31 enero, 2022
COMIENZA LA SEGUNDA AUDIENCIA PÚBLICA DEL GAS
En la industria prima la cautela y se espera por la letra chica de un documento vital para el desarrollo del sector. Para el FMI la baja de los subsidios a la energía sería esencial para terminar el acuerdo, pero para los expertos es casi imposible. La reacción del mercado y la especulación de la política.
El anuncio oficial de un acuerdo con el FMI con bombos y platillos no logró despertar la euforia del sector energético, que mantiene una posición cautelosa y espera por la letra chica del documento para trazar un análisis del impacto en la industria.
Es que, como dice el comunicado del Fondo, lo anunciado sobre el fin de semana representa tan sólo un “entendimiento” sobre el que se deberá trabajar para llegar a la firma del memorándum final en las próximas semanas.
En ese marco, toda la industria se entusiasmó con el cierre exitoso de negociaciones que despeje los compromisos financieros de la Argentina y permita un regreso a los mercados internacionales. Por lo tanto, el hecho de evitar un default no es menor y fue celebrado moderadamente en los mercados financieros.
“El mercado hoy arrancó con un poco más de optimismo teniendo en cuenta que se suavizarían los plazos para que Argentina enfrente un ajuste severo. Las acciones petroleras crecieron sobre la posibilidad de que en un futuro se consigan inversiones de largo plazo para reforzar la infraestructura que falta en Vaca Muerta. Pero todavía no está cerrado el acuerdo, por eso no vuela el mercado”, explicó el analista financiero Francisco Uriburu.
En concreto, las acciones de las energéticas que cotizan en Wall Street empezaron la jornada posterior al anuncio con un salto de hasta el 10% para después estabilizarse en el orden del 5%, lo que refleja una actitud especulativa para tomar ganancias y escapar de los activos argentinos, más que un panorama de confianza hacia el futuro.
A su vez, con papeles que operan más de un 60% por debajo de los valores que tenían a fin de 2019 medidos en dólares -donde el escenario financiero no era muy diferente al actual- la expectativa era de un salto mucho mayor al conocer una noticia positiva como ésta en relación al principal escollo macroeconómico del país.
Más allá de la incertidumbre que significa que el acuerdo todavía no esté cerrado, ni aprobado por el Congreso de la Nación ni por el Directorio del FMI -con las fuertes internas políticas que existen en cada uno de estos lugares que podrían dificultar su rúbrica- hay otras cuestiones sumamente relevantes para el sector que precisan de más claridad.
Por un lado, si la reducción de los gastos energéticos subrayada por el FMI tendrá una meta puntual al igual que el déficit fiscal o si le otorgarán cierta libertad al gobierno para fijarlos. En el mismo sentido, con o sin meta, será importante saber cuáles serán las medidas oficiales para concretar ese ajuste, en un panorama internacional muy adverso por el alza de los precios de los hidrocarburos.
Por otra parte, Guzmán afirmó que “se apunta a medidas que fortalezcan aquellos sectores que pueden generar divisas”, lo que lógicamente engloba al Oil & Gas, aunque el gobierno sigue sin mostrar garantías de modificar regulaciones para permitir exportaciones en firme y la ley que intentaba mejorar esta situación quedó momentáneamente cajoneada.
En esa línea, también será clave confirmar el inicio de las obras de ampliación de infraestructura como el sistema de gasoductos, oleoductos y la red de alta tensión que, de otro modo, operarán como cuellos de botella que no permitirán incrementar las ventas externas de energía.
Finalmente, otra de las máximas preocupaciones del sector pasa por el sendero de precios de los combustibles. Desde mayo del 2021 los surtidores se mantienen congelados cuando, paralelamente, el mundo sufrió una de las subas del precio del petróleo a corto plazo más alta desde que se tenga memoria con un barril cotizando a 90 dólares.
La afirmación de Guzmán en la conferencia de prensa del pasado viernes en relación a que “los acuerdos de precios van a tener un rol fundamental en el esquema antiinflacionario”, da una muestra de que será difícil ver una recomposición sustancial de los combustibles como piden las petroleras. El problema es que, cuanto mayor sea la brecha entre el precio local y el internacional, menos interés despertará Vaca Muerta para los inversores extranjeros y resultará cuesta arriba incrementar la producción solamente con las firmas del mercado local.
“El crédito que tomó YPF es un jalón importante para el sector petrolero argentino. Considerando el riesgo país que tenemos y la alta inflación mundial, es un costo razonable que podría aprovechar, pero no deja de ser un monto menor para Vaca Muerta”, agregó Uriburu.
En rigor, se trata de 300 millones de dólares cuando sólo YPF tiene una pauta de inversión de 2.700 millones para este año y según los analistas del área, toda la cuenca precisa de un piso de 5.000 millones anuales.
