22 mayo, 2023
Por Trivia Demir- La cantidad de delitos siguen aumentando en la mayoría de las ciudades de Chubut más allá que las estadísticas oficiales no lo reflejen, presuntamente por la falta de denuncias formales. Sin embargo el termómetro social está cada vez más al rojo vivo entre los vecinos, por las deficiencia de las medidas preventivas y coercitivas del estado para con la delincuencia. En ese marco los señalamientos entre ciudadanía, políticos, policía, funcionarios provinciales y municipales, y hasta legisladores dejó al descubierto un escenario amplísimo de confrontaciones que vienen de arrastre.
Esta semana el Procurador de la Provincia, doctor Jorge Miquelarena fue consultado profusamente por varias radios sobre su reunión en Gaiman, donde el diputado Mariano García Araníbar se comprometió, ante los vecinos, a impulsar reformas al Código Procesal Penal, un reclamo que la Justicia viene pidiendo desde hace meses.
El disparador fue la ola de delitos en Trelew, Gaiman, Dolavon, Rawson y en especial toda la zona de chacras, con modalidades cada vez mas violentas, que son parte de una problemática sin aparente solución.
A grandes rasgos, la Policía aduce que se realizan los procedimientos de rigor pero luego los delincuentes terminan liberados por cuestiones judiciales. Algo que también plantearon intendentes, llegando a la conclusión de que se necesitarían las reformas que están trabadas en la Legislatura para aceitar los mecanismos de contención del delito.
Ante esto, el Procurador General de la Provincia reconoció que «el proyecto de Reforma al Código Procesal Penal hace años que está esperando tratamiento en la Legislatura. Hace años presenté un proyecto de modificaciones que fue incluso mejorado por los jueces que en su momento pidieron opinar, y así lo hicieron. Como había perdido estado parlamentario, porque pasó el tiempo y no se trató, volvieron a presentarlo, pero aún esperan para tratarlo», cuestionó el jefe de los Fiscales.
«Se pretende con las reformas que haya más juicios, que éstos sean más rápidos en su ejecución, y que se llegue a más condenas. Incluso reivindicar la figura del juicio abreviado, porque eso implica que el procesado reconoce el delito y esto hace que, en caso de reincidir, ‘no entre por una puerta y salga por la otra’ como suele decirse popularmente, la famosa puerta giratoria», puntualizo Miquelarena.
El ministro de Seguridad, Miguel Castro en el ojo de la tormenta pública por la ola de delitos. En muchos casos la policía afirma -off de récord- que no interviene, porque los delincuentes después no son debidamente juzgados.
La avanzada mediática de Miquelarena generó el interrogante de ¿porqué los diputados -que tratan tanta cosa menor en cada sesión y en comisiones- no se dignan a aprobar esto, que sería vital para el funcionamiento de la Justicia? La respuesta tendría varias aristas. Además de las negociaciones y pulseadas propias entre poderes por el manejo del Presupuesto y las finanzas, también estaría impactando lisa y llanamente el año electoral y las candidaturas y aspiraciones en torno al Judicial, Legislativo y Ejecutivo.
De hecho, el propio Miquelarena advirtió hace poco que el Poder Judicial aún tiene pendiente de aprobación los presupuestos 2022 y 2023 por parte de la Legislatura. «La no aprobación del presupuesto del año pasado ni el del corriente ejercicio, hace que no se puedan crear cargos y solamente se puedan cubrir los ya existentes», explicó, al tiempo que reconoció que falta nombrar 12 fiscales, personal clave para que avancen las investigaciones. https://www.juschubut.gov.ar/images/dir-admin/Ejecucin_presupuestaria_por_objeto_del_gasto-_Marzo_2023.pdf
El Procurador Jorge Miquelarena tomó nuevamente la voz cantante para reclamar que se aprueben las reformas al Código Procesal Penal y el Presupuesto Judicial 2023
En marzo de este año el Superior Tribunal de Justicia de Chubut ingresó por Mesa de Entradas de la Legislatura Provincial el Presupuesto General de Gastos y Recursos para el 2023 que se fijó en más de 33 mil millones de pesos, pero los diputados no lo aprobaron.
