3 junio, 2024
El oficialismo quería hacer la revolución con un DNU y la ley ómnibus y termina aceptando lo esperable, lo que el Congreso quiere y puede.
Por Ignacio Zuleta*
¿Hizo bien el oficialismo en postergar por una semana el tratamiento en el Senado de las leyes Bases y Fiscal? Cuanto más tiempo pase entre la firma del dictamen y la sesión, más cosas le van a sacar los senadores y los gobernadores al gobierno.
Una mirada más experimentada pudo aconsejar que ese lapso se acortase para que la fiesta le salga más barata. El gobierno entregó todo lo que le pidieron a cambio de que las leyes le salgan. Confió todo a estos proyectos, pero si no los puede sacar adelante, le va a costar caro y se va a comprobar que también la inteligencia era artificial.
Pero la salud de algunos senadores (y la de algunos familiares de senadores – una madre que se opera, etc.) les da más tiempo a los protagonistas para sacar más ventaja. La política es una actividad transaccional: lo que uno gana lo pierde el otro.
El gobierno quería hacer la revolución con un DNU y una ley ómnibus, y termina aceptando lo esperable, lo que el Congreso quiere y puede. El proyecto que se tratará resulta a la medida de la debilidad de origen del gobierno -pocos votos, sin partido, sin legisladores, sin senadores, con programa ajeno y con un gabinete «frankenstein», como llaman en España a los equipos de gobierno de extracción contradictoria-.
Acá conviven Guillermo Francos y Daniel Scioli con Patricia Bullrich, Luis Petri y Luis Caputo. Los ayuda que su agenda expresa la mayoría moderada de la Argentina; en 2023 defendieron la misma cuatro de los cinco candidatos presidenciales que disputaron por entrar al ballotage. Todo al amparo de que en la política de la era líquida las paralelas no se juntan ni en el infinito, y que sale gratis producir una revolución del conformismo.
«Ojo, que uno quiere una ley, y después termina saliendo otra». Miguel Pichetto inspira este dictamen en la frase de Dante Panzeri sobre el fútbol como «dinámica de lo impensado».
Junto al senador Juan Carlos Romero forma un tándem con una experiencia legislativa que los ha convertido en árbitros de la vida parlamentaria en las dos cámaras. Juegan en el medio como la oposición dialogante y son los responsables de la ingeniería del tratamiento del tramo final de las leyes de Bases y la reforma fiscal, que el gobierno defiende como si de ellas dependiera todo.
Los dos creen que al gobierno hay que darle las herramientas para que pruebe si puede gobernar. Pertenecen al peronismo no cristinista y compensan la improvisación del oficialismo, que navega en las dos cámaras según lo que hagan los otros bloques. Los ayuda la insistencia del peronismo cristinista en hacer una oposición de bloqueo.
Romero es el DT del grupo de «Los 39» que logró tener las firmas para un dictamen de mayoría en los dos proyectos. Pichetto es el garante de la promesa a los senadores que pusieron el gancho, de que la Cámara de Diputados avalará todas las modificaciones que hará el Senado.
Y que Milei no vetará nada de lo que se vote. Será la prueba de que el presidente confía en el nuevo jefe de gabinete como negociador. Hasta ahora lo desautorizó y anuló su capacidad de diálogo, su principal atributo.
El compromiso de Francos está escrito en el agua porque la sesión para los dos proyectos tiene un final abierto. Hasta el 10 o 13 de junio, fecha de la sesión, los legisladores de las dos cámaras van a trabajar a puertas cerradas, para que los cambios satisfagan a todos y que el trámite no naufrague como ocurrió con la ley ómnibus.
Pese a la mejor voluntad de los bloques dialogantes, la primera versión terminó mal en el debate en particular, pese a que en la votación en general había tenido 144 votos a favor. Hasta el día de la sesión, que será larguísima, tiene tiempo el gobierno para garantizar que satisfará las demandas de la mitad de los firmantes de los dos despachos que lo hicieron «en disidencia».
