18 abril, 2021
Cada domingo de elecciones implica el movimiento de unas 20 millones de personas. Pero antes y después hay miles de trabajadores involucrados en la organización de los comicios.
Pese a que el Gobierno y Juntos por el Cambio avanzan hacia el consenso para postergar las elecciones primarias y generales, la Justicia electoral aún no recibió respuestas al pedido para que se proceda a la vacunación de las casi 500 mil personas involucradas en la organización de los comicios.
«Nosotros entendemos que mientras más nos corramos del invierno mejor. Septiembre y noviembre creo que son dos fechas razonables», expresó el ministro del Interior, Eduardo «Wado» De Pedro, el pasado martes en declaraciones periodísticas al hacer alusión a las negociaciones con la alianza opositora en lo que respecta al calendario electoral.
Mientras el diálogo con la oposición parece avanzar a paso firme, un aspecto que por el momento no tiene respuesta es la vacunación de las casi 500 mil personas que deben participar en el proceso de organización de ambas elecciones: antes, durante y después de poner el voto en la urna hay jueces, fiscales, trabajadores judiciales y estatales, docentes, militares y fiscales partidarios involucrados y en movimiento.
Sólo los docentes y los miembros del Comando General Electoral se encuentran inmunizados o en proceso, ya que integran la categoría de «personal estratégico» elaborada por el Ministerio de Salud en lo que se refiere a la campaña de vacunación contra el coronavirus.
En cada domingo de elección se movilizan poco más de 20 millones de personas: en medio de una pandemia, ese número es una bomba de tiempo.
Aunque el Gobierno estimaba tener vacunada a gran parte de la población para mediados de año, los problemas en la producción y distribución de las distintas vacunas, así como la aparición de nuevas cepas, complica la proyección oficial.
Como mínimo, la Justicia electoral espera que los involucrados en la organización de los comicios sean incluidos en la campaña de vacunación, pero hasta el momento el Gobierno ni siquiera respondió los oficios que envió la Cámara Nacional Electoral (CNE).
El más reciente fue el enviado al Ministerio del Interior el pasado jueves, por medio del cual pidió que se informe el listado de personas inmunizadas para que sean designadas como autoridades de mesa.
Sin embargo, según supo NA, a comienzos de año el tribunal presidido por Santiago Corcuera ya había enviado un oficio al entonces titular de la cartera sanitaria, Ginés González García, para que analizara «la inclusión como `personal estratégico´ a la totalidad de los funcionarios y agentes que prestan servicios a los fines de la organización y ejecución de las distintas etapas que conforman el proceso electoral nacional».
«Es incontrastable la necesidad de incluir dentro de esa previsión a los funcionarios y agentes que se desempeñan en las distintas actividades propias del acto electoral nacional», planteó el magistrado en su presentación, en la que remarcó que para el «correcto desarrollo del proceso comicial» era «imprescindible» que se vacunara a los involucrados en el operativo de organización.
Por fuera de docentes y militares, el primer grupo que debía ser inmunizado, de acuerdo al planteo de la CNE, era la «totalidad del personal de la Justicia Nacional Electoral»: el número estimado fue 2.700 agentes, más otros 750 transitorios, que debían haber estar vacunado en marzo pasado según la consideración de la Cámara.
Pese al reclamo, Ginés González García no respondió al oficio enviado por Corcuera, quien insistió y volvió a escribir al Ministerio de Salud -ya con Carla Vizzotti como titular- y al de Interior: esos nuevos escritos tampoco tuvieron respuesta hasta el momento, indicaron fuentes judiciales a NA, lo que obligaron a la misiva enviada el pasado jueves.
El planteo había tomado dimensión pública cuando la histórica jueza federal con competencia electoral en la Ciudad de Buenos Aires, María Romilda Servini, había advertido que si no vacunaban a los empleados judiciales, no se iban a poder organizar los comicios.
También se había pedido que se priorizara la vacunación de los delegados de la Justicia Nacional Electoral, entre los que se encontraban docentes, y cuya cifra era de unas 20 mil personas, quienes deberían recibir su dosis para julio.
En tanto, el personal del Correo Oficial afectada a la logística del proceso electoral (unos 35 mil empleados); el de la Casa de Moneda afectada a la impresión de los padrones electorales (unas 100 personas); y el permanente y transitorio de la Dirección Nacional Electoral son otros de los grupos que se busca inmunizar para poder realizar los comicios.
Los fiscales de las agrupaciones políticas también fueron incluidos por la Cámara Nacional Electoral, aunque el número no puede ser precisado ya que depende de la cantidad de partidos y alianzas que se presenten en las elecciones.
*NA