Este domingo el FMI volvió a inistir con el ‘gardualismo’ pero pidiendo que se reduzcan los subsidios a la energía como punto clave del principio de acuerdo alcanzado con el gobierno argentino. “Estuvimos de acuerdo en qué será importante una estrategia para reducir los subsidios a la energía de manera progresiva”, aseguró en Twitter la número dos del FMI, Gita Gopinath. Pese a la supuesta voluntad de avanzar en esa dirección, el economista Nicolás Arceo, director de la consultora Economía y Energía, detalló este lunes cinco factores que harán virtualmente imposible la reducción de subsidios a lo largo de 2022.
En diálogo con Radio Con Voz, Arceo aseguró que el aumento de los subsidios a lo largo de los últimos años, y particularmente en el último año, no solo tuvo que ver con el tipo de política tarifaria sino también con un aumento significativo en la demanda, un nivel de crisis hídrica muy importante, que redujo la generación hidroeléctrica más de 30% el año pasado, y un contexto de precios internacionales de la energía y en particular del gas natural que se encuentra hoy en sus máximos históricos. Esa situación llevó a que el año pasado se gastaran casi 11.000 millones de dólares en subsidios. “Es el tercer año con mayor nivel de subsidios si uno lo mira en términos del Producto Bruto Interno. Todavía no estamos en los niveles máximos que se alcanzaron a mediados de la década pasada, pero si preocupa claramente la velocidad de crecimiento de los subsidios a la energía a lo largo de los últimos dos años”, aseguró el ex Subsecretario de Planificación Económica del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (2012) y ex vicepresidente de Administración y Finanzas de YPF (2012-2015).
Luego Arceo detalló cuáles son los cinco factores que van a generar un aumento tendencial de los subsidios durante este año, salvo que haya un aumento de tarifas muy agresivo, que debería superar al menos el 50% de inflación anual proyectada.
* Suba del dólar. “El primer factor que va a generar un aumento de subsidios en 2022 va a ser una tasa de depreciación de la moneda más significativa que la verificada en 2021, dado que el sector energético es un sector en términos generales dolarizado, tanto por el precio de venta del gas natural en el mercado local en dólares y por el peso que tienen las importaciones de combustible”, afirmó Arceo.
* Mayor consumo energético. “En segundo lugar se verifica un aumento significativo en los niveles de consumo de energía asociado a la recuperación de la actividad económica, los cambios en los patrones de consumo producto de la pandemia y el abaratamiento tarifario que genera un aumento en el consumo unitario”, agregó.
* Suba de los precios internacionales. Arceo sostuvo que los precios internacionales tienen un impacto directo sobre la economía argentina. “Es cierto que buena parte de la oferta es local, pero hay un componente que es importado y el aumento del precio internacional del GNL va a generar un incremento en el nivel de subsidios significativo. El año pasado importamos a un promedio de 8 dólares por millón de BTU y este año, en un buen escenario, vamos a importar a un promedio de 20 dólares por millón de BTU. Esto implica un incremento en el nivel de subsidios solo por el efecto precios, sin considerar un cambio en las cantidades, de aproximadamente 1500 millones de dólares”, subrayó.
* Menor importación de gas de Bolivia. “Otro factor es que Bolivia nos va a vender menos gas. Ya le informó al gobierno argentino que no puede mantener los volúmenes de suministro de gas natural del año pasado. Tenemos que reemplazar ese gas con combustibles líquidos o con GNL. Dependiendo de cuánto reduzca Bolivia la oferta y con qué la sustituyamos, esto va a implicar entre 900 y 1300 millones de dólares más de importaciones”, remarcó el experto.
* La crisis hídrica. Por último, Arceo sostuvo que “lo que se esperaba a fines de 2021 era una recuperación de la crisis hídrica para este año, pero eso no se está visualizando a lo largo del mes de enero”.
Según la consultora IDESA, los subsidios económicos engloban un conjunto de transferencias de fondos públicos a empresas. La mayor proporción están destinados a evitar subas en las tarifas de energía y transporte en el AMBA y cubrir déficits de las empresas públicas. Comenzaron a tener un peso relevante en el presupuesto nacional luego de la crisis del 2002, cuando se decidió no actualizar las tarifas de luz, gas, transporte y agua a pesar de que había vuelto la inflación a la Argentina.
A partir del 2016, el gobierno de Cambiemos los redujo, tendiendo a compensar a las familias de más bajos ingresos con una tarifa social. El gobierno actual volvió a congelar las tarifas y aumentar los subsidios.
