19 abril, 2024
CADA DÍA SIN PAGAR EL FALLO SUMA 2.5 MILLONES DE DÓLARES EN INTERESES
En el marco del juicio que se lleva a cabo en Estados Unidos por la expropiación de YPF, el fondo Burford Capital solicitó a la jueza Loreta Preska que autorice la transferencia de la totalidad de las acciones de la petrolera que posee el Estado argentino, que representan el 51% de la compañía desde que se expropió en 2012.
Según se informó, el pedido del fondo se sustenta en el incumplimiento de un fallo que obliga a Argentina a pagar u$s16.100 millones, vigente desde septiembre de 2023. A raíz de esa resolución, desde diciembre se analiza la posibilidad de que se embarguen bienes al país.
Burford, el fondo de riesgo que compró los derechos del litigio contra Argentina, solicitó ahora que se le transfiera la titularidad de las acciones de la petrolera.
Sebastián Maril, CEO de Latam Advisor y especialista en la materia, explicó en su cuenta de X algunos detalles del caso. En ese sentido, señaló que la jueza Preska accedió «al pedido argentino de revelar el contenido del documento presentado por los beneficiarios del fallo YPF de manera confidencial».
🔴Empiezo cadena de Tuits sobre el pedido del traspaso de la titularidad de las acciones de YPF en manos del Estado a los beneficiarios del fallo. pic.twitter.com/z4Swd7aCCn
— Sebastian Maril (@SebastianMaril) April 19, 2024
«Los beneficiarios del fallo en el caso por la expropiación de YPF solicitan a la jueza Preska que ordene a la República Argentina transferirles la titularidad de todas las acciones de la petrolera (incluyendo aquellas asignadas a las provincias) que fueron expropiadas en 2012», sostuvo el especialista.
«Esto ocurre como consecuencia del incumplimiento del fallo que obliga al país abonar u$s16.100 millones. En noviembre del año pasado, la jueza Preska indicó que las acciones de YPF pertenecientes al Estado, pero no las asignadas a las provincias, podrían ser utilizadas como garantía para evitar embargos futuros. Preska no tomará una decisión hasta la primera semana de junio», agregó Maril.
Y explicó, a modo de recordatorio, que según el título III, Capítulo I, Artículo 10 de la Ley de Expropiación, «se encuentra prohibida la transferencia futura de las acciones sin autorización del Congreso de la Nación votada por las dosterceras partes de sus miembros».
También resaltó que, como se explica en la Moción de Entrega, «la ley de Nueva York otorga al Tribunal la autoridad para ordenar a Argentina que transfiera sus intereses de propiedad en sus acciones de YPF a los Demandantes a través de una cuenta de custodia global en Nueva York».
Desde septiembre de 2023, el momento en que se emitió el fallo de la jueza de Nueva York Loretta Preska que condenó a la Argentina a pagar el máximo posible al fondo Burford Capital – titular de los derechos de las sociedades Petersen y Eton Park-, los intereses se acumulan: cada día que pasa sin que el país pague los u$s16.000 millones por la estatización de la compañía, el país debe pagar u$s2,5 millones en intereses.
En ese sentido, el bufete Burford había puesto en una lista de presuntos activos embargables a las acciones de YPF en manos del Estado, las concesiones para los recursos naturales, los aviones de Aerolíneas Argentinas, bienes de Arsat, Energía Argentina (Enarsa), el Banco Nación y hasta el swap con China.
También los abogados demandantes quieren conocer cada movimiento de dinero del Banco Central (BCRA) al exterior. Esa aspiración es para tener una garantía por si el Estado continúa sin pagar.
La Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo de la defensa del país, había argumentado en febrero que Estados Unidos no puede tener injerencia para fallar sobre leyes argentinas, por hechos ocurridos en territorio argentino con empresas argentinas.
Argentina apeló el fallo en contra y ahora apuesta a la «hermandad» de países latinoamericanos. En ese sentido, Brasil, Uruguay, Chile y Ecuador se presentaron como «amicus curiae» para defender el argumento soberano: que las decisiones de los Estados no son judicializables en tribunales extranjeros.
En 2012, el gobierno argentino expropió el 51% de las acciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), de propiedad de la empresa española Repsol. La medida, según el gobierno de la entonces presidenta Cristina Fernández, buscaba retomar el control estatal de la petrolera para asegurar el autoabastecimiento energético del país, algo que a todas luces no sólo no se consiguió sino que provocó mayores complicaciones.
Cuando Argentina expropió el 51% de las acciones de YPF a Repsol y el resto de los accionistas los cuestionamientos fueron que según el estatuto de la petrolera debió haber hecho una Oferta Pública de Adquisición (OPA)
Meses antes, Repsol había descubierto enormes reservas de hidrocarburos no convencionales en el yacimiento Vaca Muerta, que serían explotados por el Estado. Sin embargo, la reacción de la comunidad internacional y de potenciales nuevos inversionistas ante el carácter discriminatorio de la medida, obstaculizaron la llegada de capitales frescos. Ante la falta de recursos y tecnologías propias para explotar Vaca Muerta, el gobierno argentino revirtió nuevos controles sobre la inversión extranjera, pagó compensaciones pendientes establecidas en laudos anteriores, acordó una indemnización con Repsol por fuera de su propia legislación y ofreció generosas concesiones a la petrolera estadounidense Chevron para que esta invirtiera en los nuevos yacimientos. (Ver https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0719-37692016000200002 )
La expropiciación de YPF se dio durante la segunda presidencia de Cristina Kirchner y el fallo en contra se dió en septiembre de 2023 durante su vicepresidencia.
Cuando Argentina expropió el 51% de las acciones de YPF a Repsol y el resto de los accionistas los cuestionamientos fueron que según el estatuto de la petrolera debió haber hecho una Oferta Pública de Adquisición (OPA)- Por eso, Repsol cobró casi u$s9.000 millones entre capital e intereses durante los siguientes años, mientras que Petersen Energía y Petersen Energía Inversora se declararon en quiebra en España, luego de no poder pagar los préstamos a los bancos internacionales que financiaron la entrada de los Eskenazi a YPF en 2008.
Ahora el país enfrenta un fallo condenatorio por 16 mil millones de dólares y por cada día que no paga va sumando 2,5 milones de dólares, un entuerto sobre el que el actual gobierno de Javier Milei no termina de aclarar estrategia y que impactaría de lleno en las acciones que poseen además las Provincias.
Porque en realidad, del 51% de las acciones que posee el Estado, un 49% pertenecen a Río Negro, Tierra del Fuego, La Pampa, Santa Cruz, Chubut, Neuquén, Salta, Mendoza, Jujuy y Formosa. Esto quiere decir que un 24% del total de las acciones de la compañía están en manos de los Gobiernos provinciales.
