18 agosto, 2020
Por Ignacio Zuleta
Privatistas vs Estatistas: Demora un plan para que haya gas. Es la razón por la cual Alberto dice que no tiene plan. La confesión dispara la pelea de las tribus para imponer los suyos. El viernes, el Gobierno debió presentar la versión final del plan Gas 4, un programa de promoción de esa industria, que tiene el apoyo de los empresarios y los gobernadores, pero que enfrenta a los dos sectores del Gobierno, estatistas y privatistas.
Los estatistas resisten en los organismos de control que ocuparon delegados del Instituto Patria, como Francisco Bernal en el Enargas y Federico Basualdo en el ENRE. Los privatistas han avanzado en el plan “Gas 4”, atados a Alberto y a Matías Kulfas, que buscan mantener un formato de participación público-privada. La presentación se postergó para el próximo viernes 21 y será objeto de un decreto que el Gobierno promete para antes de fin de mes.
El plan confía dar condiciones para el reencarrilamiento del sector, golpeado por la crisis del negocio de los hidrocarburos en el mundo, la crisis económica prevalente, y los efectos de la peste.
Los gobernadores de provincias productoras pueden llegar a plantear diferencias, pero no lo rechazan porque protege sus regalías. Los neuquinos se entusiasman porque el ser el gas natural la fuente que cubre el 60% de las necesidades de la matriz energética nacional, el plan puede generar abastecimiento de energía, con inversiones que permitan disminuir la importación de gas, y proveer energía en los meses de invierno. Los mendocinos, que tienen petróleo, por ahora la miran de afuera, pero siempre tienen para ellos una parte de Vaca Muerta.
El plan propone contratos de 4 años -renovables para la especialidad off shore por un plazo similar- y permite el otorgamiento de permisos de exportación firme durante los meses de baja demanda doméstica. Esto amplía la demanda y puede generar el ingreso de divisas al país.
El plan está descrito en un informe de 93 puntos que hizo circular la semana pasada el subsecretario de Hidrocarburos Juan José Carbajales con el título de «ESQUEMA DE OFERTA Y DEMANDA DE GAS NATURAL 2020-2024».
El viernes, el ministerio de Kulfas tenía preparada una presentación ante gobernadores y empresarios, todos entusiasmados por el plan, pero a última hora se suspendió por una semana.
El documento es largo y exhaustivo, y algunos pidieron revisarlo bien antes de formalizar esta, que sería la tercera presentación. También falta resolver un detalle, quizás el más importante: ningún plan puede funcionar con el cepo al dólar. El gas es un negocio global y se hace en dólares.
La primera presentación la hizo Carbajales hace diez días en una charla virtual con la AmCham (Cámara de Comercio Argentino Americana) en donde fue aclamado por representantes de la firmas que están en el negocio. Retuvieron de esa exposición que el funcionario dio a entender que habrá aumento de las tarifas y que los subsidios se usarán para pagar la diferencia. Horas más tarde, el jueves 6 de agosto, Kulfas hizo otra presentación ante las empresas junto a Carbajales y el CEO de YPF, Sergio Affronti.
Este grupo está enfrentado con el de los funcionarios del ala estatista. Estaba invitado el interventor del Enargas, Bernal, pero no apareció. Bernal es el martillo de los empresarios, que le atribuyen pertenecer a la tribu que quiere la vuelta de Segba y Gas de Estado, dos sellos para la nostalgia.
El sector logró en el Senado la derogación del DNU de Mauricio Macri, que ordenaba el pago a las empresas de gas de una compensación por la pesificación de las tarifas. Esa norma destinaba recursos por más de $ 25.000 millones para las empresas, en 30 cuotas a partir del 1° de enero del 2019, de la cuales al 10 de diciembre sólo se había abonado una. Bernal denunció a los ex funcionarios de Macri por haber ordenado esos pagos y paralizó todo. La insistencia de Kulfas en el plan Gas 4 implica un avance de las empresas, que escuchan desde el 10 de diciembre que el ministro y Alberto Fernández creen que debe haber un retoque de tarifas. Pero hasta ahora nadie mueve un papel.
La puja entre sectores paraliza este, que podría ser un plan para quien no tiene plan (Alberto). Los empresarios confían en el plan de Kulfas, pero quieren alguna prueba de amor sobre el cumplimiento del Gobierno de los compromisos a que se obligan por 4 y 8 años (off shore). Les han prometido la creación de un fideicomiso por USD 500 millones para anclar un bono que asegure el pago de los subsidios. Ya les cortaron los víveres con la anulación en el Senado del DNU 1053/2018. La oposición ha rechazado esa derogación, que los empresarios esperan que no se perfeccione en Diputados, adonde no hay sesiones hasta que no haya un acuerdo de convivencia amistosa, que permita los debates remotos.
