24 mayo, 2021
El presidente anunció las nuevas restricciones enfatizando que “tuvo razón” sobre la segunda ola. De previsiones, improvisaciones e irracionalidades. Inflación y la respuesta del campo. La conflictividad desde abajo que no cede.
Por Jesica Calcagno
“A mediados de marzo anuncié que iba a llegar la segunda ola, y a mi pesar, tuve razón” dijo Alberto Fernández en la Cadena Nacional del pasado jueves. El mensaje fue dirigido a la oposición de Juntos por el Cambio por la disputa centrada en la presencialidad de las clases que llegó a la Corte Suprema. Pero expone también la propia improvisación del gobierno frente a la segunda ola. ¿De qué sirve jactarse de “tener razón” si no se tomaron medidas para evitar la emergencia sanitaria y social de la segunda ola? ¿Avanzar con el plan de vacunación más rápido? ¿Aumentar el gasto Covid-19 para fortalecer el sistema de salud? ¿Invertir recursos en ayuda social con los alarmantes datos de pobreza? Nada de eso, sino todo lo contrario.
Estamos hablando de vidas, no es un juego de adivinanzas. La Argentina escaló en el ranking mundial con el mayor número de muertos por coronavirus por día. Con 16,46 fallecidos por millón de habitantes el pasado martes, superamos a Brasil de Bolsonaro que registró 11,82 muertos por millón.
La oposición de Juntos por el Cambio no se queda atrás en este desprecio por la vida. En la conferencia de prensa que brindó el mismo jueves por la noche el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se volvió a jactar de su supuesta prioridad por las clases. Los 16 fallecidos en la comunidad educativa de la Ciudad de Buenos Aires, no merecen para Larreta y la ministra de educación Acuña, ni siquiera una mención. Para ellos, pareciera que no existen.
Joaquín Morales Solá en La Nación se vuelve a quejar del plan de vacunación. Ahora descubrió que “la vacuna se convirtió en un bien clasista”. Aunque su preocupación no son los esenciales que reclaman ser vacunados por el enorme crecimiento de contagios en los lugares de trabajo. El motivo es porque “los argentinos vacunados con la Sputnik V no pueden ahora viajar a ningún país de Europa” porque las naciones europeas no la reconocen como vacuna autorizada. Dice entonces que, sólo los que pueden ir a vacunarse a Miami, tendrán la posibilidad de pasear por el viejo continente. Lo que es clasista, es su punto de vista.
También Eduardo Van Der Kooy en Clarín se focaliza en las vacunas, afirmando que no sólo faltan en el país, sino que “hay opacidad en los números y procedimientos de la política sanitaria”. Dice que al presidente le gustaría anunciar “el martes, con motivo del 25 de Mayo, la producción en junio del primer millón de Sputnik V en el laboratorio Richmond”. Pero como no hay garantías de que lleguen con los tiempos estipulados “los asesores presidenciales le claman prudencia antes de hablar”.
Lo curioso es que al hablar de “opacidad en los números” omita mencionar lo que está ocurriendo en la provincia de Jujuy con la propuesta del gobernador para cerrar un acuerdo con el Laboratorio Sinopharm de China. Frente a la imperiosa necesidad de inmunizar, Gerardo Morales propuso un proyecto con cláusulas de confidencialidad. Alejandro Vilca, diputados del Frente de Izquierda, denunció que “es un proyecto que no dice ni a qué empresas le puede comprar, ni en qué tiempos, ni a qué costos. Incluso deja la puerta abierta a la entrega de recursos naturales y cualquier medio de pago necesario». Por eso desde el FIT propusieron «sesionar de manera permanente para que se den a conocer los detalles del supuesto contrato y poder realmente avanzar en conseguir vacunas».
Mientras tanto, la ministra de salud dijo sobre las vacunas que al gobierno le hubiera “gustado ir más rápido, pero no estamos mal”.
