3 marzo, 2024
La convocatoria a un pacto reabre la discusión por la coparticipación y el reparto de impuestos.
El Presidente pondera al ex mandatario riojano, sin reparar en cuestiones centrales de su gestión. El Senado se prepara para resistir el DNU y Milei para defenderlo
Por Ignacio Zuleta*
Los gobernadores ensayaron en la noche del viernes, en alguna charla de pasillo del Congreso, la primera toma de posición ante el giro de Javier Milei de tirar la toalla, abandonar la estrategia de la confrontación y admitir la necesidad de algún acuerdo. Tiene una urgencia inmediata: frenar la intención de opositores del Senado de derogar el DNU 70. Es el único programa que le queda en pie y ya está escorado por los amparos que ha dictado la Justicia.
También enfrenta a un Congreso que recuperó, desde el viernes, la facultad de proponer proyectos que pueden tener mayorías para ser sancionados. Desde enmiendas a los intentos de reformas del DNU 70, hasta protecciones a los fondos de financiamiento de las provincias. Pasando por moratorias -ya Sergio Massa propuso una antes de dejar el gobierno- y actualizaciones virtuosas de las jubilaciones. No va a pasar mucho tiempo antes que en Diputados se forme una mayoría, integrada por los bloques dialoguistas -radicales, Hacemos, parte del PRO, provinciales- y de la oposición peronista, que imponga una nueva agenda.
En ese contacto de medianoche Martín Llaryora, Rogelio Frigerio, Ignacio Torres, Sergio Ziliotto y alguno más cruzaron impresiones sobre lo que para ellos es una victoria. El Gobierno los señala como adversarios, pero les pide dialogar. Van a contraatacar con una condición seria: si la clave es el reparto de los impuestos, que el Gobierno admita el debate de fondo que es la recomposición del mapa coparticipable, para volver al formato original o, en todo caso, discutirlo de nuevo en una nueva ley.
Admitir una revisión a fondo del sistema implica discutir el reparto de la coparticipación primaria. Eso ha sido imposible desde la Reforma Constitucional de 1994, que lo puso como obligatorio en una cláusula transitoria, porque la Nación se ha negado a abrir la hucha y compartir la propia. Por el contrario, ha aprovechado siempre para hacerla crecer.
Ahora rigen nuevas condiciones: un gobierno débil, el más débil desde de los últimos 40 años, que no tiene partido ni equipo, ni programa ni territorios, y enfrente a un Congreso fuerte que le hizo morder el polvo con la Ley Ómnibus, y que se paladea con el rechazo del DNU en Senado. Si se discute la primaria, no es difícil que haya una solución. Pero el gobierno tendrá que ceder poder y plata, no seguir peleando por más poder y más plata.
En el origen del sistema actual, la Nación se quedaba con el 42,34%; el 56,66% se repartía entre las provincias de forma automática, y el 1% se reservaba para el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) (Ley 23548 de 1988). Con el paso de los años, las sucesivas enmiendas hicieron crecer la cuota que administra la Nación hasta el actual al 70%, dejándole a las provincias el 30%. Esa diferencia se alimenta de billetes y también de política. La Nación puede decidir, con el manejo del 70% de los recursos, qué se contrata, con quién se contrata y cuándo se le paga. En 2023, según el economista Nadin Argañaraz, de la recaudación nacional sin seguridad social, la Nación se quedó con el 57% y las provincias con el 43%.
Según el exdiputado radical José Pastori, que actualiza mes a mes estos datos, las provincias recibieron en enero un 39,5% de la recaudación tributaria total coparticipables. Con los pactos fiscales de los años ’90 y siguientes, esa suma bajó a 32/34%. Se recuperó en la última década por fallos judiciales y los consensos fiscales de la administración Macri. El reparto actual no incluye tributos que tienen un régimen de reparto especial, como el impuesto a los combustibles o sumas no coparticipables, como impuesto al cheque, el impuesto PAIS, o las contribuciones a la seguridad social. Si se suma todo lo recaudable, las provincias reciben apenas el 30% de lo cobrado y la Nación el 70%, según Pastori.
