24 febrero, 2023
A lo largo de 4 períodos presidenciales, la inversión anual en educación en la Argentina no ha alcanzado el 6% del PBI establecido por Ley, según un análisis del Observatorio de Argentinos por la Educación. Esto se ha traducido en postergaciones salariales, de infraestructura, equipamiento, crisis escolar con evidente pérdida del nivel educativo de la población. A nivel provincial, el presupuesto educativo cayó casi un 6% desde entre 2018 y 2023.
Lo prometido es deuda educativa: el déficit de los últimos cuatro mandatos presidenciales y el correlato provincial
La deuda educativa acumulada desde 2006 a 2020 (y se puede hacer extensiva a la fecha) supera los $3,4 billones (en pesos de 2022) o el equivalente en 26 mil millones de dólares para tomar dimensión. Esto no es desmérito exclusivo de algun sello político o alguna gestión presidencial, sino que viene trasvasando desde mitad de mandato de Néstor Kirchner, las dos presidencias populistas de Cristina FK, el gobierno liberal de Mauricio Macri y se hace extensivo a la conducción de Alberto Férnández.
Según los especialistas, esta deuda tiene como consecuencia el atraso salarial docente y un déficit en la infraestructura y el equipamiento educativo a nivel federal. Estos factores impactan directamente en la calidad educativa.
Esta línea de tiempo política llama por lo menos a la reflexión sobre el rol que se le asigna a la educación y por ende a la capacitación en una Argentina falta de proyecto de país pero que posee de casi todo, mucho, incluso talentos y mentes brillantes a pesar de su clase política.
Los datos vienen al caso ante el inicio de un nuevo año lectivo, con más preguntas que respuestas para alumnos, padres, docentes ante un sistema en crisis casi terminal, temas frente a los cuáles no surgen muchas propuestas de cambio concretas por parte de los que se anotan en este año electoral, para el que también sonó la campana.
La historia muestra que el sistema educativo argentino atravesó distintas crisis que lo afectaron negativamente y algunas de ellas aún resuenan en los pasillos actuales: el traspaso de escuelas primarias durante la dictadura militar, desprolijo y arbitrario, generó brechas educativas que aún cuesta sanar; y la tan criticada Ley Federal de Educación, que en la década del ’90 hizo lo propio con las escuelas secundarias, provincializando el nivel medio sin un traspaso de presupuesto metódico y hasta dejando de lado a las escuelas técnicas.
En síntesis, la mayoría de las Provincias siguen arrastrando ese déficit de haberse hecho cargo de algo que presupuestaria y políticamente ‘les queda grande’. Basta observar la situación de las provincias patagónicas, y el caso pruntual de Chubut para corroborarlo.
De hecho Chubut tiene unos 42 mil empleados públicos, de los cuales casi la mitad (18900) reportan al Ministerio de Educación (anque no llegan a mil los de planta permanente). Además posee casi 900 establecimientos escolares difícilmente atendidos.
Según el Presupuesto 2023 de Chubut en el gasto proyectado de 392.777,3 millones de pesos, el principal ítem corresponde al Ministerio de Educación, para el que se asignan en los papeles unos 49 mil millones de pesos, algo así como un 24,4 % del gasto total, un 2% superior al del año pasado. Esto, por supuesto en un año electoral donde además hacía falta recuperar un sector que venía golpeado.
Sin embargo si bien ese 24,4% supera al 22,6 del año pasado, sigue siendo inferior al de 2021 que fue de 27,1%; al de 2020 que fue de 32,4%; al de 2019 que fue de 32,6% y al de 2018 que fue de 30,2%. De allí que surjan tantas complicaciones y reclamos, ya que los números están a la vista.
Sin embargo parte de esta realidad -que viene de arrastre y emerge desde las políticas nacionales-, no sólo no es bien analizada ni comunicada políticamente en Chubut, sino que no aparece incluso en los reclamos federales que se priorizan.
