11 junio, 2025
El conflicto entre los trabajadores judiciales de Chubut y el Superior Tribunal de Justicia sigue sin resolverse. El Sindicato de Trabajadores Judiciales de Chubut (Sitrajuch) decidió no acatar la conciliación obligatoria dispuesta por la Subsecretaría de Trabajo de la provincia el pasado viernes, y ratificó la continuidad de las medidas de fuerza que ya implementó lunes y martes. Hay fuertes reclamos no sólo por salarios propios, sino y sobre todo por el aumento que se habrían autoconcedido los ministros en pleno momento de crisis provincial. El presidente del máximo organismo, Javier Raidan en el ojo de la tormenta por su pertenencia extraterritorial y su negativa de recibir al gremio.
El origen del conflicto radica en un reclamo salarial por parte del sector judicial por aumentos no abonados. La situación se agravó luego de que se conociera que los ministros del STJ sí se habrían beneficiado con incrementos salariales desproporcionados y de manera retroactiva.
También denunciaron una «caza de brujas» contra empleados que fueron cambiados de funciones por «pérdida de confianza», en referencia a Rubén Darío Roberts y Gustavo Weinger, quienes se desempeñaban en el área de comunicación y ceremonial, respectivamente presuntamente por no ser considerados ‘confiables’ por el actual presidente del STJ.
A raíz de todo esto, Sitrajuch también exige la derogación inmediata de esas resoluciones.
Además del paro de actividades, los trabajadores judiciales realizarán asambleas en toda la provincia y se prevé una movilización hacia la sede del STJ. Por su parte, la Subsecretaría de Trabajo había convocado a las partes a una audiencia de conciliación para el próximo 19 de junio, aunque desde el gremio pidieron ayer una reunión ‘inmediata’.
Cabe destacar que las aguas se comenzaron a enturbiar en la Justicia chubutense a partir de la designación del doctor Javier Gastón Raidan, un abogado procedente de Buenos Aires, nacido en Avellameda y con tres décadas de matrícula en Capital Federal, Avellaneda Lanús y La Plata, aunque también presuntamente en el Colegio Público de Abogados de Trelew.
Previamente a asumir el máximo cargo judicial en Chubut en agosto de 2024, Raidan ocupó cargos públicos como asesor del Ministerio de Justicia de la Nación y de la Cámara de Diputados de Buenos Aires, pero poco de su trabajo en Chubut se conoce públicamente por lo que fue toda una sorpresa en los ámbitos tribunalicios provinciales su definitiva designación.
Desde entonces vienen generando intranquilidades públicas cuestiones como su recurrente permanencia fuera de la provincia, donde en algunos casos se habla de mantener domicilio en otra localidad o de verse impedido por viajes profesionales de atender temas provinciales. Según el gremio en lo que va de este año, no habría sesionado el pleno y no habría emitido resoluciones.
Asimismo reclaman que las acordadas por las cuáles se habrían aumentado los salarios los propios ministros en dos oportunidades -e incluso de manera retroactiva-, como asi otras disposiciones de esta naturaleza, habrían sido bloquedas para el acceso público.
Estas semanas el presidente del Superior Tribunal de Justicia se ha enfrentado a críticas puntuales por no recibir a los trabajadores judiciales, agravando el conflicto laboral y poniendo una lupa sobre el Poder Judicial de Chubut, con fuertes críticas por parte de la ciudadanía que no ve con buenos ojos los aumentos salariales ‘selectivos’ en un momento donde la Provincia mantiene la emergencia económica, los vecinos hacen su esfuerzo de partes y las principales actividades productivas se encuentran jaquedas por cuestiones coyunturales.
Todo comenzó con una publicación del exministro Fernando Royer. El domingo 1 de junio, el exjuez publicó en su cuenta de Facebook que los ministros del Superior Tribunal de Justicia habían adquirido seis camionetas Toyota SW4, con un costo de más de 420 millones de pesos. Además, sumó viáticos, pasajes, gastos sin discriminar, tarjeta corporativa y alquileres pagos. Aunque borró el mensaje a los pocos minutos, el daño ya estaba hecho, advirtió LU17.