En el “tener razón” del gobierno emerge una de las irracionalidades más patente de esta pandemia, que no es cuestionada ni siquiera con casi 73.000 fallecidos por covid-19 desde que inició. Los “intocables” grandes laboratorios como mAbxience del rico Hugo Sigman que produce en Argentina la AstraZeneca pero la exporta. El propio laboratorio Richmond con capacidad de fraccionar y envasar la Sputnik V. El diputado del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, lo recordó esta semana en el Congreso: “si se hubiese declarado de utilidad pública ese laboratorio para fraccionar las vacunas y envasarlas en la Argentina como dijimos y lo negaron, hoy sería otra cosa”. Se negaron a discutirlo tanto desde el Frente de Todos como de Juntos por el Cambio, y, de nuevo, estamos hablando de la posibilidad de salvar vidas si avanza la inmunización.
El “problema mundial” de las vacunas no es sólo por la escasez. Sino por la voracidad empresarial a costa de las vidas: según la ONG Oxfam, por lo menos nueve personas se convirtieron en multimillonarias “gracias a las ganancias descomunales de los grupos farmacéuticos que tienen el monopolio sobre la producción de vacunas contra el covid-19″. Eso es lo que está detrás de la negativa a liberar las patentes y de declarar de utilidad pública los laboratorios con la capacidad de producir, fraccionar y envasarlas. Es lo que está detrás del secretismo y “opacidad” de los contratos que hacen los gobiernos.
A la irracionalidad de las vacunas, se le agrega la de otros sectores económicos del empresariado más concentrado. Especialmente aquellos ligados a los alimentos que vienen aumentando sus ganancias a costa de pulverizar el poder de compra y las condiciones de vida las mayorías trabajadoras con una inflación fuera de control.
Esta semana se concentró también en el debate sobre el aumento de precios de la carne. Después de que el asado aumentó casi 100% en el ultimo año, el gobierno tomó la decisión de suspender las exportaciones del sector por 30 días. La respuesta del agropower, que le viene tomando el pulso al gobierno con sus sucesivos amagues y retrocesos, fue iniciar el jueves el cese de la comercialización por nueve días (y amenazan con extenderlo a los granos).
Alejandro Rebossio en El DiarioAr cita las palabras de uno de los dueños de los frigoríficos más grandes, reconociendo la “opacidad” del comercio exterior. “Hay muchos pícaros que subfacturan y eso hizo subir los precios de la hacienda. Son muchos que empezaron a exportar a China, pero que no son los diez grandes que exportamos el 75% del total”. Ese mercado negro que viene creciendo al calor de la mayor demanda de China es uno de los factores, pero no el único.
Rebossio agrega que el conflicto actual con el campo “no sólo irritó a la Mesa de Enlace” sino que también provocó tensiones en la coalición de gobierno: “entre el albertista Kulfas y su par de Agricultura, Luis Basterra, que no participó de las negociaciones y que, pese a ocupar ese cargo por decisión de Cristina Fernández de Kirchner, mantiene un buen diálogo con las cuatro entidades que representan a los grandes y medianos productores agropecuarios”.
Alfredo Zaiat en Página 12 apunta a explicar la escalada de los precios por “varios elementos que se interrelacionan, fundamentalmente vinculados al comercio exterior, y que impactan a lo largo de toda la cadena”. Entre ellos señala también la “relativa rigidez de oferta” porque “hace más de 15 años que la producción ganadera para el mercado interno no crece”, mientras aumenta la demanda de exportación (como el caso de China).
Sería un debate interesante a desarrollar con mayor profundidad: parte de la irracionalidad de la producción agropecuaria es que se volcó masivamente a utilizar una inmensidad de hectáreas para la soja porque es el negocio más rentable para el campo. Pero sucede a costa de que esas tierras puedan reconvertirse para otro uso, como el de la ganadería. El “boom de la soja” en Argentina fue una de las improntas de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
Zaiat insiste en que la salida está en que “el shock de precios de alimentos debe ser atendido entonces también con un shock en los ingresos de gran parte de la población”. Pero es una manera de evadir medidas que vayan al nudo de los problemas que él mismo describe, y que implican afectar ganancias de los empresarios.
Pablo Anino, economista de La Izquierda Diario, planteó algunas de las medidas que serían fundamentales para evitar la escalada inflacionaria. Uno, sobre la necesidad de dar a conocer y hacer pública la estructura de costos del campo, los frigoríficos, hasta las grandes cadenas de supermercados (como Coto). Para hacerlo tienen que ser comités de control de precios donde participen los trabajadores y consumidores populares, como las mujeres que están al frente de los comedores en los barrios. Así como hay evasión y maniobras de un “mercado negro”, opera una cadena de remarcación de precios para que las empresas se aseguren mayores ganancias.
