16 abril, 2022
Los planes son el rostro de la pobreza, pero también la forma de ocultar desempleo y una presión impositiva en ascenso al sector privado para financiarlos
Por Damián Di Piace
Muchos especialistas en temas fiscales se refieren a los planes sociales no solo como el rostro de la pobreza en el país, sino también como la forma perfecta de ocultar problemas de desempleo, «desvío de los ingresos públicos» y una constante presión impositiva en ascenso al sector privado para financiarlos.
La historia revela que hace más de dos décadas los planes sociales se incrementaron exponencialmente. Al día de hoy, según el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, hay 182 programas sociales vigentes, lo cual significa que alrededor de 25 millones de personas reciben ayuda estatal.
Estos números no son difíciles de explicar ya que nuestro país siempre que presenta una dificultad -ya sea social o económica- recurre a los planes sociales como puerta de escape.
Los datos del Gasto en Servicios Sociales, que comprenden todas las partidas del presupuesto que se ejecutaron efectivamente, muestran que el gasto corriente (en miles millones de pesos) hasta el momento tuvo un crecimiento exponencial y sostenido.
Llegó a la cifra record en 2021 de $7.151.504 miles millones («el famoso plan platita»), pero que en el 2022 tiene según el presupuesto aprobado por el gobierno unos $6.993.190 miles de millones. La dicotomía interna de gestión refleja que, por un lado, está el compromiso con el FMI en reducir el déficit fiscal, pero por el otro, este mismo organismo avala que se otorgue ayuda estatal al sector más vulnerable.
De los 182 programas vigentes, el 46% corresponde al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Coordina 84 planes sociales, en donde la mayor partida presupuestaria lo tienen los programas de políticas alimentarias como la Tarjeta Alimentar.
Por su parte, el Ministerio de Salud es el que tiene el 14% de los planes sociales, uno de ellos es el Programa Nacional de Salud Familiar y Comunitaria.
El Ministerio de Trabajo, en tanto, se lleva el 9% de la totalidad de los planes, en donde la mayor partida corresponde al Programa Potenciar Trabajo que además de tener un 1 millón de beneficiarios, tuvo 2 millones de inscriptos potenciales.
El Ministerio de las Mujeres con ayudas estatales como el Programa Nacional «GENERAR», Programa Escuelas Populares de Formación en género y diversidad «MACACHAS Y REMEDIOS, entre otros 10 más, se lleva un 6% de todos los planes del estado.
Un 5% corresponde al Ministerio de Transporte con programas como el Plan Estratégico para la incorporación de la Perspectiva de Género en el ámbito de competencia del Ministerio de Transporte 2020-2023, un 3% a la Agencia Nacional de Discapacidad (ej. Programa Federal Incluir Salud), otro 3% pertenece al ANSES con los ya conocidas Asignaciones familiares, AUH, Jubilaciones y pensiones no contributivas.
Por último, le corresponde un 2% al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto con políticas como el Programa de Operativos Socio sanitarios: Barrio Unido, entre otros.
Si tomamos los datos de la Administración Pública Nacional, podemos ver que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación otorgó a más del 50% de las personas que habitan el suelo argentino alguna cobertura estatal en la pandemia.
Al analizar una serie más larga, en los últimos 10 años, las políticas con respecto a temas alimentarios se duplicaron, es decir, en el 2010 un 24% de hogares recibieron ayuda social, mientras que para el 2021 lo reciben aproximadamente un 48% de familias.
Si evaluamos los datos del presupuesto nacional para este año, la partida servicios sociales es la que representó mayor gasto corriente; siendo así el ítem de Seguridad Social el que presenta unos $4.553.630,86 miles de millones.
Números que esconden la ineficiencia del Estado
Detrás de todos estos números que responden a la permanencia de estos programas sociales, solo se esconde la ineficiencia estatal al momento de resolver problemas económicos, ya que ante cada problema se crea una nueva falla de mercado.
No solo no asigna recursos en partidas que generaran crecimiento, sino que además crea programas que, al sostenerse en el tiempo, solo genera trabajadores y hogares dependientes de asistencia estatal.
Por su parte, la «maraña de programas» se encuentra tan mal diseñada que no existen los incentivos suficientes para abandonar estos planes.
Si queremos ejemplificar esta realidad, se puede ver que, una trabajadora adulta embarazada, puede recibir el plan potenciar de $16.500 sumado al bono extra que se recibe en abril de $6.000 c/u (Decreto presidencial), además puede cobrar unos $9.000 como ayuda social por su embarazo, sumando así $31.500 mensuales.
Ahora, si vemos esto en referencia a una familia con dos hijos, pueden llegar a recibir mensualmente $64.200 del Estado (2 Plan potenciar $33.000 + 2 bonos extra de abril $12.000 + 2 AUH $10.200 + Tarjeta alimentar $9.000). De esta manera, se puede a llegar a sumar dos salarios mínimos, pero aun así no lograrían superar los niveles de pobreza.
La «falla de mercado» se potencia en doble sentido, en donde el Estado asignó mal los recursos porque no logró sacar a la familia de la pobreza y además uso de ingresos en gasto corriente y no en inversión sostenible.
Por estas razones, es evidente que el Estado en su rol de generador de ineficiencias sería el único ganador, ya que creó un modelo económico no sustentable que forjó dependencia estatal, logrando así que la mitad de la sociedad vea estos subsidios como un estilo de dependencia de vida y no como lo que verdaderamente son: programas creadores de pobres.
*iP/ by Damián Di Pace