Los ministros del Superior Tribunal de Justicia habrían adquirido seis camionetas Toyota SW4, con un costo de más de 420 millones de pesos
Royer no sólo fue ministro de la corte durante 25 años, sino que también había firmado en 1989 la Acordada que ahora vuelve a estar bajo la lupa. Esa norma establecía un adicional del 10% para los jueces superiores, en concepto de erogaciones propias de la función. Con los años, ese porcentaje creció hasta el 30%. Según la Asociación de Magistrados, la acordada perdió vigencia en 2005 con la ley de Porcentualidad, pero nunca se derogó, con lo que los actuales ministros habrían aprovechado ese resquicio judicial para recuperar poder adquisitivo.
La publicación de Royer fue el catalizador de un conflicto que venía gestándose. Días antes, la Asociación de Magistrados había pedido informes al Superior Tribunal para conocer el origen de los gastos extras y la creación de cargos sin concurso. La respuesta no llegó, pero la polémica ya había estallado.
Todo ese malestar se fue transformando en acciones gremiales y un clima de desconfianza generalizado.
La presidenta del sindicato judicial, Gabriela Huenchual, afirmó que el presidente del STJ había recibido un incremento total del 60% por sobre su salario básico. Los sueldos de los ministros, según trascendidos, habrían alcanzado los 9 millones de pesos, mientras el personal judicial arrastra deudas salariales desde 2024.
El contraste entre la cúpula judicial y el resto del Poder Judicial generó una indignación que se trasladó a toda la comunidad.
El gobernador Ignacio Torres también intervino. Cuestionó los “privilegios” del Poder Judicial y comparó la situación con el aumento de dietas en el Senado. Aunque sus críticas apuntaron directamente a los ministros del STJ, también lanzó dardos contra la Asociación de Magistrados por su oposición a la reforma constitucional que impulsa su gobierno. El conflicto se politizó y sumó nuevas tensiones al debate institucional en Chubut.
El escándalo incluye la compra de las seis camionetas SUV, la contratación de secretarios privados, la adquisición de 12 pasajes aéreos por año para cada ministro, y el uso de tarjetas corporativas.
Todo se cubrió con el presupuesto del Poder Judicial con gastos que se dispararon sin control en un contexto de ajuste en otros sectores del Estado.
La crisis tiene múltiples aristas. Abarca aspectos legales, éticos, presupuestarios y políticos. La Acordada 2797 de 1989 quedó como el símbolo de un sistema que se autorregula y se autoasigna beneficios sin controles externos. El conflicto actual reactualiza viejas críticas al funcionamiento del Poder Judicial en Chubut.
Los colegios de abogados también se sumaron al pedido de explicaciones. Presentaron notas formales pidiendo revisar las decisiones del STJ. El respaldo de los magistrados a las medidas del sindicato también es inédito. Por primera vez en años, todos los actores del sistema judicial coincidieron en señalar a la cúpula como responsable de la crisis. La desconfianza es general y crece con cada nuevo dato que se conoce.
El Superior Tribunal no emitió declaraciones públicas. Los ministros mantienen silencio mientras en pasillos se multiplican las versiones sobre renuncias, presiones y posibles fallos judiciales que podrían revertir los beneficios obtenidos.
Toda esta situación reetidó a su vez despilfarros ya sufridos por el poder público en la provincia, y por supuesto nuevas internas, cuando el Superior Tribunal Chubutense había logrado a partir de la gestión del gobernador Ignacio Torres, recuperar ritmo, credibilidad, presupuesto, completar las bancas vacías de ministros y sobre todo empezar a contar con un cambio de percepción pública sobre la siempre achacada deficiencia judicial en el cotrol del delito y la violencia urbana.
