Especulaciones y lecturas
Para quienes siguen atentamente la incipiente avanzada del nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, lo que estaría haciendo Chubut es tratando de implementar cajas -para nada simpáticas-, pero que permitan reforzar los ingresos provinciales ante el eventual ‘cierre de canilla’ que deberá realizar Nación en el Presupuesto 2023, a fin de cumplir lo más posible con las meta de déficit fiscal primario anual de 2,5% incluida en el acuerdo con el FMI y en la actualización del presupuesto nacional.A la par, Provincia trata de generar cajas directas a los desfinanciados Municipios que ya comenzaron con el clamor de reactualización de coparticipación en base al útimo censo. Tal como sucedió con el mal momento vivido en el acto aniversario en Madryn y la tensa relación política que quedó, donde el alcalde reclama más fondos y el gobernador le enrostró obras yn descubierto de $250 millones mensuales en el Banco del Chubut que se renegocia a costa de pura voluntad.
De hecho, el Fondo Ambiental Pesquero derramaría el 50% a los Municipios depositado directamente en sus cuentas. Con el detalle que los más beneficiados serían las administraciones de dos aliados políticos de la gestión de Arcioni: Adrián Bizz de Rawson y Claudia Loyola de Camarones, que son las bases de operaciones de la flota Amarilla y la descarga pesquera, y en menor medida el puerto de Madryn donde flota la gestión de los hermanos Sastre.
Sin embargo también existe otro gran interrogante que desvela a los miradores finos y a los pequeños pesqueros, -los que no pueden levantar la flota y partir para otra parte del mundo-, sobre si no habría algo más en el horizonte de los enrevesados planes de la clase dirigente que hace rato puso a andar ‘la máquina de impedir’.
Y la duda es si en realidad todas estas trabas recurrentes a la pesca, que parecen ‘accidentes’ políticos y administrativos, como la mayor presión tributaria, el incremento casi desmedido de controles de descargas y requisitos cada vez más minuciosos, la marejada de multas por temas varios, el aumento de la conflictividad laboral con mucha influencia política y sindical en medio, y ahora este golpe al corazón del fresco con un cannon nada menos que para «Fondo Ambiental», no se trate en realidad de terminar de confirmar los temores de muchos: que la elección entre petróleo offshore o pesca, ya estaría tomada.
Arcioni y Massa durante la puesta en valor de una importante pesquera de la zona. «La pesca representa el 27% de las exportaciones de Chubut», afirmaba el Gobernador en marzo 2022.
Para quienes abonan esta teoría ‘conspirativa’ perocon algún que otro fundamento, es por lo menos sintomático que el propio Gobernador se declara ‘incompetente’ para garantizar el funcionamiento del tercer sector productivo de Chubut -luego de haber vetado la Ley-, y que «representa además el 27% de la exportación de la provincia”, tal como lo destacó el propio Arcioni en la apertura de sesiones Legislativas en marzo pasado.
Para quienes conocen el temperamento y modo de conducción del escribano, ‘no cierra’ que abandone una lucha así como así e implemente el impuestazo en plena crisis productiva cuando habla de diversificar y valorar el trabajo provincial. «Si se tratara de una medida contra un sector productivo como el petróleo, esta discusión no duraría ni una tarde», reclamó un empresario del mar en off en referencia al sintomático ‘laissez faire’.
Por otra parte, y ya desde la perspectiva política, para un buen número de conocedores sectoriales es casi de ‘uso y costumbre’ que cada vez que se avecinan épocas preelectorales se trate de ‘fidelizar’ a la pesca, a la cantidad de trabajadores vinculados directa e indirectamente, y los sustanciosos ingresos que genera. En el caso del fresco provincial ultimamente se lo vincularía estrechamente relacionado al Pro, por lo que se inferiría que este torniquete impositivo buscaría una negociación de fondo tendiente a reacomodar ‘melones en el carro’. Quienes simplifican esta medida con estos procesos anticipan además, si surge -como se esperaría- un protagonista candidateable que se posicione como el negociador que destrabe la situación, se confirmaría la teoría del ‘caos por votos’.
Otros, menos estratégicos y más pragmáticos malpiensan que se trataría de algo mucho más sencillo, y es que con el grueso de los temas centrales agotados en el Poder Legislativo, como la restructuración de deuda, la frustrada zonificación minera, y otras pulseadas de calibre, las escasísimas negociaciones legislativas que permiten derrames de protagonismos en lo que queda de 2022, serían muy pocas. De allí que se retomen los torniquetes impositivos a la pesca, la energía hidroeléctrica y algun sector pudiente más.
