores, una disminución de impuestos para quienes compren computadoras y teléfonos, y un programa de privatización de empresas públicas que lleva como complemento un protocolo para auditar y controlar aquellas que permanezcan en manos del Estado.
El PRO y la UCR se sumaron en estas horas al pelotón de grupos que tienen proyectos «propios e inconsultos». Cristian Ritondo y una veintena de diputados del PRO presentaron tres proyectos de reforma laboral. Siguen la misma música de desregulación que trató de imponer el gobierno de Mauricio Macri entre 2015 y 2019. Estuvieron cerca de ser sancionados porque los apoyaba un sector del sindicalismo.
Es la misma línea del proyecto de reforma que propuso este gobierno y que no ha podido hacer avanzar. En particular porque la justicia ha dictado amparos a la derogación que propone el DNU 70 del sistema laboral argentino según el formato nacido de la ley de contrato de trabajo de la era del segundo Perón.
Estos proyectos avanzan en cuestiones como ampliar el período de prueba y promover la registración brindando beneficios en las cargas sociales. También busca blindar la declaración de servicios esenciales de ciertas actividades, de manera de impedir el daño social que producen huelgas y otras actividades que interrumpen servicios. Este es un viejo proyecto que viene de la época de Néstor Kirchner para moderar los efectos de los paros docentes y de los transportes. El propio Kirchner chocó con el bloque del PJ en Diputados que los frenó.
En esta semana la UCR también presentará varios proyectos de reforma laboral elaborados por un equipo que integran los diputados Fabio Quetglas, Lisandro Nieri y Luis Picat.
Esta fuerza buscará entrar en la agenda después de negociar con el oficialismo la caída de la sesión especial para jubilaciones. El gobierno hizo todo lo posible para que no ocurriera. La llamaron personalmente a Elisa Carrió para que desmantelase la iniciativa. «No negociamos por plata ni por cargos», respondió. Sabía que le habían ofrecido a Juan Manuel López, de la Coalición, la presidencia de la Comisión de Previsión Social.
Que la sesión la promoviese el grupo de Carrió despertó en los otros bloques un ataque de celos. El PRO decidió en la reunión del bloque del martes no darle el número a la sesión pedida por Hacemos. Se plegó a la iniciativa de Martín Menem de acelerar la integración de la Comisión como forma de desbaratar el intento.
Los radicales escucharon la oferta de Menem para quitarle quórum al llamado. Les ofrecieron la presidencia de la Comisión, en la que había trabajado hasta 2023 el exdiputado Alejandro Cacace, hoy asesor de la bancada.
Esa fuerza decidió darle el cargo a la cordobesa Gabriela Brouwer de Koning, cuadro del loustosismo yacobitista que gira con el sello de Evolución. Esta legisladora es prenda de otro compromiso entre los radicales y el gobierno, que fue la suelta de fondos para las universidades, que se derramó en la noche del miércoles sobre las aulas donde manda el radicalismo.
Es el segundo pacto entre los radicales y el oficialismo. Antes, le cedieron la vicepresidencia segunda de la Cámara a Julio Cobos, que la pretendía Hacemos para Emilio Monzó. Pequeñeces.
De esa negociación, parte fue admitir que Martín Lousteau votase en contra del DNU 70. El gobierno lo consintió: ese voto no cambiaba un resultado negativo que todos adelantaban en el Senado.
Pero bien valía una misa si servía para que el bloque Hacemos no se atribuyese el triunfo de abrir con una sesión especial el año legislativo. Koning asumirá esta semana. No pudo hacerlo porque estaba fuera de Buenos Aires y, además, porque la mesa de entradas de Diputados no había notificado a la Comisión su designación.
¿Qué funcionó mal? Lo atribuyeron a una zancadilla de empleados de la Cámara heredados del massismo, que no se disciplinan bajo la nueva conducción de Menem (Martín).
