11 noviembre, 2020
Por Trivia Demir
La violencia excesivamente anticipada de la manifestación ‘antiminera’ deja dudas. Repudios masivos mediante, habrá que esperar que baje la espuma y que trasciendan datos que seguramente aportarán mayor luz a los hechos. La gente que atesora el medioambiente raramente opta por incendiar un lugar, quemar gomas y pintar los frentes de los estrados públicos. Mucho menos actúa con la violencia inusitada que se vio en la sede del gobierno provincial en Rawson. Quienes actuaron de ese modo no parecen ambientalistas sintonizados con la vida, la naturaleza ni la libertad. Sí parecieron más fervientes radicalizados actuando bajo mandato/s. De hecho las familias que habían marchado por las calles de Rawson se terminaron separando de tremendo desenlace.
A la par, en Fontana 50 el temple del gobernador al ver arder sus cortinados y volar sus vidrios, contrastó con la indefensión que rodeó al principal baluarte del poder provincial: la Casa de Gobierno, que parece estar signada por el fuego desde siempre. Por la dimensión de la movida, seguramente el superministro de Seguridad tendrá alguna explicación tras perder un round tan contundente por ‘nock out’.
Por el momento el hecho sirvió para victimizar a la política y curar de espanto a los opositores a la minería que buscan un debate de verdad y pacífico, de esos que no convienen tanto. Con estudios de impacto ambiental extremadamente analizados y publicados, que se puedan evaluar científicamente y objetar en audiencias públicas si fuera necesario también con argumentaciones académicas, con planes de inversiones comprobables, y sobre todo con cuadros institucionales de carrera dispuestos a controlar, bien alejados de las estructuras actuales bastante depreciadas profesionalmente en organismos claves como Ambiente o IPA.
Además, más que si decimos sí o no a la minería, hay que evaluar el cómo. Porque en definitiva minería ya hay en casi todo el país, incluso en Chubut con el extractivo de áridos, calizas, lajas e incluso alquimia del aluminio y otras producciones. Para pensar a fondo hay que tomar apenas un dato sintomático: Nación le rebajó 4% de retenciones al sector minero nada menos que en un momento donde tiene perforadas las arcas del Central, y cuando si algo falta, son divisas.
Es raro que Nación, con la necesidad de ingresos que tiene, baje algo. En el caso de la soja se le hizo un ‘mimo’ hasta enero y se entiende por la urgencia para que liquiden exportaciones. En el caso del petróleo casi también, por lo empantanada que está la Vaca Muerta, pero en el caso de la minería es evidente que hay cosas que no blanquean, y que se vincularía a beneficios en el marco de otros acuerdos.
Los expertos intuyen -por ejemplo- que los pasos que va dando el oficialismo tienen que ver con acuerdos macro internacionales más que con beneficios constantes y sonantes de ingresos gauchos. Posiblemente mas atados a las renegociaciones con bonistas y FMI, donde se le pediría a Alberto apertura de explotación para multinacionales. Aunque por supuesto derrames producirán pero a un costo importante de semi ‘trueque’ de recursos.
No hay que horrorizarse por estas especulaciones. Después de todo, antecedentes de pago de deuda con ‘especias’ y recursos naturales sobran en la historia. Uno bastante reciente y que nos impactó de lleno en el sur fue -por ejemplo- la ‘entrega’ del recurso pesquero en la era Menem, donde el pescado resultó moneda de cambio con la CEE y sobre todo con la flota española, la que arrasó por un tiempo con el litoral marítimo argentino con enormes beneficios como reembolsos y hasta reintegros, sin demasiadas inversiones y levantó vuelo de repente, aunque no llegó a hacer los estragos que hizo en otras latitudes mundiales.
Por eso es por demás importante es estar atentos para adonde va el ‘Plan Minero’ de Alberto Fernández, que pretende acordar políticas a 30 años («o más», como dijera Arcioni) y que parece no contar con todo el aval del ala kirchnerista, y mucho menos de la oposición liberal.
Aunque tampoco -hay que decirlo- se han escuchado argumentaciones contundentes, más allá del ‘No es No’ de uso popular. Hay también sobradas reflexiones sobre que apenas se trataría de tibios amagues hasta que se ‘participe’ en los planes a esos sectores políticos, y luego tampoco habría más oposición. De allí el evitar fundamentar demasiado para poder virar de parecer con mayor facilidad. Después de todo, quien dice ‘No’ sólo porque no nomás, puede decir Sí porque sí nomás.
En el mundillo político se cree que el kirchnerismo duro resiste el Sí por varias razones. La primera es impulsar un modelo mixto de explotación. Al parecer en el ´socialismo gaucho´ con el que sueñan los cristinistas se considera que en la explotación de recursos naturales debe haber sectorialmente, o empresas estatales que hagan de contrapeso en cada mercado, o por lo menos participación en las privadas.
Ese proyecto viene avanzando tibiamente desde la era Mayoral. De hecho, de las 10 provincias argentinas que conforman la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI), 8 cumplen con una de las premisas fundamentales del bloque: contar con una firma estatal que incremente la participación pública en el segmento.
Sin embargo, en ese esquema provinciano faltaría la jugada participativa nacional. Para la mayoría de los miradores finos, es casi improbable que Alberto intente la jugada de meter pata en las empresas. Es más sencillo lograr acuerdos mas rápidos y necesarios como utilizar recursos para transacciones macro, lo que justificaría que en la práctica se bajen retenciones, porque ya se estaría ‘pagando’ con parte de esos recursos por otro lado.
Lo cierto es que eso ya está sucediendo. En el mundo minero argentino corrió como reguero de pólvora desde el 1 de octubre pasado que el Gobierno nacional iba a dar un anuncio importante para el sector referido en una baja a las retenciones. La oficialización llegó cerca del ocaso, cuando el ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció efectivamente un paquete de medidas destinadas al sector productivo nacional.
En rigor, el funcionario nacional, acompañado por el titular de la cartera Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y el sanjuanino Alberto Hensel, al frente de la Secretaría de Minería de la Nación, anunció la reducción de los derechos de exportación de metales, del 12% al 8%.
Para una actividad como la minera, afirman que es un alivio en medio de un escenario donde el sector se ve asfixiado por la presión fiscal del Estado nacional y, además, medidas cambiarias que complican el día a día de las empresas. Tampoco se cuestionan mucho sobre la ‘gentileza’.
Por eso la expectativa del sector empresario era mayúscula, y si bien una medida de este tipo no despeja del todo el camino, da un incentivo para que vuelvan a pensar en invertir y no en contraerse, para una actividad que vuelca millones de dólares a su paso.
En ese anuncio de hace un mes, por el sector privado, estuvieron participados los titulares de la UIA, Miguel Acevedo, de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco); Iván Szczech; de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Alberto Carlocchia; y de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y portavoz del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), José Martins.
Más allá de los anuncios de Kulfas y del entusiasmo de algunos mandatarios provinciales como Arcioni, no hay por ahora información clara y documentada de cual es el plan nacional para el sector. Mucho menos a nivel provincial.
Es entendible entonces entonces que toda esta nebulosa casi ‘teatral’ genere reacciones. Por un lado las bolsas exudan beneficios, por otro lado parte de la población transpira preocupación ambiental, y por otro una buena mayoría se hace ilusiones de más trabajo y derrame. A la par la política se reactiva con debates que no está en sus manos zanjar, mientras el pueblo se entretiene con enfrentamientos estériles. En medio seguramente queda la verdad. Habrá que ver…