Como siempre en temas coyunturales territoriales, puede ser un poco de todo esto y más.
En todo este marco, la decisión dada a conocer el último viernes por parte de la Secretaría de Pesca de Chubut de aplicar el Fondo Ambiental Provincial a partir de esta semana, provocó múltiples reacciones en el sector.
La flota amarilla ratificó el rechazo al canon al langostino y comunicó que no saldrá a operar ya que debería trasladar el pago del FAP al sistema ‘a la parte’ por lo que los marineros, maquinistas y capitanes deberían afrontar un porcentaje del impuesto.
Durante el fin de semana se supo que los fresqueros marplatenses resolvieron no entrar a los puertos chubutenses para descargar langostino ante la obligatoriedad de pagar el FAP, por lo que todas las capturas hechas en aguas nacionales serán llevadas a Mar del Plata para su desembarque.
Capip reiteró su ‘enérgico rechazo’
A través de un comunicado oficial «La Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), reitera su enérgico rechazo AL “FONDO AMBIENTAL PESQUERO” (FAP) DE CHUBUT». Y reitera lo manifestado hace dos años «en nuestra nota del 23 de Agosto del 2020 enviada a Legislatura y reiteramos ahora que dicha ley es inconstitucional por ser violatoria de lo dispuesto en los arts. 9, 10, 11 y 12 de la Constitución Nacional, que expresamente prohíben la imposición de impuestos o tasas que impidan la libre circulación de productos en todo el territorio nacional, la creación de aduanas interiores, el establecimiento de derechos de tránsito y la imposición de derechos a la producción de los buques que realicen sus tareas de pesca en el Mar Argentino y obstaculizan la libre actividad comercial (arts. 14, 17 y 75 incs. 13 y 18 de la C. N)», afirma CAPIP.
«Exhortamos a las Autoridades competentes a que se abstengan de ejercer cualquier acto o medida que pueda significar el intento de restringir el libre acceso a los puertos de la Provincia del Chubut, la descarga de las embarcaciones en dichos puertos y cualquier otra medida que se adopte que pueda impedir la libertad de trabajo, industria y comercio. Queremos advertir que dichas medidas solo contribuyen a alterar la paz social, poniendo en riesgo real los puestos de trabajo de los gremios marítimos, de estiaje, portuarios, y en las plantas de procesamiento».
Asimiso agrega «Hacemos un nuevo llamado a los legisladores para que corrijan de forma inmediata la disfuncionalidad que crea la ley dictada, que mereció el rechazo público de todos los actores en la actividad pesquera, y que afecta negativamente al sector, en un momento crítico y de emergencia, que exige compromiso, responsabilidad y decisión de cambio. Es ahora Señores Legisladores».
La Ley establece la exigencia de un pago de medio litro de gas oil para buques con permiso provincial y de un litro dpara barcos con permisos nacionales, por cada cajón de pescado. Se desembarcan unos 100 mil cajones.
Qué dice la Ley 620/2018
El Fondo Ambiental Pesquero fue creado en la anterior gestión de la Legislatura y establece la exigencia de un pago de medio litro de gas oil para buques con permiso provincial y de un litro de ese combustible para barcos con permisos nacionales, en ambos casos por cada cajón de langostino descargado fresco. Se estipula que el producto debe ser de la marca YPF y de calidad Premium, por lo que a valores actuales, sobre 100.000 cajones anuales por buque y un total de 85 embarcaciones, la proyección arroja una recaudación base superior a los 6 millones de pesos.
El tema más allá de los montos es que se trataría de una doble imposición, porque además ya existe un canon pesquero en Chubut por el que se debe pagar el 2 % sobre cada kilogramo de langostino, con un valor de banquina que la Secretaría de Pesca actualiza todos los años. Dentro de ese canon, uno de los fundamentos habla del impacto ambiental generado por la actividad, por eso lo que reclama el sector es que claramente se produce un cobro doble por mismo conceptos. Esto llegó a la Justicia en su momento y se suspendió el cobro del cannon por
una medida cautelar emitida por un juez de Comodoro Rivadavia.
Ahora dos años después, y volviendo a aplicar la Ley I N° 620, desde la Secretaría de Pesca anunciaron que “a partir del próximo 16 de agosto los buques pesqueros que operen sobre el recurso langostino y descargan en los puertos de Bahía Camarones, Rawson y Puerto Madryn, deberán abonar obligatoriamente este impuesto”.
“Queda exento únicamente el puerto de Comodoro Rivadavia, ya que así lo dispone el art. 4to de la Ley 658, por lo que en dicha ciudad portuaria no se aplicará este gravamen”, menciona un comunicado que la administración pesquera provincial.
