3 febrero, 2021
LA LEY SERÁ APROBADA LA SEMANA PRÓXIMA Y NECESITA EL AVAL DE DIPUTADOS PARA SU SANCIÓN DEFINITIVA
El Senado retomó su actividad este miércoles con una fugaz reunión de la comisión de Presupuesto, que en menos de una hora consiguió dictamen de la ley que avala la prórroga del consenso fiscal entre la Nación y las provincias firmado en diciembre.
Se trata de una extensión por un año del que fue subscripto en diciembre de 2019, a días de la asunción de Alberto Fernández, que elimina varios artículos del texto original acordado dos años antes para que los gobernadores puedan aumentar los impuestos locales, como ingresos brutos y sellos; y gravar a productos destinados a la exportación, una fuente de recaudación en zonas de frontera.
«El concepto de que los ingresos brutos bajan hasta obtener otros ingresos se fue anulando por distintas circunstancias. La última fue la ley de emergencia de 2019», reseñó el cordobés Carlos Caserio, presidente de la Comisión de Presupuesto.
La idea original de Macri era reemplazar la merma de recaudación del tributo que grava la facturación en las provincias con un aumento de los que gravan a la propiedad, a partir de nuevos mecanismos para valuar inmuebles, que siguen vigentes pero no han arrojado un resultado satisfactorio.
El único que no adhirió a aquel acuerdo fue el gobernador de San Luis Alberto Rodríguez Saá, mientras que la prórroga de diciembre no fue suscripta por Horacio Rodríguez Larreta, en conflicto por la ley que le quitó fondos que la Nación destinaba para financiar la policía de la Ciudad.
El jefe de Gobierno objetó esa quita ante la Corte Suprema y como el consenso fiscal tiene entre prerrogativas de base renunciar a los juicios contra la Nación, no tuvo otra opción que retacear su firma.
Martín Guzmán casi incorpora una restricción a los impuestos sobre los bonos del Banco Central (Leliq), la fuente de financiamiento sustitutiva elegida por Larreta, pero chocó con varios gobernadores que ya la aplican en sus provincias.
En la reunión no hubo senadores de la Ciudad ni del PRO para defenderlo y sólo el riojano Julio Martínez de la UCR, hizo mención al pasar de ese conflicto. «Hay impuestos como ingresos brutos que cargan contra empresas y las complican. Durante nuestro gobierno, las provincias tuvieron superávit y cuando asumimos 14 no podían pagar los aguinaldos y 17 tenían déficit», comparó.
Su correligionario Víctor Zimmermann sugirió tener un mayor control del gasto para cerrar las cuentas. Y el jefe del bloque oficialista José Mayans reconoció que estos acuerdos deben lograr que el sector privado «no esté tan presionado» con los impuestos.
La ley será aprobada la semana próxima y necesita el aval de diputados para su sanción definitiva. Claro que antes será necesario que se defina un protocolo de sesiones remotas, paralizado por la negativa de Cambiemos a avalarlo sin garantías de tratar únicamente proyectos de consenso unánime.
*PCN, LPO
