13 septiembre, 2022
Desde la ONU le enviaron una carta a Kristalina Georgieva con ese mensaje. Alertan que el esquema actual «afecta negativamente a los Derechos Humanos» y aseguran que «se trata de una estrategia contradictoria e incoherente con respecto a los objetivos de lograr la sostenibilidad de la deuda en el futuro».
Finanzamiento y dependencia: Expertos de la ONU piden al FMI revisar su política de sobrecargos
Los problemas globales requieren de soluciones consensuadas en el concierto internacional. Así planteó Argentina el debate por los sobrecargos que el Fondo Monetario Internacional cobra a los países que se endeudan por encima de su cuota. Y el reclamo avanza. Ámbito pudo acceder en exclusiva a una carta que un grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas le envió a Kristalina Georgieva. En la misiva, le piden que revise la política de recargos y alertan que el esquema actual “afecta negativamente a los Derechos Humanos”. Aseguran que “se trata de una estrategia contradictoria e incoherente con respecto a los objetivos de lograr la sostenibilidad de la deuda en el futuro”.
La carta fue enviada a Georgieva el 26 de agosto de este año y está firmada por la Experta Independiente de las Naciones Unidas sobre las consecuencias de la deuda externa para el pleno goce de todos los derechos humanos, Attiya Waris. También está acompañada por el sello de un grupo de titulares de Procedimientos Especiales de la ONU que cuestionan la aplicación de sobrecargos: «La actual política, a la cual no le encontramos justificación económica alguna, corre el riesgo de empujar a los países de ingresos bajos y medios a niveles de endeudamiento aún mayores», dice el documento.
De acuerdo a los firmantes de la nota, “en lugar de prestar asistencia, los recargos se duplican sobre países que ya se enfrentan a grandes restricciones de liquidez y que están a punto de incumplir el servicio de las cargas de su deuda”, por lo que “se trata de una estrategia contradictoria e incoherente con respecto a los objetivos de lograr la sostenibilidad de la deuda en el futuro”.
Según el grupo de expertos, es “particularmente preocupante” que esta cuestión no haya sido revisada “ni siquiera en un escenario global marcado por múltiples crisis simultáneas, tales como la pandemia de covid-19, la crisis de seguridad alimentaria, las emergencias climáticas, diversas guerras y conflictos humanitarios”.
La política de sobrecargos del FMI consiste en cobrar una tasa adicional sobre los préstamos otorgados que surge de comparar el crédito obtenido contra la cuota del país solicitante del crédito. De esta manera, cuánto más grande es la brecha y más se sostiene en el tiempo, más alta es la sobretasa, lo que afecta, particularmente, a países de ingresos bajos y medios con altos niveles de endeudamiento con el organismo.
Unos 300 puntos básicos de la tasa de interés del 4,25% que paga Argentina corresponden a los sobrecargos. En el Gobierno estiman que esto implica unos u$s1.000 millones anuales extra durante la vida del crédito. En 2022, se estima que los países afectados por esta política requerirían u$s311.000 millones para el servicio de la deuda pública externa, lo que representa aproximadamente el 13,6% de sus ingresos públicos combinados.
Un antecedente concreto a este pedido de la ONU es la cumbre del G20 de 2021, cuando luego de un intenso trabajo diplomático del presidente Alberto Fernández y el canciller Santiago Cafiero, los líderes de los países miembros solicitaron en su declaración final la revisión de la política de sobrecargos del Fondo Monetario Internacional. «Este aval valoriza la importancia de la discusión que planteó Argentina en Roma», destacaron desde la Cancillería.
Luego, el 16 de diciembre de 2021 en una discusión interna del Fondo sobre la idoneidad de los saldos precautorios, en la que se analizó el papel de los recargos como parte del marco de gestión de riesgos, se puso de manifiesto el interés de algunos Directores por «proporcionar alivio temporal a los miembros prestatarios a la luz de los desafíos sanitarios y económicos planteados por la pandemia».
En el final de su carta, los representantes de la ONU le piden a Georgieva explicar “el fundamento jurídico y la justificación económica de la aplicación de la política de recargos en los países que se enfrentan a graves restricciones fiscales en el contexto de la pandemia de COVID-19”. También le solicitan “indicar si se han llevado a cabo evaluaciones en materia de derechos humanos y de sostenibilidad de las deudas para examinar la política de recargos”. Por último, anticipan que harán pública toda esa información en un plazo de sesenta días.
