11 octubre, 2021
El exfuncionario Alberto Vargas, pidió realizar ‘trabajos comunitarios’ como pena al delito de extorsión producido en 2018. Está acusado de pedir 300 mil dólares de «coima» para facilitar la aprobación final de la obra de un hotel en Puerto Pirámides, por parte del Concejo Deliberante durante el gobierno peronista. El hecho quedó registrado en una cámara oculta. Marcela Montero, acusada como coautora, reconoció el delito y ya tendría condena de un año y medio de prisión en suspenso. Sin embargo, Vargas pidió una probation. En caso de ser condenado, recibirá una pena de prisión y no podrá volver a ejercer cargos públicos.
Marcela Montero reconoció que “Si, pedimos coimas” ante la jueza Yamila Flores. La mujer fue condenada a un año y seis meses de prisión en suspenso como partícipe del delito de “tráfico de influencias” ocurrido en 2019 contra un empresario que buscaba instalar un emprendimiento hotelero en Puerto Pirámides. Pero Alberto “el negro” Vargas, exfuncionario provincial, pidió una “probation”.
La acusación que presentaron los fiscales Daniel Báez y Juan Pablo Santos indicaron que “a fines de 2018, mientras el hotel se encontraba en proceso de aprobación de permisos, el desarrollador hotelero Marcelo Battilana recibió una solicitud de soborno”, a la vez que “una mujer le dijo que tenía vínculos con funcionarios y que podría obtener la aprobación final de la obra, que por razones de índole administrativas vinculadas al municipio de dicha localidad, no habían sido aprobadas; pero le dijo que necesitaba 300 mil dólares”.
Battilana junto a la socia canadiense Amy Sharilyn, “decidió realizar la denuncia ante el fiscal Daniel Báez”, agregaron, agregando que pidieron “300 mil dólares y le indicaron que Vargas, por sus vínculos políticos obtenidos durante su mandato como funcionario de la Provincia y su cercanía con los concejales de la comuna de Puerto Pirámides, iba a influir sobre estos para que aprueben la modificación de la ordenanza que le permitiese obtener la aprobación”.
“Battilana se reunió con Montero y con Alberto Vargas en un restaurante. Durante estas reuniones, que fueron filmados y grabados por la División de Investigaciones de la Policía”, continuó la Fiscalía. La medida fue autorizada judicialmente y ahora es la principal prueba del delito cometido.
Vargas es recordado públicamente por las polémicas situaciones con las que fue cerrando su paso por la función pública. Hombre muy vinculado políticamente que se señalaba como ‘imprescindible’ para definir elecciones en Comodoro Rivadavia a la hora de ‘contabilizar’ urnas. Saltó a la función provincial como secretario privado del exgobernador Mario Das Neves, encumbrado rol que debió abandonar envuelto en un oscuro escándalo que saltó a los medios nacionales vinculado a antros de prostitución y trata de personas en la ciudad petrolera que figuraban a nombre de familiares directos.(Ver https://www.lanacion.com.ar/sociedad/chubut-un-escandalo-salpica-a-politicos-nid779814/)
Retomaría sus funciones de la mano del gobierno peronista de Martín Buzzi y finalmente otra vez saltaría a la ‘fama’ mediática tras su paso por la presidencia de Lotería,donde fue acusado de llevarse ‘hasta la tabla de plachar’. (Ver https://www.contextotucuman.com/nota/33434/insolito-ex-funcionario-k-se-llevo-de-la-casa-oficial-hasta-la-tabla-de-planchar.html )
Pese a desenvolverse en ámbitos privados y de comercio, Varga siempre siguió fuertemente vinculado a la política como operador en las sombras. En este marco se produjo este hecho de extorsión y tráfico de influencias sobre el que está siendo juzgado, y de los cuáles habría relatos urbanos de similares características por parte de privados en ciudades como Trelew, donde el exfuncionario ayudaba presuntamente a ‘descomprimir’ trámites con las altas esferas políticas.
La acusación más grave y sobre la que aún no se conoce situación judicial de Vargas sin embargo, lejos de la política se vincula a acusaciones sobre pornografía infantil y uso de armas sin autorización, dos señalamientos realizados por la propia Policía tras allanamientos producidos donde se secuestraron aparatos digitales, balas y armas de fuego. (Ver https://canal12web.com/alberto-vargas-imputado-por-pornografia-infantil/ )
Se presume que esta grave acusación podría tener una condena penal grave, que se podría sumar al delito de extorsión, que según el CP prevé reclusión de 3 a 8 años. De ahí que la defensa solicitaría una probation, para evitar posible sumatoria de condenas que podrían derivar en la prisión efectiva de Vargas.
