8 octubre, 2021
En las horas previas a un fin de semana extralargo, hubo novedades en la causa por la firma del Memorándum con Irán.
El Tribunal Oral Federal N° 8 sobreseyó en la tarde del jueves víspera de un feriado extralargo a todos los imputados en la causa por la firma del Memorándum con Irán, entre ellos la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Los jueces María Gabriela López Iñiguez, Daniel Obligado y José Michilini sobreseyeron a la expresidenta y actual Vicepresidenta de la Nación y titular del Senado; al procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini; al senador Oscar Parrilli; al viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, y al ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, entre otros, según un fallo de 387 carillas.
Los magistrados del Tribunal Oral Federal 8 hicieron extensiva la resolución al fallecido excanciller Héctor Timerman al concluir que “los hechos por los que fueran requeridos no constituyen delito” y dejaron sentado que “el presente proceso no afecta el buen nombre y honor” de quienes estuvieron imputados.
El Tribunal cerró así por inexistencia de delito la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman por la firma del Memorándum, una decisión que podrá ser revisada en la sala I de la Cámara Federal de Casación Penal si es apelada por la fiscalía o las querellas de DAIA y Familiares de Víctimas del atentado.
Por lo pronto, el TOF 8 sobreseyó a todos los imputados y dio por concluidos los preparativos que se realizaban para un juicio oral.
El listado de sobreseídos incluyó también al actual embajador en Rusia Eduardo Zuain, a la exfuncionaria Angelina Abbona, a los dirigentes sociales Luis D’Elía, y Fernando Esteche, a Jorge Khalil y al exagente Héctor Bogado.
Los entendidos afirman que no se trató de genialidad alguna, sino del conocimiento del expediente judicial y el mero sentido común. En el contexto de una causa política que conformó la sustanciación de una investigación que no tenía ‘pies ni cabeza’.
Básicamente, lo que se sostuvo entonces es que Cristina pactó con los iraníes acusados del atentado a la AMIA que se les regalaría impunidad, comenzando con el levantamiento de las alertas rojas de Interpol. Una verdadera rareza jurídica.
En primer lugar, el propio titular de esa agencia internacional, Ronald Noble, reveló que jamás hubo pedido alguno del gobierno argentino de dejar de buscar a los sospechosos. Aún espera que la Justicia le permita declarar al respecto, dicho sea de paso.
En segundo lugar, el memorándum fue votado por diputados y senadores en el Congreso de la Nación con las mayorías del caso, y ninguno de esos legisladores fueron complicados en el mismo expediente.
Está claro que la estrategia de la hoy vicepresidenta fue parte de una decisión política. Y las decisiones políticas no pueden judicializarse.
En el caso del “pacto” con Irán, comenzó como un escándalo prometedor, tal cual lo reveló el fiscal fallecido Alberto Nisman en enero de 2015, al momento de hacer la denuncia. Juraba entonces que tenía pruebas concretas —que incluían elocuentes audios— de que Cristina había acordado con ese país para regalarle impunidad.
Sin embargo, la presentación se desinfló antes de nacer, ya que carecía de lo básico: pruebas. En sus casi 280 páginas, Nisman jamás aportó un solo dato que complicara a la actual vicepresidenta.
Desde un primer momento, media docena de juristas que analizaron la denuncia la desacreditaron, por carecer de evidencia. Ninguno de ellos kirchnerista. De hecho, el que hizo la consulta de marras fue diario La Nación.
Por más que suene incorrecto e incómodo, hay que reconocer que la idea del memorándum con Irán era adecuada, en el contexto de un expediente que durmió el sueño de los justos durante décadas, opinan algunos. En concreto, lo que se buscó es que los iraníes acusados declararan en un tercer país, neutral.
Lo que nadie dice —y debe decirse— es que todo lo que transcurre en el expediente AMIA está teñido de una pátina geopolítica, interesada en dirimir otras cuestiones.