Hoy la Cámara baja está paralizada y la oposición espera a que se llame a una reunión de Labor Parlamentaria -los jefes de bloque- para acordar un temario que no puede incluir los «proyectos del odio» (Vicentin, reforma judicial, juicio al Procurador Casal, derogación de los DNU de Macri). No creen que Massa adopte el sistema pretoriano de Cristina en el Senado, de tratar todo en sesiones especiales. En ese formato la agenda de tema no surge de Labor Parlamentaria sino de la real gana del oficialismo. En este punto, los radicales han ido más lejos porque entienden que no se los ha consultado.
El mismo reproche hacen los sindicatos, que dicen no conocer nada de esos 93 puntos.
Un documento del Instituto Mosconi, el think tank de los radicales para los temas energéticos, señala objeciones. La principal es que no prevé aumentar la producción sino asegurar que se mantenga la actual, y que nadie sabe de dónde van a salir los fondos para el subsidio.
Por eso, el sello que dirige Jorge Lapeña, en nombre de su partido, reclama que este plan sea discutido dentro de presupuesto para el año 2021, que debe presentarse el 15 de setiembre.
El Gobierno dice en la minuta que hizo circular el viernes, que el plan regirá en una fecha incierta: «Septiembre/octubre 2020, en función de los plazos necesarios para lograr mayor inyección en mayo de 2021». Con eso ya no hay tiempo de discutirla en el presupuesto.
A la par, hay que decirlo, inquieta a todos, en especial a los gobernadores, que el Gobierno hable de que prepara una nueva Ley de Hidrocarburos para disparar nuevos mecanismos de promoción de la actividad. Durante el ciclo Kirchner lograron desbaratar esa iniciativa, porque saben que la Nación siempre está al acecho para manotear algo en el reparto de los recursos del subsuelo, que son propiedad de las provincias.
Néstor Kirchner opinaba en 2003 que había sido un error la cesión a las provincias de esos recursos en la Constitución de 1994, porque le quitaba a la Nación la manera de auditar las riquezas. Antes, cuando era gobernador y convencional, había votado esa cláusula. Después intentó leyes resistidas por los gobernadores. Sólo pudo sacar la llamada «ley corta» de 2006, para imponer algún control del gobierno federal en el negocio. Cerró un largo debate en el cual la Nación perdió la partida. Cada vez que los gobernadores escuchan hablar de ley de hidrocarburos, llaman a la policía.
La fruición con la cual Alberto dijo «el botón rojo siempre está a mano», expresa la dicha de los gobiernos por haber recuperado algún tipo de control sobre una sociedad levantisca, hastiada de cualquier forma de gobierno.
Cuando se habla de populismo -esa palabra de goma, encubridora, estigmatizante, pero necesaria según Rosanvallon- estamos hablando de demagogia. Es lo que despliegan los gobiernos para contener la indignación que ya es planetaria, con espejitos de colores y empujando hacia adelante la solución de los problemas. Difícil que tengan otro recurso, por eso festejan cuando tienen una palanca cerca de la mano.
La crisis de los sistemas representativos es mundial. Hubo un testimonio pre-virus en las rebeliones del Guasón, que arrastraron en 2019 a casi todos los gobiernos de la región, y hacen tambalear a los del resto del mundo.
El esfuerzo de los llamados populismos es para contener la rebelión imparable de los indignados de todos los colores. La peste empeoró todo, porque desnudó la intemperie que hiere, no ya a las clases bajas sino a la burguesía de las grandes ciudades, y perfora los proyectos de los más ricos.
Los indignados de antes -España por el estallido de la burbuja inmobiliaria desde 2008, los de Wall Street de 2009- eran una crema del desamparo. Hoy ese desamparo parece alcanzar a todos. La peste unifica la pelea anterior entre la gente de Somewhere (alguna parte) contra la gente de Anywhere (de cualquier parte), entre quienes creían poder sobrevivir sólo en su tierra y su cultura, y quienes se creían con capacidades, habilidades y recursos para adaptarse a cualquier lugar (David Goodhart en su libro The Road to Somewhere: The Populist Revolt and the Future of Politics, Londres, C Hurst & Co, 2017).
Esa crisis la adelantó la Argentina cimarrona, precursora de todas las tendencias mundiales, con aquella consigna de 2000: Piquete y cacerola/ La lucha es una sola. Los indignados de toda la escala se han apoderado, gracias a las revelaciones del Guasón, del botón rojo del cual presume Alberto. Ojo, el botón rojo está en otro lado. Por eso indigna al Gobierno la resistencia de la oposición a seguir recluida en el corralito del debate remoto, para los proyectos más importantes del Congreso. Les quita el control del botón.
Uno de los últimos recursos que les quedan a los gobiernos que apelan a cualquier forma de control, aunque, como recuerda Rosanvallon, el populismo hunda sus raíces en las tradiciones más pestilentes de la extrema derecha. Este peronismo que gobierna se ufana de populismo, amparado por la indiferencia de esa fuerza a que le recuerden su formato autoritario. Más bien busca reivindicarlo con menciones al botón rojo, un símbolo de peligrosa arbitrariedad, doctor Strangelove.
*Zuletasintecho
