13 octubre, 2025
En una jugada llamativa, los diputados que responden a los gobernadores se ausentaron y boicotearon la ley que ellos habían presentado.
Los gobernadores de Provincias Unidas y los peronistas Osvaldo Jaldo y Gustavo Sáenz voltearon la ley de reparto del impuesto a los combustibles, que ellos mismos habían presentado y que es clave para la realización de obras en las rutas.
En una jugada muy llamativa, los gobernadores mandaron a sus diputados a ausentarse en la votación del proyecto, que ya tenía media sanción del Senado y que se terminó votando cerca de las 3 de la madrugada con un recinto semi vacío.
El proyecto para repartir a los provincias el impuesto a los combustibles tenía la firma de todos los gobernadores, que se suponía impulsaban el proyecto. Incluso, El peronismo amenazaba con voltearlo pero al final terminó siendo al revés: el PJ casi en soledad apoyó la ley y los gobernadores vaciaron el recinto.
Antes de someterlo a votación, Martín Menem dispuso que debía aprobarse con mayoría absoluta, es decir 129 votos. El planteo fue rechazado por Germán Martínez y Nicolás Massot, pero se impuso la idea del riojano.
A la hora de votar, la oposición apenas llegó a 126 votos contra 7 negativos y 5 abstenciones de la izquierda que terminaron siendo funcionales a Milei. La Libertad Avanza, el PRO y el radicalismo se habían ido para tratar de que caiga el quórum.
El entrerriano Rogelio Frigerio mandó a ausentarse a Francisco Morchio y Marcela Antola. El mendocino Alfredo Cornejo hizo lo propio con Lisandro Nieri y Pamela Verasay. Ambos son aliados de LLA, con lo cual la jugada tiene sentido aunque también fueron firmantes del proyecto.
Más llamativo fue lo de Provincias Unidas, el flamante bloque que se supone una alternativa a Milei. Entre los ausentes se cuentan el santafesino Mario Barletta, que responde Maxi Pullaro; la cordobesa Alejandra Torres, de Martín Llaryora; el jujeño Jorge Rizzotti, de Carlos Sadir; la correntina Sofía Brambilla, cercana a Gustavo Valdés.
Además, faltaron otros cuatro diputados de Provincias Unidas que no tienen jefe provincial, pero son parte del armado: Miguel Pichetto, Florencio Randazzo, Emilio Monzó y Margarita Stolbizer.
En cambio, sí aportaron sus diputados el chubutense Nacho Torres y el santacruceño Claudio Vidal.
Milei también tuvo la ayuda de los peronistas Osvaldo Jaldo, que bajó a los tres diputados que le responden, y Gustavo Sáenz, que hizo lo propio con los tres suyos. También ayudó a Milei el rionegrino Alberto Weretilneck, confirmando un presunto pacto.
La iniciativa no consiguió la mayoría especial necesaria para su aprobación. Proponía modificar la Ley 23.966 para redefinir la distribución del Impuesto a los Combustibles Líquidos y disolver dos fondos fiduciarios.
El proyecto de ley impulsado por los gobernadores proponía la eliminación de varios fideicomisos y fondos nacionales, entre ellos los de infraestructura hídrica, transporte y vivienda. Estos recursos, anteriormente administrados por el Gobierno Nacional, se iban a redistribuir entre las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según los criterios establecidos en la Ley 23.548. La iniciativa buscaba una asignación “más equitativa y directa de los fondos”, respetando los porcentajes de coparticipación ya vigentes.
Además, se modificaba la Ley 23.966 en lo referente al Impuesto a los Combustibles Líquidos, estableciendo nuevos porcentajes de distribución: 14,29% para el Tesoro Nacional, 57,02% para las provincias y 28,69% para el Sistema Único de Seguridad Social. También se redefinía cómo se reparten estos fondos entre las jurisdicciones, asignando un 25% en partes iguales y el 75% restante según los índices de coparticipación.
Los fundamentos del proyecto indicaban que la propuesta surgió de un acuerdo entre los gobernadores provinciales y el jefe de gobierno porteño. Señalaban además, que los fondos eliminados “no afectan las finanzas nacionales”, ya que se trata de recursos con afectación específica que deben ser redistribuidos según las necesidades locales.
Finalmente, mencionaron que la eliminación de estos fideicomisos responde a la necesidad de simplificar el sistema financiero nacional y mejorar el control sobre los recursos públicos. La propuesta buscaba que tanto Nación como Provincias puedan definir sus prioridades de gasto, especialmente en un contexto de crisis económica.
Paradógicamente muchos de los gobernadores que presentaron el proyecto luego lo boicotearon. Una mancha mas para el Congreso, que abona el descreimiento social sobre la política en plena recta final electoral.
