11 abril, 2025
LOS MAGISTRADOS AFIRMAN QUE ES PORQUE LA PROVINCIA NO APELÓ
El presidente del Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS) de Chubut, Sergio Wisky, cuestionó con firmeza un reciente fallo del juez de Sarmiento, Santiago Martín Huaiquil, quien ordenó a la obra social Seros cubrir el 100% del costo de una cirugía estética de feminización, incluyendo implantes de glúteos. El caso fue ventilado por el propio Gobernador Ignacio Torres. Los magistrados dicen que la Povincia no apeló en tiempo y forma
La medida judicial, calificada como “autosatisfactiva”, desató una fuerte controversia por su carácter urgente y su elevado costo económico que superaría los $40 millones.
“El tratamiento cuesta 40 millones de pesos. Eso es plata que podríamos usar para cubrir tratamientos de quimioterapia, atender a cien pacientes con diabetes o cubrir estudios ginecológicos para prevenir el cáncer en miles de mujeres”, sostuvo Wisky.
El funcionario provincial advirtió además que esa cifra representa casi lo que se destina en un mes a diagnósticos ginecológicos para detectar cáncer de cuello de útero, una de las prioridades sanitarias de la obra social.
El encargado del ISSyS explicó asimismo que el sistema de salud de Seros funciona bajo un esquema solidario y con recursos finitos. “No podemos dar lo mismo a todos sin considerar la urgencia y la necesidad médica. La cirugía que se nos impone no es una urgencia, no hay riesgo de vida. La urgencia en medicina es cuando hay peligro en los próximos 15 días”, remarcó.
En la misma línea, denunció que este no es el primer caso similar vinculado al mismo juez: “El año pasado, por una orden similar, se autorizó la colocación de implantes de glúteos por un costo total de 18 millones de pesos. Esto genera una tensión enorme en un sistema que ya está presionado por la inflación, la judicialización de la medicina y la imposición de tratamientos sin evidencia científica sólida”.
Alertó asimismo sobre el uso de recursos en prácticas estéticas como feminización facial, rinoplastias, pexia de cejas o contornos mandibulares. “Nos preocupa que haya una tendencia a imponer coberturas sin priorizar la evidencia médica o el impacto en la calidad de vida. Muchos de estos procedimientos aumentan el costo pero no la sobrevida ni la salud de fondo”, agregó.
A pesar de las polémicas, el presidente del ISSyS resaltó que Seros sigue adelante con su campaña de vacunación antigripal, apuntada especialmente a mayores de 60 años y personas con enfermedades preexistentes. “La prioridad es cuidar a quienes tienen más riesgo. Prevenir complicaciones por gripe es parte del compromiso del sistema de salud”, dijo.
Por último, Wisky recordó que el sistema está enfocado en detectar de forma precoz enfermedades como el cáncer de cuello de útero, de mama y de colon: “Queremos llegar antes a quienes más lo necesitan. No se trata de negar derechos, sino de administrar con responsabilidad lo que tenemos. El sistema solidario debe priorizar cantidad de vida, y luego calidad”.
Cabe destacar que hace pocos días el Gobernador Ignacio Torres anticipó que denunciarán al juez Huaiquil por su fallo.
Por su parte la Asociación de Magistrados de Chubut a través de su presidente, Claudio Petris, se refirió a la polémica desatada tras el fallo judicial que ordenó a Seros a cubrir el costo de la cirugía estética de feminización de rostro y afirmó que los abogados de la obra social no apelaron la sentencia cuando era el momento de hacerlo.
Petris anticipó además que la Asociación de Magistrados saldrá a expresarse en rechazo a las advertencias del gobernador Torres, quien salió a cruzar duramente al juez Santiago Martín Huaiquil y anunció que el estado provincial lo denunciará
«No se ejerció ninguna vía legal para revisar la decisión, los abogados no apelaron y entonces el fallo queda firme», dijo el representante de los jueces. “El fallo que obliga a cubrir una cirugía estética por cambio de género quedó firme tras no respetarse los plazos legales”, aseguró el letrado.
El caso amaga con desatar un verdadero entredicho entre poderes, ya que desde Provincia reclaman la permanente judicialización de casos de este tipo y ya se habla de un proyecto para modificar la adhesión a la Ley nacional que obliga a asistir casos de estética. Además, abre el debate sobre las coberturas de salud, los costos y las prioridades que debe atender la obra social provincial.
