19 julio, 2020
EL OFICIALISMO DESAIRA A GINÉS, A CASERIO, JUGUETEA CON LA HERRAMIENTA DEL VETO POR UNA LEY QUE PUEDE COSTAR USD 400 MILLONES AL ESTADO, LOS PREPAGOS Y LAS OBRAS SOCIALES
Por Ignacio Zuleta
La senadora Anabel Fernández Sagasti avisó que 1) Alberto Fernández, encarnando al Fabiolo de la Sra. Yáñez – a cargo del poder Ejecutivo – se había comunicado con 2) Cristina de Kirchner – que no es senadora – y le había instruido a 3) ella – que no es autoridad del bloque, el jefe es José Mayans, – que le comunicase 4) a la bancada oficialista, que él quería que se aprobase un proyecto para pagar el tratamiento de la fibrosis quística, tal como la había aprobado Diputados. Pidió además que se trate en la sesión de este jueves, es decir sobre tablas, sin esperar a los 7 días que requieren los despachos de comisión para que su aprobación tenga validez.
Para habilitar esa sesión hacen falta 2/3 de los votos, número que el peronismo ni tiene. Carlos Caserio se allanó como pocos al decir: “Siempre hay una decisión superior, que es la del presidente”, flojo de convicciones sobre la división de poderes.
Como se trata de una iniciativa de la oposición, le sirve para quebrar la negativa a que le den los 2/3 para el tratamiento. En todo caso, si había algo que remediar, lo haría mediante un veto.
Esta institución del veto tiene un orden pretoriano, pero la quiere usar Alberto ahora con tal de quebrarle el 1/3 a la oposición, mejorarle la performance en el Senado a Cristina, y salvar el prestigio de la casa real en la persona de los Fabiolos. Es como desayunarse con vodka; un exceso para la salud, pero levanta el ánimo. Lo paga el lio que le traslada la oposición del bloque de Juntos por el Cambio, que está dividido sobre si dar o no los 2/3 el jueves. Se acerca al objetivo de dividirlos, y alcanar el récord de Mauricio Macri.
En 2016, a los seis meses de gobierno, había logrado dividir al peronismo del Senado en dos y al de Diputados en tres. Este miércoles había debate de la bancada de Juntos por el Cambio y, después, del Interbloque que integra con otras fuerzas. Ya la división que procuraba el gobierno parece lograda: el senador Julio Cobos adelantó que dará su voto para que el gobierno tenga el jueves los 2/3 para tratar el proyecto sobre tablas. “Es una posición personal”, musitó. El bloque ya está dividido.
Esa participación de Sagasti sorprendió a todos los senadores del oficialismo, que había ido al plenario con la idea de aceptar las sugerencias de revisión de Ginés. El ministro se había ocupado de que eso ocurriera y por esa razón aceptó la invitación a participar que le enviaron Mayans y Caserio. El mensaje de Olivos, a donde el ministro también había llevado su inquietud sobre el avance de ese proyecto, también llegó por sorpresa.
El mensaje llegó después de que el ministro de Salud cerrase su participación en el plenario de comisiones que trató el proyecto y desaconsejase su aprobación por 1) inútil, 2) caro, 3) viscoso porque es una ley con marca de origen (un laboratorio), 4) insolidaria, 5) antifederal, y 6)inconstitucional porque ordena el “otorgamiento inmediato del Certificado Único de Discapacidad a la persona diagnosticada, el cual será de por vida”. Según explicó Ginés ante la comisión, no existen discapacidades de por vida, sino personas con discapacidad. Apartarse de ese criterio es violatorio de convenciones internacionales.
Las manifestaciones del ministro fueron celebradas y admitida por los senadores. De paso, cada cual que habló derramó elogios hacia la figura de Ginés por su prestigio y por su responsabilidad en la campaña de lucha contra el coronavirus.
También había hablado el presidente de la comisión de Presupuesto, Caserio, quien calculó que esa norma costará USD 400 millones y que eso no había figurado en ningún debate previo. El argumento de Caserio, responsable de los números en el Senado que el Ejecutivo dijo: “Lo que haya que invertir se va a invertir”. Contabilidad creativa por sobre todo.