Esta ley que se empezará a aplicar “obligatoriamente” desde mañana está vigente desde 2018 y fue aprobada por unanimidad por la Lesgialtura anterior. Lleva la firma de Jaqueilín Caminoa y fue avalada por el entonces vicepresidente 2º de la Honorable, en aquel entonces el actual intendente de Rawson Damián Biss.
Después hubo una oportuna modificatoria a la Ley, dada la resistencia del sector, donde se participó a los empleados de Pesca de las ganancias con un 20% de lo que se cobre por FAP. Esa modificatoria fue presentada por los diputados del bloque Convergencia, Alfredo Di Filippo y Sergio Bruscoli, y tuvo el acompañamiento de los legisladores, de todas las bancadas, estableciéndose que los recursos del fondo serán asignados ‘en igual monto a cada uno de los agentes de dicha secretaría’. “Los 300 trabajadores son los que llevarán el control y el seguimiento», garantizó en ese momento el experimentado legislador y entedido en artes pesqueras, ‘Peludo’ Di Fillipo.
De allí que resulte entendible entonces el entusiasmo del secretario Aguilar, el personal de la Secretaría de Pesca y los dirigentes de ATE que reclaman que se cumpla con el FAP, dado el derrame millonario que implicará también para el personal vinculado.
En 2018 la anterior Legislatura dejó activado por mayoría, este nuevo impuesto a la pesca.
El otro sector altamente interesado es el de los Municipios portuarios. Pesca reconoció que con el cobro “se responderá un pedido de larga data que han hecho público incluso, los intendentes de Rawson, Damián Biss y de Camarones, Claudia Loyola, ya que la norma establece que un cincuenta por ciento de lo recaudado será para la Provincia de Chubut y el cincuenta por ciento restante se distribuiría para el municipio en donde esté ubicado el puerto de descarga”.
Están obligados a cumplir con el pago
«Habiéndose concluido con cientos de procesos administrativos que agotan instancias y habilitan el inicio de las ejecuciones pertinentes por parte de la Fiscalía de Estado, y habiendo recibido la comunicación oficial de tal circunstancia, estamos obligados a dar cumplimiento con la exigencia que la norma pone en cabeza de la autoridad portuaria, es decir, suspender los servicios portuarios al sujeto deudor, negando futuros desembarcos hasta tanto se acrediten los pagos pendientes», afirmó en tono formal en su cuenta de Twitter el secretario de Pesca, Gabriel Aguilar con lo que más menos daría como cerrada una posible negociación.
Una modificatoria a la Ley habilitó que el personal de la secretaría de Pesca, cobre también un proporcional del cannon con lo que se garantizaría el esmero del área que dirige Aguilar en el cobro
La CAFACH advirtió que se paraliza el fresco y la flota Amarilla
Por su parte, el presidente de la Cámara de la Flota Amarilla (CAFACh), Gustavo González, reiteró el posicionamiento del sector en contra de la aplicación del canon. “La Secretaría de Pesca anunció que ya no puede dar más plazos administrativos y comenzará a cobrar el FAP. La decisión de la flota es mantenernos en nuestra posición por la que rechazamos este impuesto y no vamos a pagarlo”, afirmó.
“Tenemos algunos asociados en la cámara que tienen cautelares, pero ante la imposibilidad de poder entrar a los puertos de Chubut sin tener el FAP al día, es que desde el viernes los barcos no están saliendo a pescar”, reveló en declaraciones a la Revista Puerto.
En este marco, la flota amarilla quedará paralizada “hasta que esto se resuelva”, anticipó González. “Tenemos un gran problema con las tripulaciones. Si lo pagamos, tenemos que descontarle parte del impuesto a la gente, y los gremios nos paran los barcos porque no aceptan el descuento. Y afrontarlo solo los propietarios de los barcos no lo vamos a hacer”, resumió.
“Debemos resaltar que no es una decisión del Poder Ejecutivo. Es una ley que votó la Legislatura. El Gobernador entendió que no era justo este impuesto y lo vetó. Luego, la Legislatura insistió y quedó vigente la ley. El Gobernador sigue pensando lo mismo, el Secretario de Pesca piensa que no debería aplicarlo, pero al ser una ley vigente tiene una obligación como funcionario de hacerla cumplir, y lo entendemos”, manifestó el titular de la CAFACh.
‘Barajar y dar de nuevo’. La Legislatura volvería a plantear la necesidad de un debate integral de la normativa vigente que regula la actividad pesquera ante el conflicto que desata el FAP