Esta es la pelea que libran las provincias -La Realidad, diría el Subcomandante Marcos (guglear)- y esa ficción jurídica que es la Nación. Desde la sanción de la norma la mayoría de los gobiernos han sido del peronismo. Esta fuerza impone un formato de unitarismo fiscal que confronta con las provincias. La tesis menemista, que cristalizó la gestión de Domingo Cavallo en los años ’90, y que inspira a la actual administración, es que las provincias son la base de lo que Milei llama el «sistema putrefacto».
Milei invoca a Menem como su numen inspirador, pero a ese mismo Menem se le debe la construcción del Estado unitario y gastador que colapsó. No hay que pedirles coherencia a los políticos, y menos en la sociedad líquida, en la que las paralelas no se juntan ni en el infinito. En el texto del llamado Pacto de Mayo, propone discutir un régimen de coparticipación que supere «el modelo extorsivo actual». Para las provincias, en el esquema actual, quien extorsiona es la Nación. Milei cree que las provincias, que es donde vive la gente, son quienes extorsionan. Hay una distancia inmensa entre lo que ven unos y otros. Es propio del pensamiento rígido proponer que esos cambios sean, además, «para siempre». Es una frase de grado cero de significación. Nada en política es para siempre. O todo lo es, que da lo mismo.
Las provincias responden que ellos han logrado gestionar hasta 2023 con superávit fiscal, siguiendo las reglas de juego que les propuso la Nación. Milei ha sido víctima en estos tres meses de lo que él llama el «principio de revelación». Es el nombre en cursi del viejo método de pegarle al chancho hasta que aparezca el dueño. Mandó las leyes-bala para que aparecieran sus adversarios y pudiera identificarlos y escracharlos. La maniobra reveló a los gobernadores y a los legisladores que lo que Milei quiere no es cambiar la Argentina, sino obtener del Congreso facultades extraordinarias para manejar los dineros que van a las provincias.
En esa charla informal entre mandatarios de la franja dialoguista, surgió un primer consenso, algo difícil de unificar porque cada provincia tiene necesidades diferentes: nadie está dispuesto a admitir la condición que le puso Milei al llamado Pacto de Mayo, antes de aprobar la Ley Ómnibus. Ese muerto levantalo vos, es el mensaje a Milei. El esfuerzo para que no se le venga el Congreso encima lo tiene que hacer el Gobierno.
También tiene la responsabilidad de demostrar que se trata de algo más que un pergeño retórico, que llama a defender cosas que no están en peligro, como la libertad y la propiedad. ¿Quién estaría en contra del equilibrio fiscal o de un régimen previsional equilibrado y sustentable para todos? Milei les ha hablado con el bolsillo y quiere que le respondan con el corazón. Los gobernadores dan vuelta la fórmula: han apelado a su corazón, pero ellos responderán con el bolsillo.
Milei tiene la oportunidad esta semana de probar su animus para pactar. Una es la respuesta de su Gobierno a la citación que aprobó la Comisión Bicameral de los DNU, para que los funcionarios expliquen las razones de la necesidad y la urgencia del texto del DNU 70. Hasta este domingo no estaba clara esa respuesta, si irán o no esos funcionarios, cuándo y a qué hora. Tampoco si el Presidente entregará a sus funcionarios para que vivan una repetición de las audiencias que hubo en Diputados por la ley ómnibus. Ha dicho que el Congreso es un nido de ratas y que es parte del esquema putrefacto que quiere atacar.