El peronismo del Senado paga cualquier precio para quebrar el 1/3 de los votos de la oposición que el impiden el avance de proyectos estructurales (Procurador, Defensor General, designaciones en la Corte, etc.). Esa firmeza de sus adversarios es la principal herida sobre Cristina de Kirchner, cuya misión en el terceto gobernantes es hacer andar al
Senado en ese rumbo, y no lo logra. Pierde casillas ante sus socios Alberto Fernández y Sergio Massa, que se acreditan avances en el tablero de resultados.
El objetivo es político, no operativo, y basta con rendir a la oposición de Juntos por el Cambio en el terreno simbólico. El peronismo echó mano de un expediente que le ha servido en el pasado para hacer músculo: apropiarse de iniciativas del no peronismo, y hacerlas avanzar para desgastar las convicciones de sus contradictores.
Ocurrió en el anterior ciclo del peronismo – 2003/2015 – cuando dio vuelta en su provecho de proyectos que venían de la oposición radical, como la estatización de jubilaciones, YPF y aeropuertos, la ley de medios y otras que habían sido generadas por el no peronismo y que esta fuerza exhibió después como logros propios. De paso, dividió a sus adversarios.
Aplicar esa táctica costó este martes el desaire a Ginés y al senador Caserio, más allá de los millones que puede costar la ley si se aprueba. Interesó más el escenario que el fondo de la cuestión. Alberto quiso acelerar la sanción para preservar su imagen ante los familiares de enfermos que piden la ley, Cristina para retomar aire en la Cámara.
Ginés había pedido que se atendiesen sus argumentos en un nuevo debate entre legisladores, que él mismo ofreció asesorar. Esa discusión pasa ahora al Ejecutivo. Quien aconsejará el veto a Alberto va a ser el propio ministro. Con la ventaja de que ese debate se hará fuera de la luz pública que brinda en Congreso, que es participativo como razón de ser. El Ejecutivo puede sesionar entre cuatro paredes.
El proyecto de fibrosis quística es iniciativa de radicales en Diputados, que lograron que se aprobase en un maratón de leyes en diciembre pasado, sin discusión entre asesores ni en comisión. La rapidez de la sanción se favoreció por el rótulo del proyecto, que pedía la aprobación de la “declaración de interés nacional la lucha contra la enfermedad”.
Eso lo colocó en el paquete de iniciativas que, en cualquier sesión de final de año, los legisladores aprueban a mano alzada sin siquiera leerlas. El objetivo era responder al pedido de los enfermos de esas dolencias para acceder a tratamientos caros e infrecuentes con auxilio de los sistemas de salud públicos y privados.
Ginés calculó que el tratamiento que se quiere ordenar cuesta unos USD 300 mil por año para un solo paciente. En la comisión de este martes Caserio calculó en 1400 la cantidad de enfermos en la Argentina.
El reclamo llegó al Ejecutivo al punto de que la compañera presidencial Fabiola Yáñez pidió en público la sanción en el Senado. Ginés dio a entender que es una ley con nombre y apellido porque ordena pagar un medicamento determinado que nadie puede rechazar. También calculó que el pago convulsivo de esos tratamientos les puede costar al sistema cerca de USD 400 millones. Eso amenaza con hacer quebrar, dijo, a las obras sociales y a los prepagos. La ley no sirve, sintetizó, y terminará en una catarata de juicios.
Cóctel explosivo
El tratamiento que auspicia el proyecto consiste en una combinación de drogas que, según el ministerio de Salud, todavía no tiene aprobación del ANMAT. Por ser un cóctel de drogas, puede recibir autorización, pero no patentarse porque las leyes locales sólo permiten el patentamiento sólo de drogas únicas. Por eso se pueden copiar.
La presentación la ha hecho un laboratorio de los Estados Unidos y Ginés dijo que conocía el proyecto de dos o tres laboratorios locales que están preparando la elaboración de copias para lanzar al mercado. Con un subsidio que puede llegar a los USD 400 millones, se entiende el viento a favor de la norma. La aprobaron los diputados – Massa – por unanimidad y ahora la impulsan Olivos y Cristina. Todo proyecto avanza con dos patas, el negocio y la ideología.
Quienes firmaron el proyecto en Diputados, como el diputado radical por La Pampa, Daniel Kroneberger, empujaron la norma por razone de humanidad – la ideología. Lo mismo sostuvo otro radical de esa provincia, el senador Carlos Marino. La advertencia del ministro parece señalar la otra pata, el negocio. Para algunos, el negocio es político doblegar a la oposición. No faltará quien diga que en realidad el negocio es por el cobro de pesos.
