6 agosto, 2025
QUIENES SON LOS EMPRESARIOS QUE DESFILARÁN POR LA CAUSA
La ex presidenta y ocho acusados tienen hasta el 13 de agosto próximo para depositar los fondos determinados por la Corte antes de enfrentar el juicio por los Cuadernos de las Coimas el 6 de noviembre próximo. Un caso de corrupción sin precedentes en la Argentina y el mundo.
La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner volverá a sentarse en el banquillo de los acusados el próximo 6 de noviembre, cuando se inicie el juicio oral por la causa de los Cuadernos de las Coimas, en el que se investigan supuestos pagos sistemáticos de sobornos a funcionarios de sus gobiernos y de Néstor Kirchner. Ya le embargaron fondos por unos 1.500 millones de dólares
El Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero, confirmó la fecha de inicio del juicio y ratificó los embargos dispuestos contra los más de 140 imputados, por una suma que supera los 1.100 millones de dólares. El proceso judicial se realizará de manera completamente virtual, debido a la magnitud del expediente y la cantidad de acusados.
El caso, elevado a juicio oral en 2019 por el fallecido juez Claudio Bonadio, es considerado por la Justicia como la “mayor maniobra de corrupción de los últimos 20 años”. La fiscal general Fabiana León, quien representará al Ministerio Público en el debate, definió la investigación como “la más extensa en la historia judicial argentina y comparable con muy pocas a nivel mundial”.
La estructura investigada habría funcionado desde el Ministerio de Planificación Federal, recolectando sobornos de empresarios contratistas del Estado a cambio de la adjudicación de obras y negocios. Entre las pruebas se incluyen confesiones, testimonios de políticos y empresarios, informes de la AFIP y organismos estatales, imágenes de cámaras de seguridad y documentación bancaria.
El juicio oral contará con la participación de 630 testigos, y Cristina Kirchner está acusada de ser jefa de una asociación ilícita y de haber recibido coimas para direccionar contratos de obra pública.
En paralelo, la ex mandataria cumple una condena firme de 6 años de prisión por el caso Vialidad, en el que se le atribuyó una administración fraudulenta con perjuicio al Estado estimado en 537 millones de dólares.
Además de los 1.109 millones de dólares en embargos totales, la justicia contabilizó fondos cautelados por 294 millones en el expediente principal, y otros 64 millones embargados en Suiza. De dictarse sentencia condenatoria, se evaluará un eventual decomiso actualizado.
De los 74 imputados que serán juzgados en esta primera etapa, una proporción significativa pertenece al sector privado.
A continuación, una selección de los principales empresarios procesados en la causa, quienes deberán dar explicaciones ante la justicia por su presunta participación en el pago de sobornos:
Además, fueron citados como testigos empresarios de alto perfil como Paolo Rocca, Luis Betnaza, Héctor Zabaleta (Techint), Eduardo Eurnekian (Corporación América) y Sergio Szpolski. Algunos de ellos han declarado como arrepentidos o reconocieron pagos irregulares durante la instrucción del caso.
También se presentarán Jorge Bacigalupo, el amigo de Centeno que entregó los cuadernos; Miriam Quiroga, exsecretaria de Néstor Kirchner; e Hilda Horovitz, exesposa del chofer.
La primera audiencia está programada para el 6 de noviembre. Dada la magnitud del proceso, el TOF 7 deberá encontrar una sala adecuada, ya que en Comodoro Py no existe un espacio físico capaz de albergar a los 74 acusados, sus defensores, fiscales y cientos de testigos. La fiscal general Fabiana León liderará la acusación.
El 24 de septiembre, todas las partes deberán presentarse en una audiencia clave para coordinar detalles logísticos, depurar la lista de testigos y evaluar si algunas de las acusaciones pueden ser tratadas por separado.
En tanto, Cristina y otros ocho condenados en la causa Vialidad tienen plazo hasta el 13 de agosto para depositar el monto determinado por la Corte. De lo contrario, se iniciará el proceso de ejecución sobre los bienes embargados.
La Cámara de Casación instó a acelerar el ritmo del proceso para evitar que se extienda por más de cinco años, como advertía el esquema inicial de audiencias semanales virtuales.