Una segunda oportunidad la tiene en Puerto Madryn este jueves. La liga de gobernadores patagónicos lo ha invitado a la sesión de la Asamblea de Gobernadores del Tratado de la Patagonia. Los mandatarios de la región vienen trabajando en la constitución de un bloque desde antes de asumir el 10 de diciembre pasado. En septiembre de 2023 hicieron una cumbre en Ushuaia en la que se conjuraron para armar un espacio regional en el Congreso, que puede llegar a contar con 30 diputados y 18 senadores en la defensa de fueros regionales, por encima de diferencias partidarias.
Van a estar los mandatarios Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Sergio Ziliotto (La Pampa), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego). Han convocado a los legisladores de esas provincias y descuentan que habrá ausencias de La Libertad Avanza y de algún sector del PRO.
Ese foro nació en Santa Rosa en 1996, después de la cláusula en favor de la regionalización que figura en la Constitución de 1994. Tiene densidad porque nació de proyectos regionales muy peleados en la era de gobernadores como Horacio Massaccesi, Rubén Martín o Néstor Kirchner. Resistieron los intentos de Eduardo Duhalde de incluir a Buenos Aires en ese grupo. Sólo se admitió al partido de Carmen de Patagones como miembro observador sin derecho a voto. Marín ganó la pelea para entrar al club, porque se le resistían los sureños.
Los gobernadores discutieron todo el fin de semana un comunicado adelantando su respuesta al llamado de Milei a un acuerdo. Incluye entre otros tópicos el replanteo en serio de la coparticipación, abriendo la discusión de la primaria. Decidieron suspender la publicidad del documento para permitir que Milei acepte asistir sin sentirse encorsetado en un foto hostil.
La posición de los patagónicos incluye la creación de una empresa de energía regional -una Cammesa propia para negociar los recursos-, la provincialización de las centrales hidroeléctricas cuando terminen las concesiones y la recuperación de la gestión de las áreas de hidrocarburos maduras, que YPF ya anunció que dejará para concentrarse en Vaca Muerta.
Milei comienza a ejercer este lunes, efectivamente, su mandato presidencial, porque el Congreso entró en el período ordinario de sesiones. El Gobierno ya no tiene el privilegio de que el Congreso sólo puede tratar iniciativas propuestas por el Ejecutivo. El Gobierno desperdició esa facultad, casi un privilegio para controlar cualquier situación, con la frivolidad de poner al país en estado de asamblea permanente en torno a los proyectos-bala (DNU 70 y ley ómnibus). No extrañó que Milei repitiera el llamado a acuerdos, tal como han hecho todos los presidentes en dificultades.
Sobran las anécdotas sobre el entusiasmo que produjo en la sociedad cada vez que un presidente con el agua al cuello llamó a todos los sectores para fugarse hacia adelante con la música d los acuerdos. Hasta Cristina de Kirchner, cuando reeligió en 2011 con un 54% de los votos, creyó que ganaría oxígeno para el nuevo mandato. Llamó a un acuerdo político que ilusionó hasta a la oposición más cerril.
Elisa Carrió, que la suele ver, les advirtió que era inútil. Era un acuerdo retórico, que el peronismo dinamitó con medidas que lo llevaron al fracaso. Pocos meses después de aquel llamado al acuerdo, emprendieron la estatización ruinosa de las acciones de Repsol en YPF e impusieron el cepo. Aquel oficialismo acumuló derrotas políticas, culturales, judiciales y electorales que lo desplazaron del poder en 2015.
La única manera de construir poder es ceder poder. Algo que hasta ahora Milei no hace. No le resulta fácil, tiene tan poco poder que no le sobra ni para muestra. Por eso el maratón de fingimientos con el que gestiona, en la ilusión que el discurso está por encima de la realidad. Una falacia técnica que prueba que también en semiótica el gobierno atrasa. Si no fuera así, el peronismo no hubiera sacado el 44% de los votos en el ballotage, ni mantendría un muro de bloqueo al oficialismo con 100 diputados y ya casi 40 senadores -son los que se juntan en estas horas para rechazar el DNU 70-.