Entre los años 2005 y 2014, los subsidios pasaron de 0,8% a 5,1% del PBI. A partir del 2016 comenzaron a bajar hasta situarse en el 2019 en 1,6% del PBI. En el 2020 volvieron a subir a 2,9% del PBI y en el primer trimestre del 2021 aumentaron un 170% respecto a igual período del año anterior.
Estos datos confirman el enorme peso fiscal que llegaron a tener los subsidios económicos hasta el 2014. Esto se revirtió, a través de un proceso muy traumático de subas de tarifas durante el gobierno de Cambiemos. Pero el actual gobierno volvió a aumentarlos el año pasado a casi el doble. Esto podría justificarse como un paliativo transitorio por el confinamiento. Ahora, mantener esta estrategia en el 2021 implica un aumento exponencial de los subsidios. El año que cerró los subsidios rozaron los 5 puntos del PBI lo que implicó más déficit fiscal y por ende, acelerar la emisión monetaria.
A la par, expertos del IAE Mosconi advirtieron que “aún con los aumentos de tarifas superiores a la inflación, los subsidios aumentarán en 2022” y señalaron que el nivel de incremento “dependerá de la aceptación social de los aumentos, de la política fiscal y la sustentabilidad de las cuentas públicas en el marco de un acuerdo con el Fondo y de cuán sostenible sea el actual esquema sobre el tipo de cambio”.
“Las simulaciones permiten estimar un piso de u$s 11.300 millones mientras que, sin aumentos en tarifas, los subsidios pueden llegar a los u$s 15.600 millones”, añadieron.
En este marco, el Gobierno discutirá desde esta misma semana cuál es el camino que deben seguir los subsidios a la energía, con la realización de la segunda audiencia pública del gas.
La reducción de los subsidios fue un tema central (y casi excluyente) en el comunicado del FMI, que señaló que el ajuste fiscal debería transitar esa vía.
Por si no quedaba claro, la número dos del organismo, la india Gita Gopinath, lo remarcó este domingo en la red social Twitter.
La promesa del ala política del Frente de Todos de que los aumentos de tarifas de luz y gas tendrán un tope del 20% para la gran mayoría de la población podría llegar a ser incompatible con el sendero de achique del déficit fiscal comprometido por el ministro de Economía, Martín Guzmán, y su equipo.
Este lunes a las 10 comenzará la segunda audiencia pública del gas natural por redes, convocada por la Secretaría de Energía.
Allí, la subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Luz Videla Oporto, expondrá distintos escenarios técnicos y económicos del sistema de abastecimiento de gas:
1- Si el Gobierno decide no modificar el precio del gas que se incluye en las facturas (pass through del costo en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte, PIST), la necesidad de fondos adicionales de Energía sería de $ 81.000 millones -a los $ 135.307 millones que ya tiene asignados-
Ese dinero saldrá del cobro de impuestos, la deuda neta en el mercado local de capitales o la emisión monetaria (máximo de 1% sobre el PIB en 2022)
El Estado se haría cargo del 70,9% del costo total de la provisión, con $ 216.365 millones sobre un total de $ 305.179 millones (el resto, financiado por los usuarios). Sería una contradicción con los objetivos del entendimiento técnico logrado con el Staff del Fondo Monetario Internacional
Esto permitiría que el 20% de tope a la suba de tarifas quede dividido entre las transportistas (TGS y TGN) y las distribuidoras (Metrogas, Naturgy, Camuzzi, Ecogas, Litoral Gas, Gasnor y Gas Nea), con incrementos mayores al 30% en su margen de ingresos
2- Si, en cambio, la decisión oficial fuera mantener la situación del año pasado, con el Estado subvencionando el 44,3% del precio del gas «en boca de pozo», el costo del gas natural para los hogares debería trepar un 91%
Como la porción mayorista del gas representa cerca de un 40% del total de las boletas, los aumentos a los usuarios residenciales serían de 35% en marzo y de hasta 47% en julio, en el caso de un consumo promedio
El costo estimado del gas natural, entre la producción local y las importaciones, sería de 4,84 dólares por millón de BTU en este 2022
De esta forma, se reducirían los márgenes de las empresas reguladas, que ya aclararon que no renuncian a sus derechos de llevar a juicio al Estado nacional de la Argentina por la suspensión de la Revisión Tarifaria Integral (RTI)
En este escenario, cualquier mejora en el valor agregado del transporte y la distribución encarecería más de un 35% las boletas
El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) debería convocar a otra audiencia pública extra para convalidar legalmente el pass through
En la audiencia pública de este lunes no participarán las productoras de gas natural (petroleras), que son las principales interesadas.
Apenas tendrán voz la Asociación de Distribuidores de Gas (Adigas), las subdistribuidoras, la Unión Industrial Argentina (UIA), diputados, asociaciones de consumidores, defensores de usuarios y particulares interesados.
