20 noviembre, 2021
Si se devalúa, mayor será el impacto en los precios de las exigencias del FMI para reducir el gasto. ¿Qué alternativas se proponen a la devaluación?
El panorama para el Banco Central es complejo. Devaluar o acelerar el tipo de cambio para recuperar la competitividad requerirá un esfuerzo de tasa de interés que Pesce posterga por sus efectos colaterales: reduce el crédito al sector privado y ralentiza la economía; le encarece el financiamiento de la deuda de corto plazo a Guzmán; y, además, lo obliga a incrementar el costo de la bola de Leliqs, que ya rondan el 9% del PBI.
Pero también porque la devaluación en sí misma hace que el impacto de las subas de las tarifas a los consumidores deba ser mayor para lograr la reducción del peso de los subsidios sobre el déficit público. Un estudio de sensibilidad de la consultora Anker, que dirige el ex ministro de Finanzas Luis Toto Caputo, advirtió que si se duplican actualmente los precios de las tarifas energéticas y de transporte al consumidor, solo por los efectos de primera vuelta, a la inflación se le sumarían 5,1 puntos porcentuales.
Con esto, se podría bajar el déficit fiscal por el equivalente al 1% del PBI, cuando el costo de estos subsidios sobre las arcas nacionales ya se acerca al 3% del PBI.
«Esto no es una proyección, sino un ejercicio de sensibilidad que no contempla ni los efectos de segunda vuelta en la inflación ni el impacto adicional en las tarifas si además hay una devaluación que encarezca el componente en dólares de las tarifas», detalló a este medio Federico Furiase, analista de Anker.
En este sentido, el economista, no se decantó ni por la aceleración de las microdevaluaciones diarias o «crawling peg» por encima de la inflación, ni por ir directamente a una devaluación del 25 a 30%, que corrija el 20% de atraso cambiario acumulado en 2021. En cambio, planteó una posibilidad intermedia que consiste en devaluar de un salto un 10% y luego continuar con microdevaluaciones del orden del 2% mensual, más aceleradas que las actuales, pero no por encima de la inflación, lo que evitaría la necesidad de subir la tasa de interés.
«No digo que esto es lo que el Banco Central vaya a ser, sino que me pregunto si en lugar de afrontar los costos de un ‘crawling peg’ más alto que te exige más tasa de interés para que funcione o los costos de una devaluación de la noche a la mañana, que en el contexto actual de falta de reservas netas puede irse de las manos, no puede haber un escenario intermedio», aclaró Furiase al tiempo que remarcó que «Sea cual sea la opción que termine por aplicar Pesce para dejar de perder reservas, ningún esquema cambiario va a funcionar si no viene de la mano de un programa fiscal y monetario consistente que genere expectativas positivas de la mano del Fondo, que ayude a frenar la salida de divisas y a achicar la brecha cambiaria por las buenas».
Sea cual sea la opción que termine por aplicar Pesce para dejar de perder reservas, ningún esquema cambiario va a funcionar si no viene de la mano de un programa fiscal y monetario consistente de la mano del Fondo
En este sentido, el economista de Anker hizo un planteo similar al que hizo martes el mismo Banco Central: «Con vistas al 2022, un próximo acuerdo con el FMI ayudará a mejorar las expectativas de aquellos actores que condicionan su visión acerca de la sostenibilidad del sector externo al resultado de dicha negociación, contribuyendo a contener las presiones cambiarias y las expectativas de inflación», señaló el último Informe de Política Monetaria.
Hasta el momento, economistas como Arriazu o Kiguel han apuntado a la inviabilidad del «crawling peg» acelerado, que ya lo intentó Kicillof en el 2013 y terminó con la devaluación de Fábrega el verano siguiente. No obstante, para Furiase esta opción «no está exenta de dificultades, partiendo de los niveles actuales de pobreza y salario real, por razones de tensión financiera, alto traslado del tipo de cambio a precios y el impacto cruzado en los subsidios energéticos con costos atados al dólar».
En este punto, detalló que reducir en 1% del PIB el peso de los subsidios a la energía y el transporte arroja un impacto directo en el IPC de 2,8% y 2,3%, respectivamente, suponiendo una economía estabilizada y sin contar los demás efectos. «No son decisiones fáciles las que se vienen», concluyó.
*LPO