Según los datos del informe “Lo prometido es deuda (educativa). La impotencia para alcanzar el 6% del PBI para educación”, del Observatorio de Argentinos por la Educación, con autoría de Mariano Narodowski (Universidad Torcuato Di Tella), Gabriela Catri y Martín Nistal (Observatorio de Argentinos por la Educación) hace más de 15 años que sistemáticamente los gobiernos de turno vienen disminuyendo sus gastos en Educación.
Según se expresó en la Ley de Financiamiento Educativo de 2005, el Gobierno nacional, los gobiernos provinciales y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debían incrementar progresivamente la inversión en educación hasta alcanzar en el año 2010 una participación del 6% en el PBI. Esto no sucedió y el resultado es una cuantiosa deuda educativa, que si quisiera salvarse toda junta debería incremenarse en más del doble el presupuesto en Educación.
Los tres años de mayor deuda contraída con la educación fueron: 2019 (841 mil millones de pesos de 2022), 2018 (751 mil millones) y 2020 (570 mil millones). El año 2010, sumado a este trienio constituyen el 68,4% del total de la deuda educativa argentina.
Solo en 2009, 2013 y 2015 se alcanzó el porcentaje de inversión fijado. El 2015 fue el año de mayor ejecución presupuestaria en términos del PBI, alcanzando el 6,1%.
“A lo largo de 4 períodos presidenciales, la inversión anual en educación en Argentina no ha alcanzado el 6% salvo en los años 2009, 2013 y 2015. La distancia entre el objetivo de inversión fijado por el Poder Legislativo en 2005 y 2006 y el gasto ejecutado nos permite calcular el pasivo entre los dichos y los hechos”, señaló Narodowski.
Fuente: Observatorio de Argentinos por la Educación
Los 3 años de mayor deuda contraída con la educación fueron 2019 ($841 mil millones de 2022), 2018 ($751 mil millones) y 2020 ($570 mil millones). Estos 3 años, junto al 2010, constituyen el 68,4% del total de la deuda educativa argentina.
Al no alcanzar las metas propuestas por la Ley de Financiamiento Educativo en 12 de los 15 años de la serie, se generó una deuda educativa equivalente al 5% del PBI del 2020 (es decir, $3,4 billones de pesos del 2022).
Es así que si el Estado argentino hubiese querido pagar la deuda educativa de una sola vez en el año 2020 debería haber casi duplicado el gasto educativo entre la Nación y las provincias (llevándolo al 11% del PIB en ese año).
“Las consecuencias de este déficit se pueden analizar desde varios planos”, señaló Javier Curcio, referente de Argentinos por la educación, Licenciado en Economía e investigador deIIEP BAIRES y UBA-Conicet.
Y explicó: “En primer lugar está el atraso salarial docente que impacta en la calidad educativa. También, en otro plano, lo referido a la infraestructura y equipamiento. Por ejemplo, tenés problemas de conectividad y el uso de las nuevas tecnologías. Hubo un esfuerzo para solucionarlo, pero insuficiente y eso como consecuencia de la deuda”.
En Chubut, donde la gestión del escribano Arcioni se está despidiendo de más de seis años de gobierno, han pasado siete ministros de Educación y la foto que queda de ellos no es precisamente un cuadro para la posteridad, sino para la reflexión. El año pasado una ministra de Educación confesaba ante los legisladores que ya en ese momento la Provincia registraba una salida del sistema de más de 18 mil chicos, y que más de 3 mil chicos de escuelas de nivel secundario no habian retornado a clases, mientras de los que habían vuelto, casi 11 mil estaban con trayectorias bajas o interrumpidas. Esto significa que son chicos que no han aprobado los contendidos del año anterior y que no tienen una asistencia regular a clases.
Este es el costo real medido en generaciones y negación de posibilidades, que no tiene que ver con un 38% o un poco más o menos.
Y ahí, como decía Jane Goodall, «El mayor peligro que nos depara el futuro, es la apatía».
*OAPE/Ch/LN/IIEPB/
Informe completo Lo-prometido-es-deuda-educativa.-La-impotencia-para-alcanzar-el-6-por-ciento-del-PBI-para-educacion.)
