20 agosto, 2025
En el Salón Azul del Congreso de la Nación y organizado por la Liga Naval Argentina se desarrolló este martes un seminario “Intereses Marítimos Argentinos 2025. Análisis del decreto 340/25 de desregulación de la Marina Mercante Argentina”.
La actividad se desarrolló en el marco del inminente tratamiento en el Senado del rechazo al DNU 340/2025, tal como ya lo hizo la Cámara de Diputados de la Nación.
Uno de los expositores en el encuentro fue el secretario general del Siconara, Mariano Vilar, quien planteó la postura del gremio. “El decreto no solo amenaza los puestos de trabajo, sino que pone en riesgo la soberanía sobre nuestras aguas y la subsistencia de la Marina Mercante nacional”.
El referente advirtió además sobre los efectos de una “desregulación salvaje”, recordó experiencias pasadas que llevaron al deterioro del sector, y pidió a los legisladores que, en sintonía con Diputados, rechacen la medida, según reportó Parte de Pesca.
El encuentro reunió a representantes sindicales, especialistas en derecho laboral y geopolítica, autoridades políticas y empresarias del sector. La diversidad de voces evidenció la necesidad de repensar integralmente la política marítimo-fluvial, apostando por una matriz logística eficiente y orientada al desarrollo nacional.
“Desde Siconara, reafirmamos nuestro compromiso con la defensa del trabajo argentino y el fortalecimiento de la Marina Mercante. Seguiremos participando activamente en todos los espacios donde se discutan decisiones que afectan directamente al sector y a quienes lo sostienen cada día”, dijo Vilar.
A continuación, denunció que el decreto permite un cese de bandera provisorio que crea “la posibilidad de inscribir el buque con la legislación de otro país”, en perjuicio de los derechos laborales del trabajador. “Queremos seguir teniendo el derecho de vivir y de trabajar en nuestro país”, afirmó.
Por otro lado, remarcó que en materia laboral “tenemos que nivelar hacia arriba y no hacia abajo”. Y añadió que a través de este decreto “pasamos a ser extranjeros de nuestra propia tierra y no todas las legislaciones laborales de los países que los buques ocasionalmente puedan enarbolar su bandera contemplan estos beneficios para los trabajadores, que no son conquistas, sino derechos”.
Como conclusión, aseveró que “el Poder Ejecutivo Nacional, en lugar de adoptar todas las medidas a su alcance para eliminar las asimetrías en el costo operativo que tienen los buques de bandera nacional respecto de sus competidores regionales, opta por pergeñar un régimen de excepción que significa lisa y llanamente la desaparición del cabotaje marítimo y fluvial nacional”. Y finalizó que “estamos dispuestos a dar una discusión seria donde el Estado necesariamente forme parte”, pero que “merecemos un país fuerte con una Marina Mercante al servicio de todos los argentinos”.
