4 octubre, 2021
Análisis: Hidrocarburos, una ley bajo fuego de amigos y enemigos
Por Cledis Candelaresi*
Después de dos años de arduos esfuerzos para diseñar una ley que promueva inversiones en hidrocarburos con el propósito de transformar finalmente Vaca Muerta en la solución de las desgracias económicas, el proyecto presentado con pompa en el museo del Bicentenario y girado al Senado cosecha crítica de empresas, políticos opositores y las provincias. Previsiblemente, todos quieren más. A pesar de que la generosidad del gobierno nacional llegó hasta habilitar una negociación por presuntas deudas con las petroleras por más de US$1.000 millones que bien podrían haber quedado en el olvido.
El proyecto de ley para animar inversiones en petróleo y gas fue presentado públicamente luego de las PASO, exactamente en el mismo momento en que se fracturaba el gabinete oficial con la renuncia de los ministros allegados a Cristina Fernández de Kirchner.
En el mismo momento en que se difundían esas dimisiones, Alberto Fernández presentó el proyecto junto al ministro de Economía, Martín Guzmán, quien forzó menciones elogiosas a la vicepresidenta y a sus más estrechos allegados para acortar distancias, que no tuvieron que ver con esta iniciativa, aunque el proyecto generó muchísima discusión dentro del Gobierno.
El primer plan de subsidio fue instaurado por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, al crear un régimen que ofrezca ventajas impositivas y transfiera fondos a las petroleras para que éstas se decidan a invertir y aumentar la producción es de por sí un tema urticante para los puristas K.
Federico Bernal, titular del Enargas, y uno de los nexos del área con CFK objetó que ese proyecto de 115 artículos dolarice el valor de los hidrocarburos, por ejemplo. Sin embargo, ese es un punto que por ahora está fuera de discusión y en la secretaría de Energía aseguran que hay consenso cerrado sobre lo que ya es un hecho de mercado.
El precio del gas y del petróleo que se producen en el país están expresados en dólares, al menos en el primer eslabón de la cadena. Y la iniciativa institucionaliza el Plan Gas Ar, programa de estímulo a los productores vigente, que reanimó la actividad en los últimos meses.
El futuro régimen promete por 20 años premiar con descuentos impositivos, facilidades para exportar y disponer parcialmente de las divisas a un aumento de la producción por encima de cierto nivel, denominado “línea base”. También alienta a los proyectos de infraestructura para almacenar gas o para evacuar la producción de Vaca Muerta. Naturalmente, con el consiguiente costo fiscal que entraña una y otra cosa.
Acordar cuál es el punto de partida para medir si un inversor produce más o no implicó no sólo duras discusiones con los potenciales beneficiarios, sino también entre los funcionarios responsables del diseño de nuevo régimen. Algunos querían que el punto de partida fuera el 2015, cuando la producción estaba muy por encima de los valores actuales, lo que hubiera implicado usar una vara mucho más exigente, que obligara a invertir mucho más. Finalmente, triunfó el criterio que toma como referencia la mejor producción lograda en los últimos dos años, a definir en detalle por la autoridad de aplicación.
En un video producido por Energía, al fin de aquel acto en la Rosada voces patronales como Marcos Bulgheroni (PAE), Marcelo Mindlin (Pampa), Carlos Seijo (Total), Sean Rooney (Shell), Pablo González (YPF), Mauricio Uribe (Federación de Neuquén) apoyaron públicamente el proyecto, destacando el valor de la previsibilidad y haber sido consultados. En privado, canta el coro de lamentos por las ansias de más.
A las empresas les inquieta la presunta arbitrariedad de los funcionarios que decidirán qué proyecto de inversión será amparado y cuál no y les parece muy pobre la posibilidad de poder exportar libremente sólo el 20% del gas y petróleo que consigan incrementar y de tener “apenas” la mitad de las divisas generadas sin la obligación de liquidarlas. Entre otras críticas.
En su afán de seducir a los inversores el Gobierno aplicó la lógica de tratar de priorizar la demanda doméstica y cuidar que suba la producción total. Por eso el “premio” por exportar será mayor en la medida que haya más hidrocarburos disponibles en el país.
Por eso tendió una mano a YPF y PAE, responsables de más del 65% de la producción total. La petrolera con mayoría estatal podrá compensar quebrantos con deudas impositivas. La de los Bulgheroni tendrá una línea base 15% más baja en el Golfo de San Jorge, lo que le permitirá hacer menores inversiones.
Vista & Oil fue parcialmente desairada. Energía no atendió su argumento de que fue de las más dinámicas durante la pandemia a diferencia de otras compañías que detuvieron su producción. Esto pondría a la empresa comandada por Miguel Galuccio –ex CEO de YPF—en la situación de tener que hacer ahora mayores esfuerzos para acceder a los premios de exportación.
Aunque no sea tan generosa como sus expectativas a todas las operadoras les conviene una nueva norma con beneficios que, por un agregado de último momento, hasta diseñó un mecanismo para darle cabida a millonarios reclamos empresarios por cuentas pendientes que podrían devenir en juicios contra el Estado.
El artículo 107 del proyecto impide a quienes estén gozando de algún subsidio ampararse en los beneficios de la futura ley y les da ventajas adicionales a quienes hagan esta opción.
Pero también crea una plataforma de negociación para quienes tengan reclamos pendientes “que respete el mecanismo del esfuerzo compartido”. La última palabra la tendrá el Ministerio de Economía a instancia de lo que le recomiende una comisión asesora a crear a este efecto.
Una previsible beneficiada es Chevron, que no pudo disfrutar las bondades de exportaciones y disponibilidad de divisas según lo que prometió el decreto 929 del 2012, promulgado durante la presidencia de CFK: su propia socia, YPF, demandó el petróleo que la firma norteamericana esperaba vender afuera. El reclamo contra las arcas públicas no está cuantificado en los papeles pero difícilmente baje de los US$100 millones.
Total, Wintershall y PAE, socias en el yacimiento austral de Vega Pléyade, también podrán discutir su aspiración a cobrar unos US$800 millones, en conjunto, por beneficios de un derogado Plan Gas, que empezó a producir un par de años después que entró en vigor ese programa estímulo. Cuando era ministro, Juan José Aranguren se negó terminantemente a extender el subsidio estatal, desoyendo el argumento del consorcio de que habían empezado a producir más tarde que el resto.
Las petroleras toman como referencia las sentencias en contra del Estado en el CIADI, que suele ordenar indemnizaciones a los inversores equivalentes al 35 ó 40% de su demanda. Así las cosas, no es mala opción la de compartir “el sacrificio” y llegar a un acuerdo local en lugar de ir a un juicio afuera.
Las provincias también se beneficiarán con el aumento de la producción cotizada en dólares, sobre los que ellas cobran regalías. Sin embargo, en el Senado se levantaron voces objetando la falta de reparos ambientales y estímulos para industrializar (petroquímica) los hidrocarburos en origen.
El propio gobierno nacional se beneficiaría si realmente la ley sirviera para aumentar la producción colmando la demanda doméstica. Así caerían las importaciones de gas, en particular ahora que el GLP se comercializa en algunos lugares hasta 27 dólares el millón de BTU.