Cada firma implica diferencias en varios temas y expresan demandas de gobernadores. Para que prospere la aprobación, el gobierno tiene que satisfacer a las dos partes, a los senadores disidentes y a los diputados que tienen que avalar las modificaciones.
El trámite absorberá toda la energía del gobierno y el Congreso durante dos semanas. Negociarán a puertas cerradas para que no salten los anticuerpos. Pero hay cláusulas que serán objeto de interminables debates. Tan interminables como será esa sesión, que puede llegar durar varios días. En el Congreso se levantan apuestas para conocer qué capítulos tendrán más modificaciones.
En la lista están: 1) las privatizaciones -Aerolíneas se podrá privatizar en parte y no en su totalidad-;
2) el régimen de inversiones, para abrirlo a actividades pyme y locales;
3) el impuesto a los salarios, con un piso más alto para los patagónicos, que las provincias del Norte miran con recelo: ¿ganan más, tienen regalías y les vamos a pagar la diferencia con la nuestra?, se quejan;
4) la reforma laboral, que es más rígida que la aprobó Diputados al incluir el bloqueo a empresas como motivo de despido sin causa;
5) el destino de los fondos fiduciarios. El proyecto salva el fideicomiso que beneficia a la energía en las zonas frías, pero anula el de la actividad ovina, como al del incentivo docente.
La ingeniería legislativa prevé:
1) una aprobación en general de los proyectos con 39 votos, aunque las disidencias en comisión anuncian un festival de cambios;
2) el peronismo demoró la presentación de un dictamen de rechazo. Especulaba con que el oficialismo y sus amigos no lograrían cerrar dictámenes de mayoría. Si eso ocurría, el tratamiento caería. Es lo que ocurrió en 2018 cuando se trató en el Senado la ley despenalización del aborto. El bloque «verde» no logró dictamen de mayoría y por iniciativa de Federico Pinedo el bloque «celeste» tampoco lo hizo. Y cayó el proyecto;
3) La cámara debe decidir la forma de votación. Uno de los errores del tratamiento en diputados de la ley ómnibus fue tratar el proyecto por incisos. Ese nivel de detalle precipitó debates sobre los Fondos Fiduciarios que tuvieron el rechazo de la cámara.
El tobogán obligó al oficialismo a retirar el proyecto del recinto. Esta vez la intención es discutir el texto por capítulos. Para que eso ocurra tiene que haber acuerdos previos. Es a lo que se dedicarán los legisladores y el gobierno hasta el día de la sesión. El exsenador Jorge Yoma criticó el voto por capítulos en Diputados.
Cuando expuso en el plenario de comisiones lo calificó de “trapisonda legislativa”. Dijo que “normalmente, se vota por capítulos cuando hay consenso en los artículos que se van a votar. No se votan por capítulos artículos que no tienen consenso previo porque eso es eludir la posibilidad de la discusión en particular; es eludir la posibilidad de que haya algún voto negativo”.
La decisión de Martín Lousteau -adelantada por esta columna- es un capítulo aparte. De puertas adentro se desmarcó del radicalismo de los gobernadores, cuyos senadores están en el bloque dialoguista. Su argumento fue que el gobierno se dedica a hostigarlo por todas las vocerías.
Su perfil hacia afuera lo mueve a diferenciarse no sólo del gobierno sino del ala mileísta del PRO, partido con el que cogobierna la ciudad de Buenos Aires. Su dictamen le permitirá votar de nuevo contra el gobierno, como lo hizo con el DNU/70.
Tener dictamen propio lo habilita a eso o, en todo caso, a abstenerse sobre el dictamen de mayoría, un extremo que lo mostraría cerca del bloque cristinista. La redacción del dictamen le ocupó el fin de semana, pese a tener una fuerte gripe, y contendrá las materias de los proyectos de mayoría, pero según su visión personal.