Hoy son tan sólo 10 empresas del sector ganadero que concentran el 75% de las exportaciones, decidiendo sobre la vida de millones. Por eso, otra medida fundamental sería el monopolio estatal del comercio exterior, para atacar la fuga, la especulación y el desabastecimiento.
No hay que olvidar que el agropower, que hoy se “victimiza” con la medida del gobierno, viene levantando ganancias fabulosas: los campos de maíz incrementaron ganancias en un 216% en dólares, la soja 113% y el trigo 24% en el último año.
Marcelo Colombres en Tiempo Argentino afirma que “las inspecciones del Fondo Monetario Internacional volverán a formar parte de la agenda política del país en las próximas semanas”. Se refiere a las “misiones técnicas” que monitorean la economía local. Sabemos que uno de los pedidos del organismo tiene que ver con “ajustar las cuentas públicas”. Gastar menos para pagarle a ellos.
En distintas notas de los diarios del domingo se pone blanco sobre negro de cuáles son las decisiones que viene tomando el gobierno en este terreno y su impacto en números. Así como el rol del empresariado afecta directamente en el 42% de pobreza, también entran en esa ecuación las decisiones que toma el gobierno (que, en buena parte, están en función de pagarle al FMI).
Diego Genoud en El DiarioAr muestra cómo la inflación “es el mecanismo elegido por el gobierno para licuar los ingresos de asalariados y jubilados”. Cita el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que muestra que “en abril, los gastos destinados a salarios del empleo público cayeron 12,9% en términos reales, y los de jubilaciones bajaron 13,4%, por la actualización que tuvieron por debajo de la inflación”.
Otro de los datos de ese informe muestran el fuerte ajuste presupuestario en gasto Covid, que “en abril fue de $25.602 millones, mientras que el mismo mes del año pasado había ascendido a $230.469 millones”. Si el presidente sabía desde marzo sobre la llegada de la segunda ola, ¿por qué no revirtió la decisión de recortar los gastos covid del presupuesto 2021?
Mónica Arancibia de La Izquierda Diario, analizó la evolución de los programas sociales de ese informe del Congreso. El resultado va en el mismo sentido: ajuste. “Las prestaciones sociales cayeron en términos reales en abril 42,4 % en relación al mismo mes del año pasado”, que se debe fundamentalmente a la eliminación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).
El año pasado se inscribieron más de 11 millones de personas para solicitar el IFE, desbordando las previsiones del gobierno. Finalmente sólo 9 millones accedieron a los $10.000 (que finalmente terminaron siendo cada dos meses y tuvieron tres tramos). Este “gasto covid” fue eliminado para el 2021. ¿De qué van a vivir los millones de trabajadores informales y desocupados si está imposibilitados de salir por las restricciones?
Alejandro Rebossio agrega otro dato más. «A los comedores populares asistían 8 millones de argentinos al finalizar el gobierno de Mauricio Macri. Llegaron a ser 11 millones en el peor momento de la cuarentena en 2020, pero sólo bajó a 10 millones este año porque, a pesar de que volvieron las changas textiles, de la construcción o del servicio doméstico, los ingresos no alcanzan para pagar la comida”.
Esta realidad es lo que motivó la dura crítica de la diputada Myriam Bregman al gobierno cuando dijo “estas medidas demuestran improvisación e insensibilidad social”.
Porque recursos hay, pero el gobierno decidió otras prioridades. En plena segunda ola decidió pagarle al FMI U$S 300 millones en concepto de intereses por la deuda de Macri. Ni hablar de otros de “los intocables” para el gobierno: los bancos. Con un año de los intereses de Leliq que les paga el Banco Central se podría otorgar un IFE de $40.000 para 9 millones de personas por dos meses.
Cruzada empresarial por la conflictividad social y la respuesta desde abajo
Mientras en los diarios ligados a la oposición de derecha estos números que grafican la crítica situación social están ausentes, lo que sí aparece y se repite es el pedido de “orden” para evitar la movilización de las y los trabajadores ocupados y desocupados.
