1 septiembre, 2020
ADUCIENDO CUESTIONES SANITARIAS PERO BUSCANDO CUESTIONES DE ‘PRODUCTIVIDAD’ NACIONAL
El Gobierno nacional acaba de restablecer las trabas para la importación de libros, retomando una vieja resolución de Guillermo Moreno que prohibió el ingreso de bibliografía del exterior por supuestos temas medio ambientales. La medida luego había sido derogada durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri, y ahora la vuelve a implementar la gestión de Alberto Fernández.
Fue a través de la Resolución 253/2020 del Ministerio de Desarrollo Productivo publicada el lunes 31 de agosto en el Boletín Oficial, que el gobierno nacional volvió a implementar el cepo al ingreso de literatura del exterior que se había establecido ya en 2010.
En aquel momento, se justificó la decisión bajo una excusa ambiental vinculada al nivel de plomo que supuestamente contenían libros y revistas extranjeras, a menos que se tratara de pequeñas partidas, aprobadas por el organismo.
Según la medida, se había comprobado que la tinta de muchos de los textos que llegan del extranjero, tienen un alto contenido de plomo lo cual generó fuertes críticas del sector y entre los empresarios quienes coincidían en que la prohibición de traer libros no tenía nada que ver con la salud de los lectores sino que se enmarcaba en las trabas que el entonces gobierno de Cristina Kirchner imponía a las importaciones de cualquier tipo, en su afán por frenar la salida de divisas de un país que apenas recibe inversiones del extranjero.
De esa forma, los libros y otras publicaciones que llegaban al país vía aérea quedaban con su salida bloqueada de los depósitos fiscales o de las terminales portuarias con el objetivo no declarado de que las grandes editoriales extranjeras, principalmente las de España, Colombia y Uruguay comiencen a imprimir sus textos en la Argentina.
La otra opción que tenían era la de exportar la misma cantidad que importaban para mantener el equilibrio entre la salida y la entrada de divisas. Desmitificando en gran medida la premisa ambiental y reforzando la hipótesis que en realidad se trata de una cuestión económica.
Ahora, fuentes del ministerio que dirige Matías Kulfas aseguran nuevamente que no se trata de un cepo sino de restablecer un ‘control sanitario’ que existía y que el gobierno anterior derogó. «Tiene como objetivo garantizar que los materiales utilizados no sean perjudiciales para la salud», insisten los funcionarios actuales, quienes agregan que quedan exceptuados de la certificación – por resolución 26/12 – los libros de pequeñas tiradas, menores a 500 ejemplares por mes y, por ejemplo, para colecciones pequeñas o libros científicos.
En sus considerandos, la resolución actual de Kulfas recuerda que el artículo 42 de la Constitución Nacional establece que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, y a una información adecuada y veraz.
También que el artículo 5º de la Ley Nº 24.240 establece que las cosas y servicios deben ser suministrados o prestados en forma tal que, utilizados en condiciones previsibles o normales de uso, no presenten peligro alguno para la salud o integridad física de los consumidores o usuarios.
Para la norma redactada en el ámbito de la Secretaría de Comercio Interior que actualmente dirige Paula Español, las modificaciones «generaron una alteración del espíritu del régimen, delimitando su alcance, su rol y resultando en un desvío del objetivo central de la medida originalmente prevista».
Por este motivo, se consideró como «necesaria y conveniente» la implementación de certificaciones de los productos alcanzados por las posiciones arancelarias 4901 (libros, folletos e impresos similares, incluso en hojas sueltas y álbumes o libros de estampas y cuadernos para dibujar o colorear, para niños), con el objeto de asegurar la protección de los derechos de los consumidores y establecer mecanismos de trazabilidad para control de la composición de los productos».
Para el Gobierno, dichas incorporaciones permitirán el establecimiento de estándares de producción y mejora de la competitividad para los productos que se fabrican y comercializan en el país.
«Por ello, se entiende necesario proceder a la suspensión de los efectos de las Resoluciones N° 1/16 y 332/16, ambas de la ex Secretaría de Comercio, respecto de las posiciones arancelarias 4901 – libros, folletos e impresos similares, incluso en hojas sueltas y 49.03.00.00 – álbumes o libros de estampas y cuadernos para dibujar o colorear, para niños, a los fines de incorporar las mismas al Régimen establecido en las Resoluciones Nros. 453/10 y 685/15 de la Secretaría de Comercio».
Se exceptúan aquellas mercaderías que ingresen al país bajo las posiciones arancelarias previamente mencionadas, y que al momento de entrada en vigencia de la presente norma, se encuentren en tránsito.
Restringe la pluralidad bibliográfica
La medida durará por un año desde su entrada en vigencia y seguramente volverá a generar polémica en el sector teniendo en cuenta que durante el gobierno de Cambiemos se había asegurado que el levantamiento de las restricciones apuntaba a promover la pluralidad de voces y democratizar el acceso a los libros provenientes del extranjero. También, a fortalecer el vínculo cultural del país con la región y el exterior. Hasta la Cámara Argentina del Libro, la Cámara Argentina de Publicaciones, editores independientes, libreros y autores estuvieron de acuerdo en la necesidad de eliminar trabas y poder acceder de ese modo a más y mejor diversidad bibliográfica. Ahora, nuevamente se retrocede en esta medida.
*IP, NA