También agregará capítulos nuevos, como educación, universidades, jubilados, etc. Lousteau se puede hacer un festival proponiendo reformas y nuevos artículos que su bloque apoyaría riendo. ¿Quién podría estar contra aumentos a los docentes y los jubilados?
Algún radical “sin techo” que no depende del gobierno de su provincia, como Maxi Abad, no firmó el dictamen de la comisión de Asuntos Constitucionales a la espera de conocer el texto del dictamen de Lousteau: puede incluir cláusulas que él compartiría.
Todos los partidos sufren crisis de liderazgo. El radicalismo pudo evitar este desencuentro elaborando un dictamen propio para las dos leyes. Primó el número y, como en Diputados, decidieron presentar un dictamen de mayoría. Presionaron para eso los gobernadores alineados con el gobierno.
Este gesto crea cierto malestar entre sus compañeros de bloque. Es una extravagancia que el presidente del partido presente un dictamen distinto al que apoya el bloque del partido. Se quejan por lo bajo de que este desmarque los desautoriza y los expone a ellos como empleados del gobierno.
Pero también es extravagante que un partido que fue votado para ser oposición apoye con tanto énfasis al gobierno. El argumento es que los radicales tienen que gobernar sus distritos y que necesitan el favor del gobierno nacional.
Estos movimientos de Lousteau aprovechan la ventaja que le da al radicalismo del Senado la decisión del peronismo de no dar quórum en comisiones ni el recinto. Sin los radicales no avanza nada, y esa ventaja alimenta su fantasía.
Paga, como siempre, el oficialismo, que no encuentra o no quiere encontrar una manera de abordar al peronismo en las dos cámaras. Cree que puede gobernar el país ignorando al 44% del voto, que es lo que sacó Sergio Massa en el ballotage. Es un pasivo que paga caro, y lo justifica en razones de marketing.
El dictamen de Lousteau no se va a tratar, pero contiene un sumario de los cambios que propondrá cuando venga la votación en particular. Este envión es un camino de ida. ¿Qué pasará si algunos de esos cambios tienen el apoyo de los senadores de Unión por la Patria?
Ni qué decir si esos cambios alcanzan 2/3 de los votos, con lo cual Diputados no podría revertirlos. Un Lousteau funcional al cristinismo es lo que espera el gobierno para cancelarlo aún más. Pero si Milei vive en una fuga hacia el futuro, ¿por qué negarle el mismo afán a Lousteau, que se siente mucho más que Milei y que tiene un partido más grande e importante que el de él? La política es también un oficio de audaces.
Esta batalla en el Senado es otra oportunidad para el gobierno de mostrar sus capacidades. Esta semana tiene una prueba: está llamada la sesión (pedida por el radicalismo) para tratar proyectos de actualización de las jubilaciones. Era un primor de acuerdos, porque hasta el peronismo había apoyado el emplazamiento para que eso se discutiese este martes.
Martín Menem fijó esa sesión a las 11, pero el peronismo replicó con un pedido de una segunda sesión especial a las 14 para tratar sobre lo mismo, y agregar proyectos de mejora del financiamiento. Un festival para el oficialismo, porque esa superposición le quita número a las dos sesiones que van a tratar temas sépticos para el gobierno: jubilaciones y educación.
A la primera va el bloque de Hacemos de sus amigos, pero no estarán ni el PRO, ni La Libertad Avanza, ni Unión Por la Patria. En la segunda estará sólo el peronismo, pero no los otros bloques. El peronismo argumenta que no quiere ser furgón de cola del radicalismo y Hacemos, y por eso le resta el voto a la sesión de las 11.
Los demás bloques se cuidan también de aparecer de furgón de cola de los bloques amigos del gobierno. Eso les basta a las fuerzas para afirmar su testimonio, pero desbaratan el tratamiento de temas de los que el gobierno quiere ni oír hablar.
