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Denuncian que los controles en los precios son ilegales, ilegítimos e inconstitucionales 6 abril, 2021


Denuncian que los controles en los precios son ilegales, ilegítimos e inconstitucionales
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El Comité Ejecutivo de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios cuestionó las nuevas disposiciones de la Secretaría de Comercio Interior.

La pandemia del coronavirus trastocó todos los planes, tanto del gobierno nacional como de la sociedad en general. Todos debieron aprender a convivir con la «nueva normalidad». Si bien el rubro alimenticio fue el que menos restricciones tuvo, algunas medidas recientes del Gobierno causaron rechazo en la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios.

“Desde el comienzo de la pandemia, la industria ha sabido demostrar su carácter esencial en la matriz productiva del país y ha continuado prestando servicios en pos de asegurar la provisión de alimentos y bebidas a las familias argentinas”, señalaron desde la entidad.

En la misma sintonía, desde la COPAL manifestaron que “el sector ha tenido que convivir desde marzo del 2020 con el congelamiento de todos sus precios, medida que fue acompañada por las empresas entendiendo que ésta era de carácter excepcional y transitorio, en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19. Luego de haberse renovado en siete ocasiones y haber cumplido un año de su implementación, el sector advirtió en más de una oportunidad el riesgo que representaba para la sustentabilidad de las empresas, debido a los persistentes incrementos de costos que han dejado a los distintos sectores en una situación crítica”.

El más reciente motivo de encono es la reciente publicación de la Resolución 237/21 que crea el “Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica” (SIPRE), el cual exige a las empresas informar mensualmente los precios vigentes y las cantidades vendidas de todos sus bienes finales o intermedios, así como también el stock de todos sus productos.

Ante esta determinación, desde COPAL se interpuso un reclamo administrativo impropio, requiriendo la suspensión de los efectos hasta tanto se evalúe su derogación. Entre los principales fundamentos subrayan “la ilegalidad, ilegitimidad e inconstitucionalidad de dicha resolución; asimismo, considerando los inconvenientes técnicos lejos está de ser una medida que atienda a la real situación que atraviesan las industrias de alimentos y bebidas, intensifica la carga burocrática de las empresas demandando mayores recursos para atender la normativa establecida, lo que atenta contra la viabilidad, competitividad y sustentabilidad de la industria”.

“En el marco de una emergencia sin precedentes se definen reglas de juego que van más allá de la misma, lejos de reconocer la situación crítica que atraviesan los sectores. Más burocracia, más carga tributaria y desincentivos a la creación de empleo e inversiones, no hacen más que alterar el normal desenvolvimiento de las actividades económicas e incentivar la informalidad”, afirma Daniel Funes de Rioja, presidente de COPAL, que asegura “estamos convencidos de que la única vía para lograr estabilizar la economía es a través de la generación de más competencias, incentivos a la iniciativa privada y mayor formalidad con menor carga fiscal”, sentenciaron.

Cabe recordar que COPAL es una entidad federal que reúne a más de 35 cámaras sectoriales asociadas de la industria de alimentos y bebidas de la República Argentina. Este sector representa el 28% del PBI industrial y el 31% de los puestos de trabajo manufactureros, que representan alrededor de 380.000 personas. Las exportaciones argentinas de la industria de alimentos y bebidas equivalen al 40% de las ventas al exterior del país y están representadas todas las economías regionales.

 

*NA


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