17 junio, 2020
EMERGENCIA CARCELARIA, COVID Y ESPIONAJE INTERNO
Con la firma de Alberto Fernández, Santiago Cafiero y la ministra de Justicia, Marcela Losardo se publicó en el Boletín Oficial la designación de María Laura Garrigós de Rébori como interventora del Servicio Penitenciario Federal (SPF), por un plazo de 180 días. Lo hará en reemplazo de Emiliano Blanco, quien había presentado su renuncia.
La decisión se tomó con «el fin de normalizar el funcionamiento» del SPF «que ha sido declarado en emergencia en el mes de marzo de 2019 debido a la sobrepoblación carcelaria, situación que se ha visto agravada en el contexto de la pandemia de COVID-19, y con el fin de lograr el efectivo cumplimiento de los objetivos previstos en la citada Ley N° 20.416, resulta necesario disponer la intervención de dicho organismo».
De acuerdo a los últimos datos oficiales al 2 de junio publicados por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, (que aclaran son sin pretensiones de exhaustividad), serían en total en todo el país, 49 los casos positivos en unidades penitenciarias y 34 casos positivos en comisarías. Sin embargo las pésimas condiciones carcelarias son un caldo de cultivo para el virus. (Ver http://laizquierdadiario.com/Tras-los-muros-sordos-ruidos-en-carceles-y-comisarias-bonaerenses-todo-sigue-mal )
De acuerdo a los últimos datos oficiales la población carcelaria asciende a 103.209 personas en prisiones y comisarías. La tasa de hacinamiento (22,1% promedio a nivel federal) se incrementa ostensiblemente en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.
Con una superpoblación por encima del 12% (según datos del SPF), no sólo resalta el hacinamiento, además está el déficit sanitario con elevados índices de mortalidad por problemas de salud no asistidos y la ausencia total de prevención por la atávica falta de higiene. La población carcelaria se expone -tal vez como ninguna otra- como auténtica población en especial riesgo. (Ver https://agenciaparalalibertad.org/las-carceles-argentinas-en-tiempos-del-coronavirus/ )
Varios expertos de la ONU han señalado la grave situación de las cárceles en el país, recomendando al Estado ajustar las condiciones de reclusión a las normas internacionales en la materia. (Ver http://www.unidiversidad.com.ar/la-carceles-ese-caldo-de-cultivo-de-coronavirus )
La intervención fue ordenada luego que se conocieran las sospechas de presuntas escuchas ilegales, durante el gobierno de Mauricio Macri, que se habrían realizado sobre ex funcionarios que estuvieron detenidos en el penal de Ezeiza, que en estos días fue allanado por orden del magistrado federal de Lomas de Zamora, Federico Villena. La nueva interventora confirmó a Télam que será su tarea revisar el área de inteligencia del Servicio Penitenciario Federal tras la causa de las escuchas.
