2 octubre, 2023
Asociaciones que representan a las cadenas de soja y maíz de Argentina, Brasil y Paraguay cuestionaron con dureza la normativa europea. “Es una barrera comercial disfrazada de medida medioambiental”, señalaron.
Siete entidades que representan a productores de soja y maíz de Argentina, Brasil y Paraguay emitieron en las últimas horas un comunicado con duras críticas hacia la Unión Europea, por su presión para poner en marcha la normativa que impone que todos los alimentos que compre el bloque del viejo continente deben estar “libres de deforestación”.
A grandes rasgos, consideraron que se trata de “una barrera comercial disfrazada de medida medioambiental”, que además “invierte la carga de la prueba y generaliza la culpa” y que “lesiona la soberanía de los países exportadores”.
Es un capítulo más de una novela de idas y vueltas que promete ser larga: por caso, en los últimos días, hubo una controversia dentro del ruralismo argentino, luego de que el Gobierno firmara con algunas cámaras agroindustriales un convenio para avanzar con una plataforma que mejore la trazabilidad de los productos argentinos, para cumplir con estas demandas europeas, y desde la Federación de Asociaciones Rurales de Misiones (FARM) cuestionaran ese acuerdo con dureza.
El comunicado está firmado por la Asociación Maíz y Sorgo Argentino (Maizar), la Asociación Brasileña de Productores de Maíz (Abramilho), la Asociación Brasileña de Productores de Soja (Aprosoja Brasil), la Asociación de la Cadena de Soja Argentina (Acsoja), la Asociación de Productores de Soja, Oleaginosas y Cereales de Paraguay (APS), la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comerciantes de Cereales y Oleaginosas (Capeco) y la Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil (CNA).
Estas entidades recuerdan en el mismo que producen 190,1 millones de toneladas de soja y 175,8 millones de maíz, lo que significa el 51,3% y el 15,2% de la oferta mundial, respectivamente.
Por eso, manifiestan su “preocupación por el Reglamento de la Unión Europea para Productos Libres de Deforestación (EUDR), que forma parte del Pacto Ecológico Europeo (European Green Deal)”.
“En las últimas décadas, los productores rurales de América del Sur han invertido en prácticas sostenibles de producción de alimentos con el uso de la tecnología. Sin embargo, se ha producido un aumento significativo de la adopción de medidas proteccionistas por parte de algunos países importadores, que utilizan la preocupación medioambiental como justificación”, comienzan las críticas.
Y continúan: “Se trata de iniciativas que invierten la carga de la prueba, generalizan la culpa y hacen oneroso para el regulado demostrar su inocencia. Relativizan, así, mediante leyes, reglamentos o barreras comerciales, el hecho de que nuestra agricultura se construye sobre los pilares de la sostenibilidad y la preservación del medio ambiente”.
De allí que, para las instituciones mencionadas, la disposición en cuestión es “una barrera comercial disfrazada de medida medioambiental, que tendrá un impacto considerable en el costo de producción, aumentará los precios de los alimentos y distorsionará el comercio mundial”.
Según las entidades del Mercosur, esta normativa impone además condiciones retroactivas, que van más allá de la legislación nacional vigente y corren el riesgo de expulsar del negocio principalmente a los pequeños y medianos productores.
“Además, el reglamento lesiona la soberanía de los países exportadores, extrapola las competencias reguladoras de la Unión Europea y se colocan en una posición discriminatoria, violando los principios de responsabilidades comunes pero diferenciadas del Acuerdo de París”, prosigue el documento.
Asimismo, subraya que las medidas contenidas en el EUDR no reconocen a la gran mayoría de productores rurales que preservan el medio ambiente.
“Se trata esencialmente de una medida punitiva, con mayores riesgos y costos para el operador privado”, amplía.
Por otro lado, los productores de soja y maíz de Sudamérica expresan su descontento porque consideran que “la clasificación del riesgo medioambiental definida subjetiva y unilateralmente por EUDR es inaceptable, ya que afecta a la imagen y reputación de los países, distorsiona el comercio internacional, pone en peligro el acceso al crédito e implica un aumento de los costos de transacción de los países”.
Y los cuestionamientos no cesan: “Estos impactos se producirán a pesar de que estos países llevan años dando ejemplo en materia de regulación y preservación del medio ambiente, al margen de cualquier legislación o acuerdo internacional, con lo que tienen garantizado el mantenimiento de gran parte de sus territorios cubiertos de vegetación autóctona en volúmenes muy superiores a los practicados en Europa”.
En este marco, el comunicado finaliza de la siguiente manera:
“Los productores, aquí representados por sus organizaciones, reafirman su compromiso de seguir satisfaciendo la demanda mundial de alimentos producidos de acuerdo con los tres pilares de la sostenibilidad: económico, social y medioambiental.
Las organizaciones están abiertas al diálogo para encontrar una solución que beneficie a todos los eslabones de la cadena.
Insistimos en la importancia de revisar esta legislación, excluyendo las clasificaciones por países, ya que son incompatibles con las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y los convenios multilaterales sobre medio ambiente”.