El titular de la Cámara Argentina de Comercio, Mario Grinman, tiene voz en La Nación para decir “No nos apoyan con plata porque no tienen plata. Apóyennos con orden, tampoco lo hacen”. El empresario teme que “en algún momento a alguien le va a saltar la chaveta y esto va a explotar”. Por eso llama al gobierno a “poner orden y cuidarnos” apuntando contra las movilizaciones en las calles.
En Clarín, Van Der Kooy también se queja “¿Qué sucederá con los permanentes desafíos de aquellos que manifiestan en las calles?”. Y lo propio hace Joaquín Morales Solá: “nunca se intentó convencer de que las marchas multitudinarias, a favor o en contra de lo que fuere, es el cultivo ideal del virus”. Claro que cuando eran las movilizaciones convocadas por la oposición de derecha nunca se quejaron. Sólo les molesta cuando se trata de los reclamos de trabajadores ocupados y desocupados que, precisamente, son los afectados por la inflación, la pobreza, los bajos salarios y la eliminación de la ayuda social. La preocupación por evitar la conflictividad social es compartida entre estos sectores y el Frente de Todos que viene intentando desactivar las protestas.
Pero los reclamos desde abajo crecen, porque crece la crisis social y económica. Si ya veníamos viendo conflictos protagonizados por sectores que desbordan a sus conducciones sindicales inmóviles, por salarios y contra la precarización, los últimos días crecen las exigencias de los esenciales para ser vacunados y lo hacen con paro y movilizaciones.
Esta semana hubo un paro de 48 horas de portuarios y marítimos reclamando por la vacunación. Denunciaron la muerte de 4 trabajadores, uno de ellos de 67 años. ¿Qué hacía un trabajador de la población de riesgo en altamar? Es que el Ministro de Trabajo Moroni, levantó el decreto que prohibía presentarse en sus puestos a trabajadores de la población de riesgo. El mismo ministro que ahora, una vez más a favor de las empresas, dijo este fin de semana “Una dosis de vacunas es suficiente inmunización, por eso nos parece lo más razonable que los que ya recibieron la primera dosis vuelvan al trabajo”.
También sectores autoconvocados de la UTA de distintas líneas de la zona metropolitana del GBA concentraron esta semana en el obelisco por salario y vacunas. En el transporte tuvieron que lamentar la pérdida de un compañero de trabajo: un chofer que falleció de Covid-19 después de que la empresa no le respetara la licencia.
Quieren que la clase trabajadora ocupada y desocupada pague con su vida la irracionalidad y el desprecio de la casta política y los empresarios. Quieren que sean quienes paguen el ajuste. Pero del otro lado las respuestas y la organización emergen desde abajo. Cuando las condiciones de vida se vuelven insoportables, la decisión de la clase trabajadora empieza a acrecentarse.
Esta semana Fernando Rosso abordó en el newsletter “Del Otro Lado” algunas conclusiones sobre las elecciones de Chile. También en su editorial en El Círculo Rojo. Allí señalaba que “ya está en el haber de los chilenos y chilenas que para dinamitar un régimen de democracia tutelada, pinochetista y dónde los más dañados fueron los representantes de los “macristas” chilenos (Sebastián Piñera) hay que luchar”. Y concluía que la relación de fuerzas entre las clases, “es justamente una relación que, en general, la cambian quienes pelean y no quienes viven paralizados por la prudencia”.
En su columna de este domingo, Van Der Kooy mete el debate chileno, para decir que “los sensores kirchneristas se activaron después de la elección del fin de semana anterior en Chile” pero por la baja participación en medio de la pandemia. Casualmente, no menciona la estrepitosa derrota de la derecha del presidente Piñera, socio del macrismo, y siempre halagado en ese diario.
Hay que decir que otro de los grandes derrotados de la elección fueron los partidos de la ex – Concertación, surgidos como “anti-dictadura”, luego transformados a la “anti-derecha” pero siempre buscando ubicarse como un “centro” (pactando para salvaguardar también la herencia pinochetista). Hasta el PC fue parte de último gobierno de la Concertación con Bachelet.
Las elecciones en Chile prenden mucho más que un alerta por la participación electoral. Mostraron un proceso surgido e impuesto por la movilización del pueblo chileno, y poniendo en cuestión a los partidos tradicionales. Para profundizar sobre lo que pasa en el país vecino, Pablo Torres escribe hoy en el Semanario de Ideas de Izquierda “Un terremoto político sacude Chile”.
*LID