La pelea entre Legislativo y Judicial no es nueva y viene de arrastre de varias gestiones. Tanto el Ejecutivo como el Legislativo le reprochan al Judicial que el Presupuesto se disparó en exceso producto al ‘enganche’ con los sueldos de la Justicia nacional. Y de hecho, en Chubut se sancionó en diciembre de 2020 una ley que congeló por seis meses la posibilidad de que el STJ se otorgara los incrementos de sueldo en sintonía con la Suprema Corte, algo que fue impulsado por el gobierno en la época de mayor crisis. El Judicial presentó un presupuesto ya superado ese congelamiento, y ampliamente mayor al esperado, por $33 mil millones, y es el que no le aprueban.
Para la Justicia, esto generó atraso salarial, pero según la explicación de los legisladores, la ley no impedía aumentos, sino que decía que estos debían estar «acordes» a las pautas de los números provinciales, y no fijados por un criterio externo.
Todo esto fue tan pero tan escabroso los años anteriores que casi termina con un ministro del Superior y el propio Gobernador, ‘yéndose a las manos’ en una reunión en Casa de Gobierno.
La verdad objetiva es que este sistema de acordadas automáticas del Superior en Chubut les evita tener que sentarse en paritarias con el gremio de los judiciales. Ya no hay negociación salarial en la Justicia, porque el criterio es de enganche automático con la política salarial del Poder Judicial Nacional. Y eso es lo que critican los diputados que ven privilegios salariales en el otro poder.
Pero además, el Ejecutivo reniega por la ‘independencia financiera’ que reclama el Judicial y que además plasmó en su proyecto de Ley.
En el Proyecto presentado por el STJ, en el artículo 5, se establece que el Poder Judicial ‘podrá reestructurar y modificar las partidas, programas e incisos que considere necesarios, dentro de la suma total fijada por el Presupuesto 2023, con la excepción de la Partida Principal Personal, que únicamente podrá aumentar con el refuerzo que se origine para mejoras salariales en el crédito adicional’.
Además, en su Artículo 6, pide autorización de la Casa de las Leyes provincial para ingresar anualmente a su presupuesto los montos de los depósitos judiciales inmovilizados por 10 o más años y que se encuentran depositados en el Banco del Chubut.
El ministro de Economía, Oscar Antonena, ‘el guardián de las finanzas’ sería uno de los que se opondrían por ahora- a la ‘idependencia financiera’ de la Justicia
En tanto, en el Artículo 8 el STJ pidió también el aval para disponer hasta el 31 de diciembre de 2023, de los intereses que se generen por imponer a plazo fijo el dinero proveniente de depósitos judiciales en el marco de la Ley II No 166, una vez que los mismos hayan sido percibidos al vencimiento de la colocación e ingresados al «Fondo de Recursos Propios del Poder Judicial», creado por Ley II No 33 (antes Ley No 4315).
También, se establece que los recursos que provengan de las operaciones financieras en el Artículo 8, solo podrán ser afectados a la inversión en bienes, servicios y construcciones, teniendo como única finalidad asegurar el funcionamiento del Poder Judicial.
Otra de las cargas del sector corresponde al número de trabajadores. Señala que se fijó en 2.244 la cantidad de personal, pero el Poder Judicial podrá modificar la cantidad de cargos de cada categoría escalafonaria y de cada programa dentro del total de cargos aprobados por la presente ley.
Como dato para otro análisis, en el medio, también hay pujas por cargos venideros y negociaciones mucho más finas que tienen que ver con los tres poderes y el manejo de las finanzas del Estado chubutense. De allí que el protagonismo que adoptan otros funcionarios como el ministro de Economía Oscar Antonena o el de Seguridad, Miguel Castro, además de tener que ver con temas de sus áreas, no sean para nada ajenos a esta otra discusión de fondo.
Todo esto estaría frenando no sólo el Presupuesto, sino las reformas al Código Procesal Penal que en última instancia condicionan el funcionamiento de la Justicia casi ‘a modo de castigo’, porque sin presupuesto, ni independencia efectiva, ni un Código más eficiente, se va afectando la funcionalidad judicial, hasta terminar como está, demonizada socialmente por la innacción que se le endilga respecto al ‘destino final’ de la espiral de delincuencia.
Mientras falta un mes para que se conozca quien tendrá a cargo el nuevo gobierno, y 6 meses para que cambie efectivamente la gestión, todo esto sigue sin solución pese a cuatro años de constantes delictivas, y hasta de vidas perdidas.
Un verdadero desastre en términos de gobernanza, que debería llamar a la reflexión sobre la falta de mecanismos de control democrático del Estado por parte de la ciudadanía, una vez emitido su voto.
Como decía Lincoln, al fin y al cabo ‘una papeleta en la urna, es más fulminante que una bala de fusil’. Habrá que ver…
